La investigación de la UIF indica que de los 121 millones de dólares detectados por los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el 78 por ciento del dinero está relacionado con autoridades de los gobiernos locales (36 casos); el 15 por ciento a autoridades del gobierno central (siete casos); y el 7 por ciento a autoridades de los gobiernos regionales (cinco casos).
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) involucran a 36 autoridades de los gobiernos locales, 7 del gobierno central y 5 de los gobiernos regionales. Los mayores movimientos de dinero de dudoso origen se registraron en 2009 (US$ 23.8 millones) y en 2012 (US$ 56.6 millones).
La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado indicios de una preocupante infiltración de dinero de origen sospechoso en la política nacional.
De acuerdo con el organismo que recibe reportes del sistema bancario y financiero sobre operaciones dudosas, entre 2007 y 2015 fueron detectados 46 movimientos de fondos por 121 millones 430 mil 165 dólares, vinculados con cuentas de autoridades políticas.
Desde otra perspectiva, entre 2007 y 2011 (gobierno de Alan García) la UIF identificó 21 casos de operaciones sospechosas por 45 millones 082 mil 265 dólares, y entre 2012 y lo que va del 2015 (gobierno de Ollanta Humala), son 25 movimientos sospechosos por 76 millones 347 mil 900 dólares.
Es importante aclarar que los hallazgos de la UIF en esos años no implican a los gobiernos hasta que las investigaciones del Ministerio Público demuestren lo contrario.
Las cifras más altas se registraron en 2009: 23.8 millones de dólares, en el gobierno de Alan García; y en 2012: 56.6 millones de dólares, durante el mandato de Ollanta Humala.
Números calientes
Los datos de la UIF no mencionan las identidades de los involucrados –por la reserva legal de las investigaciones–, sin embargo, menciona que 42 casos se encuentran bajo proceso en el Ministerio Público y cuatro casos en el ámbito de la Contraloría General de la República.
La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), incluye en el informe al que tuvo acceso La República que de los 46 casos de operaciones sospechosas identificadas entre 2007 y lo que va del 2015, un total de 21 casos corresponden a autoridades que laboran en Lima (46 por ciento), 6 casos a funcionarios de Áncash (13 por ciento) 4 a Loreto (9 por ciento) y el resto se distribuye en las regiones de Tumbes, Ayacucho, Ica, Huánuco, entre otras.
Si bien el informe de UIF por razones legales no puede identificar a los involucrados, sí consigna el tipo de delito al que están relacionados los funcionarios públicos investigados por operaciones sospechosas. Entre otros, están comprendidos los presuntos delitos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción de funcionarios, entre los más destacados.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que los fiscales indagan los casos de más de 40 autoridades políticas que según la UIF cuentan con Registros de Operaciones Sospechosas (ROS).
Estos investigados son, entre otros, los gobernadores de Amazonas, Wilson Horna Corrales; de Ucayali, Manuel Gambini Rupay; de Loreto, Fernando Meléndez Castro; y de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez; y el ex gobernador de Huánuco Luis Picón Quedo.
Todos hicieron movilizaciones de importantes cantidades de dinero de origen dudoso.
Los procesos contra estos ex funcionarios son un indicativo de los niveles de infiltración que ha alcanzado el dinero de dudoso origen.
La Unidad de Investigación Financiera reportó movimientos bancarios sospechosos en las cuentas del ex presidente de gobierno regional de Huánuco Luis Picón Quedo por más de 4 millones de soles. Picón es investigado por presunto lavado de activos procedente del narcotráfico.
En un inicio, el caso de Picón fue archivado, el 15 de agosto del 2013, por el fiscal Fernando Collazos Reyes, pero una queja interpuesta por la procuradora antidrogas Sonia Medina originó que la fiscal superior Gladys Begazo Álvarez dispusiera que se realice un peritaje contable a todas las empresas del ex gobernador de Huánuco.
