La noticia que los empresarios estarían dispuestos a continuar con el aporte voluntario, quedó empañada con el accidente de minera Caudalosa. El viceministro de Minas Fernando Gala en entrevista con ProActivo marcó los roles de su despacho frente a los de la autoridad en fiscalización.

Hay empresas que estarían retiradas como Doe Run Perú y Atacocha.
En la medida que no tengan utilidades, no hay nada que repartir. Si Doe Run estuvo parada no hay utilidades y supongo tuvo pérdidas en el último ejercicio porque la operación de Cobriza no cubre sus pérdidas, entonces no hay una obligación con el Aporte Voluntario. Igual puede ocurrir con Atacocha.
Pero si las comparamos con proyectos por realizarse como Toromocho, Antapaccay, Las Bambas, Quellaveco o Conga, éstos darán cobertura amplia a la disminución de una o dos empresas.
El accidente de Caudalosa Chica ocasionó duras críticas al ministerio de Energía y Minas sobre el tema ambiental ¿qué rol cumple su despacho?
Hay que identificar las funciones de cada institución. El ministerio tiene en este tema tres aspectos: Aprobar los instrumentos de gestión ambiental, llámese Estudio de Impacto Ambiental (EIA), PAMA o Plan de Cierre de Minas.
Un segundo aspecto es autorizar el funcionamiento de las plantas de beneficio incluyendo sus componentes como la cancha de relaves. Por último, autoriza el inicio de operaciones.
Recordemos que desde enero del 2007, perdió la facultad de fiscalizar y controla la empresa antes que arranque a operar los permisos. Una vez iniciada la operación, el ente competente es Osinergmin y en las próximas semanas será la OEFA en términos de medio ambiente y Osinergmin en términos de seguridad.
Así, ahora la fiscalización corresponde a Osinergmin que investiga para determinar las causas del accidente y las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio que pueda haber otro tipo de denuncias penales y civiles que lo puede hacer cualquier otra persona o institución que se sienta afectada.

Osinergmin reveló que hubo problemas con la cancha de relaves. ¿Quién aprobó su construcción?
Veamos las cosas claras. No olvidemos que en el año 90 salió el Código del Ambiente y el Reglamento en el año 92, en el que se estableció que las empresas que venían operando debían presentar un PAMA y las empresas nuevas un EIA. Caudalosa opera desde el año 1942 y por lo tanto le correspondía presentar un PAMA.
Cuando Caudalosa presentó su PAMA, el ministerio autorizó 324 toneladas métricas por día de mineral. Tengo entendido que esta empresa -según Osinergmin- pasó más mineral del autorizado y esto habrá que verlo en el informe, si ha sido uno de los motivos del accidente.
Es más, a diciembre del 2009 el ministerio denegó una ampliación de capacidad de esta empresa que pedía que se aumente de 324 a 800 toneladas métricas por día, porque consideró que no estaba sustentado técnicamente esa ampliación y además no había el EIA respectivo. Corresponde a Osinergmin verificar si la planta trabajaba más allá de la capacidad autorizada.

Si Osinergmin no puede hacer buen control técnico en estos temas ¿cuál será la situación con la OEFA?
Lo hemos dicho en el Congreso y es que hay que mejorar la fiscalización en el sistema minero, independientemente de quién sea. Tenemos que trabajar conjuntamente con estos organismos en buscar un mecanismo permanente.
Actualmente la fiscalización es en promedio cada 6 meses en que se chequea  cómo está la empresa, pero en este tiempo pueden pasar muchas cosas ¿Cómo hacer para que sea más seguida y permanente? Esto requiere que los organismo fiscalizadores sean fortalecidos. No se puede fiscalizar en forma permanente si no se tiene recursos humanos, de infraestructura y económicos.
El sector no tiene una partida de las empresas mineras para poder fiscalizar. No hay esa forma. Entonces hay dos soluciones: o se aumenta el presupuesto significativamente de los órganos fiscalizadores para mejorar la fiscalización, lo cual demanda abundante economía; o se busca un mecanismo para que las propias empresas mineras aporten un pequeño arancel para poder fiscalizarlas, como sucede en otros sectores.

Osinergmin cuenta con recursos
Lo que manifestó el señor Dammert (presidente de Osinergmin) en el Congreso es que esos fondos provienen de los subsectores hidrocarburos y energía; y que ellos usan los recursos de otros sectores para fiscalizar minería.

¿A dónde van las multas por accidentes en seguridad minera?
Es otro tema por revisar. Uno es el sistema de fiscalización que hay que mejorarlo, y otro es el sistema de las multas. Que hagan sentir al usuario que la multa costará más que hacer una obra no autorizada. Estoy seguro que en los próximos meses o semanas el organismo supervisor OEFA elevará los montos.

