Luis Rivera, gerente de Glencore en Perú

En octubre, 105 empresas estuvieron inmersas en controversias, cuatros más que el mes anterior, según el informe de la Defensoría del Pueblo.

El país enfrentó 220 conflictos sociales en octubre. Del total, siete controversias son nuevas. Sin embargo, en ellas aparecen tres proyectos mineros que reingresan a un estado de conflicto.

En Arequipa surgió, nuevamente, un problema con el proyecto Tía María, de la compañía Southern Perú. Esta empresa se encuentra elaborando el estudio de impacto ambiental y se planea que las operaciones se inicien a partir del 2015. Frente a ello los pobladores de la provincia de Islay se oponen.

Otro conflicto aparece en Cusco con el proyecto minero Las Bambas. El problema vincula a la empresa Glencore Xstrata, y además, al proyecto Tintaya-Antapaccay. En este caso, la comunidad de Urinsaya en la provincia de Espinar rechaza la construcción de una carretera y la instalación de un minero-ducto entre Las Bambas y Tintaya-Antapaccay.

La Bambas entra en etapa de explotación el próximo año.

Más problemas

Del informe de la Defensoría también se desprende que el 49% de total de los conflictos involucra a empresas del sector minero, hidrocarburo, energético y agroindustrial. Es decir, hay 105 compañías inmersas en 107 controversias.
Además, quince empresas están involucradas en al menos dos problemas.

La minera Antamina es la que encabeza la lista, enfrentando siete conflictos en Áncash.

Le sigue Southern Perú Copper Corporation con cinco en Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. Mientras que la minera Anabi registra cuatro problemas en Apurímac y Cusco. A estas empresas se suman otras trece.

En cinco departamentos se concentra el 52% de los conflictos que involucran a empresas. Áncash (16), Apurímac (14), Cajamarca (10), Ayacucho (9) y Pasco (6). Mientras que Amazonas, Huánuco, Moquegua y Loreto solo registran un conflicto.

OTROSÍ DIGO

Cero conflictos. El reporte de la Defensoría también indica que los departamentos de Huancavelica, Madre de Dios, San Martín y Ucayali no registran ningún conflicto social que vincule a empresas.

Fuente: Gestión