ProActivo | El presidente de la SNMPE en conversatorio sobre la minería en Perú instó a la unión para la lucha contra la ilegalidad.
Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), manifestó que en la actualidad el desafío urgente que tiene Perú, es detener la creciente existencia de la minería informal e ilegal.
Problema de la minería informal en Perú
“El Perú cuenta con un número importante de recursos naturales y tiene Tratados de Libre Comercio con las principales economías del mundo. Nuestra deuda neta en relación a nuestra economía, es la más baja en la región con 34 %. Nuestro PBI es 220 billones, el 0.2 % de la economía mundial. Asimismo, contamos con un sistema institucional democrático, con balance de poderes; y las fuerzas armadas están subordinadas al gobierno civil. El gran desafío es cómo lograr que la industria minera ayude a cerrar las brechas que aún tiene Perú en servicios públicos de calidad tanto en educación como en salud”, manifestó Gobitz en declaraciones recogidas por ProActivo en el marco del encuentro “Desafíos y oportunidades para la industria minera en Perú 2024”, organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.
Gobitz explicó que la minería informal crece por una combinación penosa y perversa debido al contexto global post pandemia y recesión y que ha llevado a que algunos países inyecten liquidez y esos fondos se han refugiado en el oro, que en prepandemia estaba en 1300 dólares la onza y en la actualidad supera los 2100 dólares la onza.
Al continuar revelando las causas del crecimiento de la minería informal e ilegal en Perú dijo: “Un segundo factor, es el proceso de regionalización que inició hace 20 años y se decide darles a los gobiernos regionales las competencias para aprobar permisos de todo lo que eran pequeña minería y minería artesanal. Eso fue un resquicio que ha permitido que obviamente tengan otros estándares. Como parte de la solución a este tema estamos insistiendo en lograr la trazabilidad”.
Rol de la SUCAMEC
Añadió que esa cadena productiva requiere explosivos por lo que aludió a los privados que venden explosivos; y al Estado, mediante SUCAMEC que aprueba su uso y el de los almacenes. “Ese es un primer punto de control”, apuntó.
En esa secuencia, mencionó que el oro requiere tratamiento, concentración y refinado. “Para eso hay plantas que han crecido bajo este rubro de pequeña minería y minería artesanal a lo largo de Chala y otras zonas costeras”, informó.
Gobitz manifestó que ese espacio gris, impide la intervención del OEFA y Senace, quedando la supervisión en manos de los gobiernos regionales, a los que les falta madurez.
“No hay un control estricto en el uso de explosivos, un elemento clave en cómo procesan estos materiales y se creó un mecanismo denominado REINFO que tiene más de una década y lo temporal se ha vuelto permanente. Bajo ese esquema se exporta oro por aduanas, por más de un millón de onzas”, dijo.
Adicionalmente otro problema surge: el contrabando. El oro sale por la frontera, básicamente de Bolivia y Ecuador; que sumaría otro millón de onzas. “Así, tenemos unos dos millones de onzas anuales de producción de oro informal e ilegal y que obviamente en algunos sectores lamentablemente ha devenido en la criminalidad”, avisó.
“Sin trazabilidad no vamos a poder encontrar una solución completa, ni poder diferenciar los eventualmente formalizables, que aquellos que no lo son”, puntualizó.
En ese contexto dijo que la solución no es sencilla, al recordar que el reciente 13 de marzo el Congreso de la República derogó una norma contra la minería ilegal. “Como gremios empresariales y profesionales tratamos de dar la batalla porque el REINFO, al 31 de diciembre en teoría, deja de existir”, declaró.
En positivo
Gobitz adelantó que empieza ahora un debate profundo de cómo lograr la formalización. “Es una oportunidad sin duda, si uno mira esa dimensión económica de más de 4,000 millones de dólares y esa actividad está por debajo de los estándares, por lo que la productividad es mala. “Si uno mira en positivo, a nivel de personas podríamos formalizar, económicamente hablando, a 400 mil personas. Es positivo”, añadió.
A ese escenario le sumó que, vía la formalización, pueden mejorar las técnicas y la forma de trabajo lo que generará una oportunidad en la cadena de valor y quedan por delante las 400 mil personas que viven de esta actividad.
“Es difícil proscribir, hay que formalizar y lograr la trazabilidad. El Estado está operando con sub estándares; y si logramos formalizar podríamos crear un círculo virtuoso de todo lo que hoy es un círculo vicioso porque quienes están financiando son criminales”, alertó.
El presidente de la SNMPE recordó que el Estado es dueño del subsuelo y afronta un problema social muy grande. “Si no lo logramos solucionarlo, está en juego el Estado de derecho. Ya vemos lo que ocurre en Haití y Ecuador. Hay que lograr crear conciencia sobre el tema. No está solo el Estado”, expresó.
Finalmente, invocó a formalizar y tener trazabilidad. “Así podríamos crear un círculo virtuoso de lo que al día de hoy es un círculo vicioso por quienes están financiando”, dijo.