Felipe Cantuarias

El anuncio de liquidación de la empresa Pluspetrol Norte, precipitada, según han explicado sus representantes, porque la OEFA ha rechazado por tercera vez el Plan de Abandono, adjudicándole a la empresa pasivos ambientales dejados por operadores anteriores, revela una vez más la situación de orfandad que en todos los aspectos aquejan hoy a la industria peruana de petróleo y amenazan con llevarla a la extinción.

El Perú tiene miles de millones de barriles de reservas y recursos de hidrocarburos, siendo esta industria la principal fuente de riqueza de la Amazonía y su principal aliado en el desarrollo. De ahí la importancia de establecer reglas claras de juego y dar seguridad jurídica a los interesados en invertir en esta industria, más aún en un momento como este en el que las operaciones de 10 lotes están por vencerse y van a salir a licitación próximamente.

Recordemos que de todas las fuentes de energía el petróleo y los constituyen casi la mitad de la generación que consume el país y su uso es tangible, no solo en el transporte, también en la industria, el comercio y los hogares. Por tanto, desarrollar esta industria es necesario para poner en valor recursos que tenemos subexplotados y para afianzar nuestra independencia energética y abastecer nuestra demanda local. Ya hemos vividos épocas donde con un precio de barril a más de US$100 la economía se vio seriamente afectada. La producción local de hidrocarburos nos permite minimizar esos riesgos y garantizar la energía que necesita el país para seguir creciendo.

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La industria en la selva norte no puede monetizar actualmente porque los campos en producción y las instalaciones para su transporte han sido paralizadas de manera permanente y constante por las comunidades, que han encontrado en estas acciones una forma de llamar la atención de las autoridades para que atiendan sus legítimos en salud, educación, y muchas otras. Todas muy justas.

A estas paralizaciones se suma el corsé regulatorio que ha impedido implementar medidas que mantengan a flote las operaciones en la selva y la costa peruana en tiempos de crisis, como la emergencia sanitaria del COVID-19, que afectó de manera importante a la industria en todo el mundo, pero aún más aquí porque a diferencia de otros países no hubo ninguna acción del Estado para impedir el cierre de los campos. A causa de esa inacción, según estimaciones de Perú-Petro, se han perdido unos 10 mil puestos de trabajo directos e indirectos y millones de soles en canon e impuestos.

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Es una amarga realidad y una injusticia ser un país con recursos petroleros que se ha convertido en un importador neto de crudo y sus derivados, poniendo en riesgo su seguridad energética y la seguridad nacional. De cada 100 barriles que necesitamos, 72 se traen de afuera. Todo el transporte por tierra, mar y aire en el Perú depende de las importaciones.

Pero a pesar de las limitaciones que le han impedido crecer, los hidrocarburos del Perú son una fuente estratégica de ingresos públicos a través del canon y sobrecanon, financiado, en algunos casos, hasta del 70% de los presupuestos de gobiernos locales. Es también una fuente de empleo: por cada puesto de trabajo directo que genera la industria se generan al menos diez empleos indirectos, es decir, tiene un efecto multiplicador positivo y necesario para las regiones productoras.

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El caso concreto del campo petrolero en Loreto, que deberá cerrarse indefinidamente por la liquidación de Pluspetrol Norte, no solo se trata de un asunto empresarial que concierne únicamente a los inversionistas de esa empresa, deja sin empleo a miles de trabajadores. Ya no producirá canon para esa región justo ahora que el precio de barril de petróleo se ha recuperado, deja sin recursos el fondo social que la empresa sostenía a favor de las comunidades y echa dudas enormes sobre si en el Perú las instituciones actúan con respeto a la ley y pensando en los intereses del país y sus ciudadanos. Al final todos hemos perdido.

Fuente: El Comercio