Las autoridades han detectado un desbalance patrimonial de 180 millones de soles.Sin embargo, Luis Picón sostiene que la fortuna proviene de las inversiones y de su esfuerzo profesional en la medicina.
Otro caso es del gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales. Según la Fiscalía de Lavado de Activos, tendría un desbalance patrimonial por 5 millones de soles. Sus movimientos bancarios fueron reportados por la UIF.
Respecto al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, es investigado por la Fiscalía de Lavado de activos porque no ha podido justificar el origen de su fortuna y la creación de un treintena de empresas dedicadas a las casas de apuestas y negocios tragamonedas.
Actualmente afronta un proceso por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido de su cargo, por lo que fue sentenciado a 5 años de prisión.
En el caso de Manuel Gambini Rupay, tampoco ha acreditado signos exteriores de riqueza, como la adquisición de varios inmuebles valorizados en 200 mil dólares, cuando se desempeñaba como alcalde de Pucallpa. Y cuando ejerció como presidente del Club Deportivo Defensor San Alejandro, movilizó más de 3 millones y medio de soles.
Por todas partes
La visión a escala nacional es también preocupante, y explica lo que sucede con las autoridades políticas.
Entre 2007 y enero del 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera ha procesado 24 mil 531 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Sin embargo, no ha conseguido identificar el delito precedente (el origen de los fondos) en 12 mil 786 casos (48 por ciento).
Respecto a los ROS en los que sí se ha identificado precedente, destacan los 2 mil 529 casos por presunto narcotráfico.
Le sigue en importancia la defraudación tributaria: 1,072 casos. Después, corrupción de funcionarios.
Las cifras indican sin lugar a dudas que el narcotráfico es el principal delito que penetra en el sistema financiero nacional, lo que se explicaría porque el Perú es uno de los principales productores de cocaína en el mundo.
Ahora bien, de la totalidad de las 712 presuntas operaciones de lavado de activos detectadas en el mismo periodo del 2007 al 2015, los implicados fraguaron las siguientes modalidades: mediante inversiones con fondos ilícitos (137 casos), uso de compañías de fachada (102 casos), transferencias fraccionadas de dinero (73 casos), por operaciones ficticias de exportación o de importación (58 casos), utilización de testaferros o documentos falsos (29 casos), transporte de dinero no justificado (28 casos) y de trasiego de fondos de la minería ilegal (23 casos), entre otros.
Estas cifras deberían alertar a las autoridades y promover mejores mecanismos para combatir la circulación del «dinero negro». Pero el 7 de mayo del 2013 la Comisión de Constitución del Congreso desestimó otorgarle a la UIF facultades para tener acceso al secreto bancario y tributario a fin de combatir más eficazmente el lavado de activos. Increíble.
Arma eficaz contra el lavado
La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo expresó su preocupación por las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que reportan importantes sumas de dinero vinculadas por delitos como tráfico de drogas, entre otros.
«Las cifras alarmantes de la UIF nos dan una idea del grado de infiltración de capitales de origen dudoso, y que eventualmente deriven a partidos políticos, candidatos o miembros de la política», dijo Sonia Medina.
El congresista Yehude Simon Munaro, miembro de la comisión investigadora de la Narcopolítica, consideró de mucha importancia otorgar a la UIF prerrogativa para tener acceso a información bancaria y tributaria con la finalidad de detectar fondos de origen ilícito.
«Sería un paso gigantesco que la UIF tenga acceso al secreto bancario y tributario, porque de esa manera se podría evitar que gente que está bajo sospecha, o gente que tenga manejos turbios, sigan metidos en la política. No son dos las personas que están vinculadas con la industria del crimen organizado o con el narcotráfico. Hay mucha gente que ocupan cargos muy altos», dijo.
En cifras
137 inversiones con fondos ilegales detectó la UIF.
102 casos de utilización de empresas de fachada.
73 casos de transferencias fragmentadas se detectaron.
58 casos de transferencias ficticias de exportación e importación.
Fuente: La República
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
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