Tía María: Dirigentes del valle de Tambo están en la clandestinidad

– No se entregarán a la justicia . El martes pasado, juez les varió prisión suspendida por efectiva. Apelarán decisión judicial que ordena reclusión. Mientras no se resuelva acción estarán ocultos.

Los dirigentes del valle de Tambo, opositores al proyecto Tía María,permanecerán en la clandestinidad. A cinco de ellos, el juez de Investigación Preparatoria de Mariano Melgar, Gino Valdivia, les revocó la prisión suspendida por efectiva. La razón, ninguno de ellos cumplió con pagar el íntegro de la reparación civil fijada en una sentencia de agosto de 2014 que se les impuso por obstrucción de vías.

El abogado Héctor Herrera anunció que sus patrocinados no se entregarán a la justicia. Herrera defiende a los dirigentes Milton Abramonte, Húber Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Ccolla. La misma posición adoptó el dirigente Jaime de la Cruz, quien vía telefónica calificó la medida judicial como una persecución política.

Todos ellos junto a Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, que ya purga prisión preventiva, y José Luis Chiapa Díaz, fueron sentenciados a 4 años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de 20 mil soles en agosto del 2014 (ver despiece).

El martes pasado esta medida fue revocada por el juez Valdivia a pedido de la fiscal provincial Iris Ticona. Esta advirtió que los sentenciados no pagaron la totalidad de la reparación civil. Desde el día de la lectura de la sentencia, depositaron abonos que no llegaban a los 10 mil soles. El monto fijado ascendía a 20 mil soles de manera solidaria.

Herrera anunció que apelarán la medida dictada por Valdivia. El argumento, no se puede dictar prisión por deudas.

En tanto, el dirigente Jaime de la Cruz calificó la sentencia de injusta y abusiva. Desde su perspectiva, esta confirma la persecución política del Estado contra los líderes del valle que defienden el medio ambiente. Con la decisión judicial, se busca intimidar a quienes pretendan encabezar protestas contra el proyecto Tía María.

El sentenciado indicó que los dirigentes realizan en forma paulatina el pago de la reparación civil de acuerdo a sus posibilidades, desde el día que recibieron la condena.

A su parecer, es indignante que en el país existan cientos de personas que deban dinero por este concepto. Pero que solo en su caso se haya puesto una fecha y orden de prisión por incumplir.

El dirigente señaló que su abogado apelará. Una vez que agote este mecanismo se allanará a lo que diga la ley.

FALTÓ BUENA DEFENSA

Por otro lado, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo (PJVT), Jesús Cornejo, se mostró consternado por la situación de sus compañeros.

Dijo que la decisión del juez se deba probablemente a que no tuvieron una buena defensa. Agregó que a una persona no se le puede encerrar por incumplir una deuda.

Cornejo y De la Cruz son investigados en otro proceso al igual que el detenido Pepe Julio Gutiérrez. Se les implicó en el presunto pedido de un millón y medio de dólares a la minera Southern Perú a cambio de detener el paro contra el proyecto Tía María en abril de 2015.

Cornejo afronta este caso en comparecencia, por lo que debe acudir cada mes a firmar un cuaderno en la Corte de Justicia de Arequipa.

Jesús Cornejo señaló que la población no dejará solos a los dirigentes. Para ello se realiza una colecta voluntaria en el valle a fin de reunir el dinero y cumplir con la reparación civil.

Sanción penal por bloquear vías va de 4 a 6 años, según Código Penal

A los dirigentes de Islay se les encontró culpables de cometer el delito de Entorpecimiento del Funcionamiento de servicios públicos. En este caso, bloquearon vías durante el paro contra el proyecto minero Tía María (de la empresa Southern) en abril de 2010.

Según el artículo 283 del Código Penal, quienes entorpezcan el mal funcionamiento de los servicios de transportes serán condenados con penas de 4 a 6 años de prisión.

En este caso, se dictó la prisión suspendida y el pago de 20 mil soles por reparación civil.

El martes pasado depositaron una cantidad insuficiente de 4 mil 500 soles. Ese mismo día se les revocó la pena suspendida.

La República.

Miguel Ampudia

Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.

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