El Colegio de Abogados de Loreto presentó el 30 d0 de junio una demanda de inconstitucionalidad contra la quinta prórroga del Reinfo, y el Tribunal Constitucional la admitió a trámite el 7 de agosto. La resolución, notificada el 11 de septiembre al Congreso y al Ejecutivo, abre un proceso que podría redefinir el futuro de la minería artesanal en el país. El expediente 00009-2026-PI/TC cuestiona el artículo único de la Ley 32537, que extendió el proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, y el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, que modificó los artículos 307-A y 307-F del Código Penal.

El argumento central del gremio loretano es directo: una herramienta concebida como transitoria se convirtió en un mecanismo de permanencia para actividades mineras sin autorización. Según la demanda, permanecer en el registro otorga una suerte de inmunidad administrativa, civil y penal que permite evadir responsabilidades incluso cuando se extrae mineral sin permisos. La norma nació hace más de 24 años y su objetivo original no se cumplió. Los abogados sostienen que el Reinfo vulnera derechos como vivir en un ambiente equilibrado, la salud, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia ambiental.

En el río Nanay, del que se abastece de agua la ciudad de Iquitos, la minería ilegal de oro se duplicó entre 2025 y 2026. Un reporte del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina documentó más de 700 detecciones de dragas en ese período, casi la mitad de todos los registros acumulados en nueve años de monitoreo. La actividad ya alcanza 13 ríos amazónicos y la pérdida de bosques ribereños asociada a las dragas se convirtió en un fenómeno nuevo que agrava el panorama. En junio, un operativo conjunto destruyó 20 dragas artesanales en el Nanay y se incautó una embarcación con combustible que abastecía campamentos mineros en el Alto Tigre.

La demanda del Colegio de Abogados de Loreto no es la primera. En abril de 2025, el propio TC declaró improcedente una acción similar por sustracción de la materia, aunque tres magistrados votaron por declararla fundada. El Colegio sostiene que la nueva regulación mantiene los efectos lesivos advertidos entonces. La admisión a trámite no significa que el Reinfo haya sido declarado inconstitucional. Solo abre el proceso para que el Congreso y el Ejecutivo respondan en un plazo de 30 días útiles.

El contexto político añade presión. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, dejó abierta la posibilidad de una sexta prórroga, limitada a unos 30,000 mineros con avances reales en sus trámites, y prometió enviar al Congreso la propuesta de la Ley MAPE en noviembre. Varios parlamentarios rechazaron esa salida y exigieron una reforma integral. Mientras el Tribunal delibera, los inscritos en el Reinfo siguen operando bajo las reglas actuales. El río Nanay, mientras tanto, sigue esperando.