¿Y el destino de estos fondos?
Se indicará que las multas sean, o bien para remediación de daños o usarlas íntegramente en la misma fiscalización. Debería buscarse esos dos mecanismos

Cómo sigue el proyecto Tía María
Tuvimos una reunión preliminar. Asistieron la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente y Energía y Minas, a nivel de viceministros para conversar con el presidente regional de Arequipa y con la autoridades de Cocachacra para que definan a sus representantes para la Mesa Técnica.
En tanto no se forme dicha Mesa, no sabemos los argumento técnicos que la sociedad civil arguye, por el cual no sería viable el proyecto. Esperamos que se pueda instalar el 14, fecha en que quedaron tendrían designados a sus 5 representantes.
A este compromiso asistimos la viceministra de Gestión Ambiental, el jefe de conflictos de la PCM y conversamos con el presidente regional de Arequipa y el alcalde de Cocachacra para saber porqué no se conformaba esta Mesa Técnica.
Argumentaron que la resolución ministerial de PCM no recogía lo acordado en la visita del premier. Decidimos proponer a la PCM modificaciones que son de forma, pero la lectura era muy sensible para la población de Cocachacra.
Dijeron que aún no tenían la aceptación de la población y que los acuerdos los llevarían a Cocachacra, y que una vez informada la población expresarían su posición de seguir adelante.

¿Sabe de la intención de mineros artesanales por entrar a la zona?
Tenemos que ser coherentes. Si es cierto, esperamos que la sociedad civil de Cocachacra ayude a que no haya actividad. No puede decir ‘no quiero con la empresa, pero si con la minería informal’. No sería coherente con el tema de cuidado de contaminación y seguridad de aguas. Esperamos tener la colaboración de la civil de Cocachacra de que en tanto y en cuanto se esté en la Mesa Técnica, no haya ninguna actividad minera en la zona.

Usted planteó a los empresarios ampliar 5 años el Aporte Voluntario.
El último año para repartirse es el 2011 y lo vemos como una forma de tener recursos adicionales para más proyectos de salud y bienestar, por lo que nos parece importante que un instrumento creado y aceptado pueda seguir para tener recursos en los próximos 5 años.
Además, téngase en cuenta que originalmente en el 2006, se estimó 500 millones de soles al año. Se habló de 2.500 en 5 años, pero no se llegó a esa cifra y estamos en un promedio de algo más de 400 (millones de soles) al año, porque variaron los precios.
La mayor queja fue en la ejecución y en el monto comprometido en proyectos porque demoraron mucho en identificarlos, comprometerlos y en su desembolso.
Es un tema de aprendizaje, recuerdo que al inicio el porcentaje de ejecución efectivo era del 30%, ahora supera el 50% y el monto comprometido en 80%.
Estoy seguro que con la renovación del aporte, los porcentajes de ejecución y montos comprometidos serán más altos, inclusive que los actuales, lo cual asegura la continuidad de los programas sociales. Además, hay proyectos que entrarán a partir del  2012 – 2013.La noticia que los empresarios estarían dispuestos a continuar con el aporte voluntario, quedó empañada con el accidente de minera Caudalosa. El viceministro de Minas Fernando Gala en entrevista con ProActivo marcó los roles de su despacho frente a los de la autoridad en fiscalización.

En Toronto, uno de los centros financieros más importantes del mundo, se congregaron las naciones mineras del orbe, fueron más de 20.000 asistentes a la tradicional Convención Anual de Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2010, para conocer cuáles son las ofertas en exploraciones. Perú llevó una sólida delegación de empresarios y financieros, respaldada por sus ministros de Energía y Minas, y Comercio Exterior, así como por el presidente del Banco Central de Reserva del Perú y otros funcionarios. Aquí la entrevista de ProActivo con el ministro, Pedro Sánchez Gamarra, en la noche del cóctel de recepción ofrecido por Perú, en el piso 63 del Scotia Plaza.

 

 

 Luego de su presentación en el PDAC, ¿Qué posibilidades tiene Perú para captar mayores inversiones en exploraciones mineras?

Creo que el PDAC no solo es para medirlo en el cortísimo plazo sino para construir a futuro. La presentación que hicimos el año pasado generó mucha expectativa y la de este año superó en convocatoria y aspectos más concretos. En esa medida, lo que debe lograrse es que los inversionistas canadienses sigan apostando más por Perú en proyectos mucho más concretos en los próximos años.

 

¿Cuáles son esos aspectos?

Sostuvimos reuniones individuales con algunos inversionistas quienes nos manifestaron su interés por seguir adelante con sus proyectos.

Nos reunimos con Río Tinto por ejemplo, una de las empresas más destacadas y nos indicaron que trabajan en la misma línea y continuarán con su proyecto (La Granja), el que será muy importante para el país.

Quieren desarrollar el proyecto La Granja y aledaños de manera más agresiva.

 

¿Se reunió con empresarios chinos?

No acá, pero recibimos a muchos inversionistas de manera sostenida.

 

¿Cómo va el proyecto Toromocho?

Dentro de su plan, avanza muy bien.

 

¿El proyecto Tía María?

Acabamos de fijar la fecha para la audiencia, para el 19 de abril, lo cual ha sido un trabajo que permitió un mayor nivel de comunicación con autoridades regionales y locales y esperamos que marche por esa misma senda.

 

¿Cómo continúa la integración con los gobiernos regionales y locales?

Trabajamos en varios gobiernos regionales en esa línea y podemos decir por ejemplo que en Cajamarca tenemos resultados satisfactorios, en el caso específico de Hualgayoc, Bambamarca, donde empezamos a hacer cosas concretas.

