Once años después de la presentación de su primer EIA, el proyecto de Southern continúa en la incertidumbre.
Corría el mes de octubre del 2007, en el puerto de Ilo, el entonces presidente Alan García develaba la placa inaugural de la nueva fundición de cobre de Southern Copper, una inversión de US$550 millones que ponía un alto a la emisión de gases sulfurosos de la chimenea allí.
A su lado, el presidente de la mexicana, Oscar González Rocha, capitalizaba la oportunidad para presentar en sociedad un nuevo proyecto de cobre, recientemente descubierto en una zona desértica entre tres y cinco kilómetros del valle del Tambo (Arequipa). Su nombre: Tía María.
“Me es grato aprovechar esta ocasión para comunicar que la semana pasada los directorios de Southern Copper y el Grupo México aprobaron una inversión de US$2.108 millones para el proyecto Tía María y las expansiones de Cuajone y Toquepala”, dijo el ejecutivo.
El anuncio iba en serio. Dos años después (2009), la minera tenía listo el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto. Sin embargo, la socialización del mismo encontró resistencia.
Una consulta vecinal desarrollada en setiembre de 2009 reveló que el 97% de la población circundante se oponía a la iniciativa minera. ¿A qué se debía esto?
El miedo a la posible afectación de los recursos hídricos y e 1 pasado contaminante de la fundición de Southern habían atemorizado a los habitantes de la provincia de Islay.
UNOPS ENTRA A TALLAR
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Energía y Minas de entonces, Pedro Sánchez, tomó la iniciativa de pedir a una misión de la Unops (organismo adscrito a la ONU) que se hallaba en Perú, que se encargue de revisar el EIA de Tía María.
Manuel Pulgar Vidal, ex ministro del Ambiente, recuerda que se trató de un hecho muy interesante, por cuanto la misión de Unops se encontraba en el país por otro motivo: desarrollar un mecanismo más eficiente de revisión de los EIA para mejorarlos y dotarlos de mayor credibilidad.
Pese a todo, el equipo de Unops puso manos a la obra y redactó un documento con 138 observaciones, que presentó al Minem el 16de marzo del 2011.
Ese fue el inicio de los problemas para Southern, pues el documento se filtró al email de uno de los más férreos opositores del proyecto: Pepe Julio Gutiérrez, entonces dirigente del Frente de Defensa del Valle del Tambo (hoy prófugo de la Justicia por tentativa de extorsión en agravio de Southern).
Lo que este vio fue abrumador. El informe de Unops revelaba graves falencias en el EIA de Tía María, en especial la falta de un estudio hidrogeológico y el inexplicable olvido de la planta desaladora, que Southern había prometido implementar.
Con esto en sus manos, los detractores del proyecto levantaron cabeza y el Gobierno se vio obligado a declarar inadmisible el EIA.
EL SEGUNDO EIA
Enfrentada a estos hechos, la minera mexicana se comprometió a subsanar las observaciones de Unops en otro EIA, que fue aprobado por el Minem el 2014, luego de “superar todos los problemas técnicos que tenía”, anota Guillermo Shinno.
Tal es, también, la opinión de Manuel Pulgar-Vidal, ministro del Ambiente en ese entonces. “El segundo EIA corresponde a un proyecto que no afecta el ecosistema y que no genera impactos para el agua y los cultivos del Valle del Tambo. Por tanto, la oposición que hay es fundamentalmente ideológica”, asegura.
Para entonces, empero, la posición de los opositores de Tía María se había vuelto más intransigente. Ejemplos de ello: el estallido social que ocasionó tres muertes en el 2015; y los paros indefinidos que paralizaron el sur del país en el 2019, luego de que el Minem concediera a Southern la licencia de construcción del proyecto.
Desde entonces hasta ahora, Tía María ha estado “quieto en medio del campo”, a la espera de que Southern obtenga la licencia social para desarrollarlo, o que el gobierno de Perú Libre decida su cancelación.
Fuente: El Comercio (Día 1)