Como resultado de esas reuniones de trabajo en las que comprometimos la realización de resolver 119 pasivos ambientales, estamos convocando a la ejecución de los estudios correspondientes que nos permitan constatar la obra y ejecutar esa remediación, cosa que no se había hecho en mucho años y era una demanda de la gente.

 

¿Tiene un cronograma para esta remediación?

Estamos en el proceso de contratar los estudios, inmediatamente que se realicen, vamos a fijar su ejecución, lo cual significa lo que tome hacer la remediación. Vamos a licitar en paquete por la ejecución de todos esos proyectos.

 

¿Empezará en Cajamarca?

Correcto. La idea es que en Cajamarca muchas comunidades se quejan de la contaminación y por mucho tiempo simplemente hablamos del tema y creo que este es un cambio de actitud en que queremos pasar a ejecutar cosas, tenemos los recursos y los medios para hacerlo y lo estamos haciendo. Creo que es una forma de ganar confianza de la gente.

 

¿Cuál es el monto de inversión?

Tenemos 10 millones de soles para eso.

 

¿Cuáles son los metales más atractivos?

Los precios del oro y del cobre se han mantenido en valores muy buenos por el crecimiento de China y la recuperación de Estados Unidos, creo que los demás metales serán muy bien cotizados.

 

Sobre energía. ¿Tenemos suficientes hidroeléctricas en el país?

En la actualidad, hay como 500 megavatios bajo construcción, generados básicamente por mecanismos que implementamos el año pasado.

Contamos con 3 concesiones que confirmaron la inversión con carta fianza de 35 millones de dólares, algunas ya están más avanzadas que las otras y ya empezaron a hacer trabajos; por ejemplo, es el caso de la Empresa de Generación Huanza del grupo Buenaventura.

En licitación adjudicamos una capacidad de 170 megavatios. Adicionalmente, acabamos de asignar contratos para hidroeléctricas pequeñas que son 160 megavatios, así que en energía hidroeléctricas estamos bien cubiertos.

Lo otro es que en esta semana (quincena de marzo) se deben presentar las ofertas para las subastas de las distribuidoras, en la que esperamos que en los próximos días podamos verificar que entre las propuestas que se presenten tienen que haber hidroeléctricas.

 

Respecto a la certificación de las reservas del gas de Camisea, ¿se cumplirá con la fecha prevista?

Todavía están en el trabajo, recién han empezado y debemos tener resultados para mayo como hemos anunciado. Debe cumplirse.

 

Las pepas en Toronto    Facilidades para el inversor El viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, lució el marco jurídico de Perú para promover la actividad minera. Cuenta “con procedimientos simples, transparentes y modernos”, dijo.  Ingemmet en vanguardia Durante su exposición, Gala Soldevilla presentó el moderno Sistema de Información Geológico y Catastro Minero del Perú, denominado “GEOCATMIN”.             Un dato confuso en Toronto, fue que se puede superponer al Catastro Minero la información geológica del territorio nacional y además la información de otros organismos estatales.           Río Blanco y Bayóvar El ministro Pedro Sánchez agrupó a los proyectos Bayóvar, Río Blanco y Quellaveco; dijo que están en la etapa de elaboración de sus estudios de factibilidad. Sobre los proyectos de exploración como La Granja, Magistral, Pucamarca, Shahuindo y La Arena, aseveró que forman parte del portafolio estimado de inversiones.           Crecimiento minero Sánchez Gamarra resaltó que la inversión en minería durante el 2009 alcanzó los US$ 2,760 millones, lo que significa 61.6% más que el año anterior.           Perú seductor El país se convirtió en el tercer destino mundial de la inversión minera en exploración, con un 7% del total de inversiones, después de Canadá y Australia.           ¿Sistema informático integrado?

 

En setiembre próximo se desarrollará la cumbre sobre los Objetivos del Milenio 2015, para lo cual el Secretario General de Naciones Unidades, Ban Ki-moon, hizo un clamoroso llamado a los líderes mundiales para que asistan a dicho encuentro.«No les debemos fallar a los billones que esperan que la comunidad internacional cumpla con la promesa de la Declaración del Milenio para un mundo mejor. Reunámonos en septiembre para cumplir la promesa».

Para la próxima Cumbre, Naciones Unidas tiene preparado un informe que consta de cuatro partes. La primera, examina la importancia de la Declaración del Milenio y cómo maneja las Naciones Unidas la agenda para el desarrollo; la segunda sección examina el progreso del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), presentando sus deficiencias y triunfos, y la identificación de los factores clave de éxito; la tercera parte resume las lecciones aprendidas para dar forma a nuevos esfuerzos y así acelerar el progreso; y finalmente se elabora una lista de recomendaciones específicas para la acción.

El informe pide un nuevo pacto hacia la aceleración del cumplimiento de los ODM en los próximos años, entre todas las partes interesadas comprometidas en favor del desarrollo equitativo y sostenible.

Este año serán evaluados los avances en el cumplimiento de la Declaración del Milenio suscrita por 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas en Asamblea General y respaldada por 147 Jefes de Estado.

Luego de una década de aquella decisión para la cooperación mundial en el siglo XXI, que determinó los ODM, se ha fijado una Cumbre en setiembre para conocer los avances de los compromisos pactados para el 2015.

En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha respaldado dichas iniciativas, incluidas las Cumbres sobre Desarrollo Sostenible en las que se trataron temas sobre educación, infancia, alimentos, población, tema de género y de desarrollo social.

El cumplimiento será analizado bajo un calendario de objetivos para abordar temas como la pobreza extrema, el hambre y la enfermedad; la promoción de la igualdad de género, la educación, salud, vivienda y la sostenibilidad del ambiente.

En el encuentro se evaluará cómo los gobiernos tuvieron que lidiar con imprevistos como la crisis alimentaria y económica que afectó a buena parte del planeta.

Cabe recordar que, como parte de los compromisos, se determinó la creación de una asociación mundial para el desarrollo, orientada a ejecutar compromisos en ayuda al desarrollo, el alivio de las deudas, el comercio y el acceso a las tecnologías.

En el encuentro se analizarán los éxitos, obstáculos y deficiencias para extraer lecciones sobre las acciones necesarias para alcanzar los Objetivos del Milenio.

 

Educación

Según el documento “Keeping the Promise” de Naciones Unidas, a la fecha ha aumentado el acceso universal a la educación, pero el objetivo sigue insatisfecho, pues el rápido incremento de matrículas no garantizaría la capacidad de las escuelas y de los maestros para impartir educación de calidad.

 

Medio Ambiente

Una de las dificultades para avanzar en el tema ambiental es la falta de integración de los componentes de la sostenibilidad.

El documento del organismo internacional precisa que esta debilidad se puede agravar en el plano nacional, si los países adoptan mecánicamente el conjunto global de objetivos e indicadores, sin vincularlos de manera clara y a la medida de las prioridades nacionales.

Agrega que es urgente adoptar de manera sostenible el cuidado del medio ambiente, el cual debe estar acorde con las prioridades y políticas nacionales, regionales y locales; así como a las particularidades de sus ecosistemas.

Asimismo demanda el conocimiento de la rápida transformación del entorno por el deterioro del desarrollo del ecosistema que incluye los desafíos planteados por el cambio climático; así como mayores inversiones para tal fin.

Añade que esta es la forma para maximizar el aporte de los recursos naturales a las zonas rurales. Los pobres necesitan los derechos sobre dichos recursos de manera segura, además de otras condiciones propicias para la reducción de la pobreza.

Adicionalmente, aclara que las medidas de protección de la biodiversidad deben respetar a los pueblos indígenas y los derechos tradicionales a los medios de subsistencia basados en los bosques.

 

Empleo verde

Los planes de acción de las naciones y las inversiones en eficiencia energética y en energías renovables, serán la clave del cambio para un crecimiento bajo en carbono, la creación de empleo verde y la reducción de la pobreza.

En ese sentido destaca la importancia de las asociaciones público-privadas, que representan contribuciones genuinas desde el sector privado.

 

El agua no es segura

Según la experiencia que recoge el informe, los principales problemas fueron el exceso de confianza basados en la oferta, el descuido de las necesidades del usuario y el énfasis en grandes proyectos, “a menudo debido a la negligencia del sector público o la renuncia de la responsabilidad”, basada en sus limitaciones.

Remarca que los cuatro principales usos de agua dulce son: la agricultura, los hogares, la industria y servicios para los ecosistemas que deben ser muy bien atendidos debido a la creciente escasez de agua, agravada por el cambio climático.

 

Las TI

Los avances en la tecnología constituyen una oportunidad para la reducción de la brecha tecnológica entre los países. Puede acelerar la creación de los proyectos innovadores y el desarrollo de soluciones de bajo costo. Dicha tecnología facilita la comunicación y el intercambio de información.

Como ejemplo detalla que el simple acceso a teléfonos móviles redujo las tasas de mortalidad mediante el suministro de información sobre la prevención y el tratamiento.

Subraya que esta tecnología permite mayor intercambio de información sobre la ubicación de pastos y agua.

Un crecimiento explosivo de la oferta universitaria en el país cautiva a legiones de jóvenes que persiguen ser destacados profesionales. Lamentablemente la cantidad no va de la mano con la calidad; solo la ciencia y tecnología, en coordinación con la industria y el Estado, podrán dar la competitividad necesaria. ProActivo entrevistó al Jefe de la Sección Minas de la Universidad Católica del Perú, Mario Cedrón, para conocer la realidad nacional y global en esta especialidad.

¿Cuál es la situación de la facultad de Minas en el país frente a las necesidades que hay en el mundo?
Perú es el país que más facultades de Ingeniería de Minas tiene en el mundo con 18 facultades de las 220 que existen en el mundo. En Lima hay 3, que están en la UNI, San Marcos y la Católica; y en provincias son 15. Dos son privadas -Católica y Alas Peruanas en Cajamarca- y 16 son estatales.
La mitad de facultades de Minas en el mundo están orientadas a minería de carbón y las demás a minería de roca dura, que es el caso de Perú.
De todas estas escuelas, se gradúan alrededor de 2.500 alumnos por año, 400 son peruanos y en Perú solo se requieren 40. Es decir, graduamos más de los que necesita el país.
Sin embargo, si hablamos a nivel global, el mundo necesita de unos 3.000 ingenieros de minas por año, de manera que hay una fuerte demanda, pero además del tema de la cantidad, está el de la calidad.
Indudablemente uno de los grandes problemas que afrontamos es preparar ingenieros de minas acorde a los requerimientos de la industria minera del siglo XXI y no en base a la tecnología de los años 70. Otros desafíos son dominar aspectos como la responsabilidad social, el relacionamiento comunitario y el medio ambiente.

 

¿Las universidades están a la altura de estos avances?
Existen dos instituciones que agrupan a las escuelas de Minas en el mundo. Una es la Asociación Iberoamericana de Enseñanza Superior de la Minería (AIESMIN), donde hay unas 20 ó 25 facultades de ingeniería de minas, de las 50 que existen en América Latina. En este universo, da gusto ver que escuelas de Minas, como las chilenas o las mexicanas, se adecuan a los requerimientos de la industria, pero hay un problema de calidad en muchas otras.
Por otro lado, está el Society of Mining Professors, que viene a ser el AIESMIN del hemisferio norte, es decir de las escuelas de minas canadienses, americanas o europeas. Allí vemos la enseñanza moderna de la ingeniería de minas, el uso de la realidad virtual, la robotización y la automatización.

 

¿La industria minera local exige esta nueva tecnología?
Para la gran minería es casi una obligación. Los grandes tajos abiertos se manejan con tecnología de punta, no necesariamente en la minería subterránea, salvo excepciones como Cerro Lindo, Minsur y algunas otras.
La mayor parte de la minería subterránea peruana sigue aferrada a tecnologías de los 70. Por ejemplo usan perforadoras manuales, la mecha y la dinamita, frente a tecnologías que son más modernas y más económicas, pero la riqueza de nuestros yacimientos permite que todavía sean rentables.
Sin embargo, en esta competencia en el sector minero basada en costos, es inevitable que más temprano que tarde toda la minería se adecue a lo moderno si quiere sobrevivir.
En Chile por ejemplo, los jumbos de preparación vienen con cabina a prueba de ruido y de polvo, está climatizada, usted sube y encuentra una pantalla de cómputo táctil que tiene el frente de trabajo y el túnel con todos los taladros en la posición que deben estar. Uno toca la pantalla y automáticamente el brazo del jumbo se mueve y se ubica en la posición correcta; de allí en adelante no hay que hacer nada, la máquina perfora, retrocede y se vuelve a ubicar en la posición para hacer el siguiente taladro.
También la mina El Teniente cuenta con los últimos cargadores frontales de bajo perfil que son teleoperados, es decir el operador -que controla dos o tres máquinas- está en la superficie y la máquina está mil metros bajo tierra.
En Australia se desarrollan, en calidad de prueba, equipos robotizados que ya no requieren la supervisión humana.
Esas son las tendencias del desarrollo de la minería, y en Perú tenemos que adecuarnos.

 

¿Pueden aplicarse equipos intermedios como los sensores en cascos?
Sí, pues pone énfasis no solo en la máquina, sino en la persona. La productividad de la máquina depende del operador.
Sin ir muy lejos, se trabajan unos lentes con chip en la mina Escondida en Chile, con un rayo láser inofensivo para la vista, que monitorea el parpadeo y cuando éste va más allá de cierto límite -signo de somnolencia o de cansancio- envía una señal para que ese operador sea cambiado a una tarea menos fatigante.
En Australia experimentan con un casco, que con sensores monitoriza señales eléctricas del cerebro para igualmente determinar el nivel de cansancio del operador.
Además, en las minas chilenas ya no se ve un camión cisterna que riega el camino para eliminar el polvo, sino aspersores enterrados de monitoreo, que cuando el nivel del polvo supera el límite permisible, surgen de la tierra y empiezan a irrigar el terreno.
Las palas tienen cámaras para monitorizar sus dientes; y se detienen automáticamente si se pierde uno en el manipuleo de la roca para encontrarlo y sacarlo, lo cual es más económico, porque ya no pararía la chancadora.

 

¿Esto se puede realizar en el país?
Por supuesto, es simplemente observar, pensar y tener creatividad. Es un cambio de cultura.
Hay empresas mineras que tienen sistemas de mejora continua, que incentivan al personal para que aporte ideas conducentes a la mejora de la productividad. El caso típico es Barrick con Pierina y en Lagunas Norte en términos de ideas para ser más eficientes. Es un tema de cultura organizacional.
Otras cosas que podrían hacerse están en términos de investigación y desarrollo a nivel minero. Para ello se requiere una alianza entre la industria y la academia. Lamentablemente no la vemos.

 

¿Cómo establecer esta alianza?
Es cuestión de conversar con empresas mineras interesadas y no pedir dinero a cambio de nada, sino de beneficios comunes.
Si se creara un instituto de investigación minera con apoyo de la industria, la academia puede hacer lo que se hace en otros países, como el famoso Cooperative Research Centres (CRC) en Australia, donde 14 empresas -6 proveedoras y 8 mineras- trabajan con el gobierno y con 4 de las facultades de ingeniería de minas de las universidades australianas, en proyectos de investigación y desarrollo con sumas de dinero que pasan los 40 millones de dólares al año.
Tenemos también el caso de la Universidad de Lulea, en Suecia, donde solo la empresa LKAB, dueña de la famosa mina Kiruna, le aporta 10 millones de dólares al año para investigación y desarrollo de su departamento de minas; y los proveedores aportan otros 10 millones de dólares que son canalizados al desarrollo de la minería.
No estamos en condiciones de aspirar a investigaciones de tan altísimo nivel, seguramente podemos hacer muchas cosas con menos ambición y menos recursos, pero siempre y cuando haya la voluntad de trabajarlo juntos.

 

¿Qué beneficios trajo el laboratorio QEMSCAN™ que Río Tinto instaló en la PUCP?
El laboratorio QEMSCAN™ de Río Tinto -que es una tecnología de microscopía electrónica de barrido de última generación para caracterización de minerales- fue el resultado de la visión del entonces gerente general de Río Tinto en Perú, Steven Botts, de buscar aliarse con nosotros de manera que su uso estuviese al alcance de la academia.
El recinto, que está abierto a otras universidades como San Marcos, acoge a 8 estudiantes, 6 son de Minas y 2 provienen de otros departamentos.
Ha sido inteligente que Río Tinto lo instale aquí. Tal vez significó mayor inversión, pero lo hizo en la universidad, poniendo parte del tiempo del laboratorio a disposición de nuestros alumnos para que puedan practicar y familiarizarse con esta tecnología de punta y con su cultura organizacional.
El laboratorio QEMSCAN™ es el segundo que existe en Perú; el primero está en la mina Cerro Verde. También lo tiene Chile y Brasil. Igualmente, la Colorado School of Mines y la Universidad de Exeter en Gran Bretaña cuentan con este equipo.
Solo hay 50 máquinas de éstas en el mundo, porque es de alto valor de inversión, pero cuando es bien aplicada, es de muy rápido retorno.

 

¿Su uso es complicado?
Es delicado porque las muestras hay que saber prepararlas. Hablamos de identificación a nivel de nanopartículas y sobre todo la interpretación de los resultados. Para ello sí se requiere tener ciertas habilidades por lo que estamos preparando a los que vendrán, gracias al convenio con Río Tinto.

 

¿Qué más se necesita para mantener un buen nivel académico?
Tenemos la ventaja de la cantidad, pero la desventaja de la calidad.
Los alumnos no dedican el tiempo suficiente a sus estudios, a pesar de ser jóvenes con gran potencial.
Por ejemplo, en México, el Instituto de Ingenieros de Minas de México y la Cámara de Minería han creado un fideicomiso de 1 millón de dólares anuales, para apoyar a los mejores estudiantes de Minas de las diversas escuelas, para que no necesiten trabajar y se puedan concentrar en los estudios.
Asimismo, hay apoyo económico para sus 30 profesores, quienes reciben una mensualidad para que se dediquen por completo a la enseñanza y actualización de sus conocimientos, y no tengan que estar “cachueleándose” fuera de la universidad, como ocurre en Perú.

 

 

La minería en Perú permitió que el país soporte la crisis financiera mundial con una producción de minerales que se espera supere al año anterior. El Viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, fue entrevistado por ProActivo para que dé a conocer detalles de la dinámica del mencionado sector extractivo.  

 

¿Cuál fue la producción en el 2009?
No ha disminuido respecto al 2008, pero los en los primeros meses del 2009 los precios de los minerales fueron muy bajos, lo cual haría que las exportaciones totales sean menores al año anterior.
Calculo que al término del año obtendremos unos 15.000 millones, un poco menor a los 18.000 millones del 2008. Los precios están en ascenso y no sabemos cómo llegaremos a fin de año.
 

¿Crecieron las exploraciones mineras?
El 2009 fue difícil para las exploraciones por la crisis económica porque se basa en dos factores: recursos económicos y suerte.
Hasta abril fue muy duro para los exploradores que no contaban con capital, me refiero a las Junior, y según estudios presentados al Ministerio hay una reducción de los montos de inversión; pero se recuperó con fuerza en este segundo semestre del año.
Estoy seguro que el 2010 será mucho mayor (respecto al 2008 y 2009), porque los precios están muy fuertes. El panorama es alentador.
El precio del cobre es de 3 dólares la libra y el del oro es de unos 1.200. Las exploradoras tienen que empezar a buscar ahora para mejorar las acciones de los que cotizan en Bolsa y de las empresas operadoras.
 

¿Cómo maneja su despacho los conflictos sociales?
Es importante atender los conflictos sociales porque pueden detener una operación o un proyecto en marcha.
El tema electoral que se acerca hace que surjan reclamos no justificados contra empresas mineras formales que  están bajo control de Osinergmin. Algunas veces el reclamo es por una mala percepción, pero se le llama “conflicto socioambiental minero”.
Pero ¿por qué los conflictos contra empresas formales y no contra las informales? Sabemos dónde están los informales, hay minas que trabajan pese a haber sido paralizadas y están impugnando ante el Poder Judicial. Aparentemente detrás hay otros intereses.
En esta época de conflictos, cada vez más cerca a las elecciones y en un país tan grande, no podemos trabajar solos como Ministerio. Por eso pedí a las empresas mineras que nos informen sobre los conflictos que puedan tener, pero a veces consideran que no es relevante y lo hacen cuando se desató el conflicto.
Hay un error y lo reconocieron en mi despacho. Me dijeron: ‘efectivamente debimos comunicarlo antes’, porque prever es más fácil. Tienen que ser transparentes, informar qué problemas tienen o qué incumplimientos o atrasos de compromisos hay, para tomar las medidas del caso y coordinadamente buscar soluciones. 
 

¿Hay una estrategia desde la oficina de Gestión Social?
Sí, Gestión Social depende del Ministro y trabajamos coordinadamente.
Hicimos una primera pasantía, con recursos propios para pobladores de Cajamarca sobre los beneficios de la minería, cómo se obtienen los permisos y cuáles son sus derechos. Además, invitamos a directores de la DREM de Cajamarca y otras regiones, y ellos requirieron una capacitación especial por su mayor nivel. Ayudaremos el tiempo necesario para fortalecer a las regiones.
Pensamos hacerlo más seguido, pero lastimosamente en minería no se tiene recursos propios para capacitación, como en hidrocarburos que tiene el CAREC (Comité de Administración de los Recursos para Capacitación).

 
¿De qué se trata el conflicto entre Puno y Moquegua?
Es por límites territoriales. Como Ministerio no participamos. No quieren minería pero sí canon, mire la contradicción.  Se disputan el territorio por canon pero se califica al conflicto como territorial. El tema lo maneja la PCM y la demarcación la hacen las instancias que delimitan los departamentos.
 

¿En qué situación está el convenio del Ministerio con el PNUD para el ordenamiento de minería artesanal?
Acabo de suscribirlo y está para el referendo de las Naciones Unidas. Debe empezar en enero, son 3.5 millones de recursos para apoyar a las regiones en la formación de esta minería ilegal. Ese es nuestro trabajo, es difícil y requiere muchos recursos, pero ayudará al progreso.
Atenderemos cuatro puntos: Piura, Puno, Madre de Dios y el sur medio.
Los recursos de la cooperación no son suficientes. Por ejemplo la situación de Madre de Dios es muy compleja.
 

En entrevista de ProActivo el director de Minería advirtió que hay vacíos  legales en el control y las sanciones.
El control está dado: Hay un control de explosivos; y respecto al mercurio y cianuro, la norma está dada, pero no hay un control efectivo. En este sentido, hay que fortalecer las instituciones respectivas pues son muy débiles.
Además requerimos una legislación efectiva en el control de insumos (me refiero a hacer cumplir la norma y no se quede en el papel), que no es exclusivo del sector Energía y Minas; apuntar hacia la formalización de los informales; y contar con recursos económicos.
Esto compete a varios sectores involucrados porque hay temas sociales, de salud, de educación, de contrabando y de control. El dilema de la minería informal es multisectorial. Sabemos que la competencia es de los gobiernos regionales, pero somos conscientes que no pueden hacerlo solos y cooperaremos. Lo de las Naciones Unidas es una cooperación que hace el gobierno central.
 
 

¿Se piensa ampliar el apoyo?
Sí. Muchos entes cooperantes están dispuestos. El proyecto Perú Canadá PERCAN lo hace indirectamente. Conversamos con otras cooperaciones internacionales, no quiero decir nombres, pero están dispuestas a ayudar.
 
 

¿Fue actualizado el reglamento de protección del medio ambiente?
Lo estamos trabajando, es complicado porque supone actualizar el 016, el reglamento de protección ambiental para la actividad minera en la etapa de operación, y hay que eliminar muchas normas y adecuarlas a nuestra legislación. Queremos hacerlo bien porque es un tema sensible y puede tomar cierto tiempo. Nuestra meta es tenerlo listo en el primer semestre del 2010.
 

¿Cómo marcha Doe Run?
El Congreso aprobó un plazo de 30 meses; tiene 10 para buscar el financiamiento y 20 para construir. Estamos en los primeros 10 meses y monitoreamos de cerca el cumplimiento de estas obligaciones, y esperamos que en el más breve plazo puedan reanudar operaciones.
Vemos que la empresa está interesada y no es sencillo, porque requieren concentrados y los proveedores vendieron para este año. Además deben negociar sus ventas para el 2010.
 

¿Contribuirá al tributo del país?
Sí. Por un lado más ingresos tributarios, mayor valor agregado para los productos y caja para efectos de terminar el proyecto que le falta, entonces es una gran ventaja. Por ello pedí a Doe Run que reinicie antes de lo fijado.
 

¿La crisis financiera pasó?
La peor etapa pasó sin afectar significativamente al sector minero, eso hay que decirlo claro porque la rentabilidad de las mineras siguen siendo altas.
La producción no disminuyó e incrementará, por ejemplo el cobre subirá en un 3 por ciento y la de oro poco más de 1 por ciento, respecto al 2008.
Fue un buen año en producción y no bajará; bajarán las exportaciones pues es un tema de precios. Es el momento de incrementar las exploraciones, ahora que estamos en recuperación.
La recuperación del IGV para la etapa de exploraciones es una buena medida para tres años, incentiva las exploraciones.

 

El Viceministro de Minas, Fernando Gala, detalló a ProActivo el estado de los proyectos mineros más importantes del país. Consideró que su desarrollo es lento y que la actual dificultad no está en encontrar mineral o lograr los permisos, sino buscar el dinero y la aprobación del directorio.

 

Toromocho
Es una inversión de US$ 2.200 millones y acaba de presentar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Ministerio (de Energía y Minas).
La construcción debe iniciarse el 2010, luego de aprobado su EIA. Se espera que ello no dure más de 6 meses. “Es una buena evaluación, muy detallada, acuciosa y estricta del Ministerio. En mayo debería empezar la construcción del proyecto que demorará 2 años. El inicio de operaciones sería el 2012”.
Puerto del Callao: “La propuesta está en su EIA. No lo he revisado a detalle aún. El Ministerio evaluará si hay impactos y puede ser observado”.

 

Tía María
Es una inversión de unos US$ 1.000 millones. “Sabemos que los problemas de Southern son por comunicación. Hay la percepción que el proyecto afectará los recursos hídricos de la zona y les pedimos que expliquen las alternativas de uso de agua para que el proyecto salga. Southern nos entendió y difirió su nueva presentación para la audiencia pública para los primeros meses del 2010 y a partir de allí presentar su EIA”.
Southern tiene dos alternativas. “Una es usar agua subterránea, a lo cual los agricultores se oponen, pese a que no afectará mayormente. Además, ofreció construir una represa para acumular agua para la agricultura, o sea hay doble beneficio. Es un buen proyecto”.
“La otra alternativa es utilizar agua de mar, pero implica mayores costos, menor rentabilidad del proyecto y menos canon para la región. Le pedí a Southern que comunique y que la decisión la tomen los pobladores”.

 

Ampliación de Antamina
Es una inversión de US$ 1000 millones y se ejecutaría en un año o año y medio. Logrará producir 130.000 toneladas métricas por día.
“El tema es conseguir el financiamiento, no es que la empresa no lo tenga, pero siempre hay que ver a estos grupos como un conglomerado”.
Los dueños de Antamina tienen un conjunto de proyectos a nivel mundial y decidirán por el prospecto más rentable.
“El tema que ha surgido es la reinversión de utilidades, eso sería más barato para la empresa, pero podría traer complicaciones de índole social porque dirán: ‘como va a reinvertir, yo voy a recibir menos canon’. Nuestra sociedad no ve el largo plazo, solo observa que hoy podría recibir menos y no se fija que mañana sería mucho más, pues en dos o tres años subiría tremendamente el canon. Por ello pedimos a Antamina que explique adecuadamente esta situación, porque sino traerá problemas”.

 

Las Bambas
Es un proyecto de unos US$ 4.000 millones de inversión que a Perú le interesa mucho. “El Ejecutivo se esforzará para que salga lo más rápido posible y dará las facilidades del caso. Aparentemente no hay problemas de comunicación en la zona. Esperamos que la empresa afine pronto el EIA para su concreción”.
“Lo presentarían este año, esperemos que sea así, pero como es un gran proyecto puede demorar más. Sino sería inicios del 2010”. Está previsto que el proyecto arranque el 2013 ó 2014.

 

San Hilarión
El proyecto de exploración de Milpo, en Áncash, será de unos US$ 300 millones y debe concretarse en el 2013. “El Ministerio aprobó su EIA semidetallado para explorar y aún tiene que confirmar reservas para luego ver la viabilidad”.

 

La Zanja
Se invertirá US$ 60 millones. “No es un proyecto muy grande y se implementará rápido. Cuenta con su EIA aprobado, es cuestión de arrancar la construcción. Esperemos que no haya problema social. Debería empezar a fines del próximo año o los primeros meses del 2011”.

 

Minas Conga
La inversión es de unos US$ 1.000 millones. “Es un proyecto importantísimo porque repondrá lo que Yanacocha dejará de producir, lo cual logrará que no bajemos nuestra producción de oro”.
“Es un proyecto algo más complejo, que está culminando la etapa de exploraciones y se tiene previsto que el EIA lo presenten en abril del 2010. Todo ese año puede ser para acabar el estudio, iniciar el proyecto el 2011 y la construcción duraría unos dos años y medio. Empezaríamos el 2014”.

 

Río Blanco
Es un proyecto interesante de unos US$ 1.500 millones. “Como Ministerio comunicamos que no tienen permiso para explorar ni explotar. Existe un tema social que se debe ver previamente. Lo que hace Río Blanco es su cierre de exploraciones de años anteriores y según cronograma está culminándolo”.
“Aún no nos han comunicado el inicio de su etapa de exploración ni explotación, o sea no tenemos una fecha cercana aún. Por el momento no hay solicitud presentada al Ministerio”.
“Entiendo que en las primeras exploraciones encontraron cierta cantidad de mineral, pero faltaría confirmarla y decidir pasar a la etapa de explotación”.

 

Otros
Ampliaciones como la de Toquepala de Southern Perú y la de Shougang Hierro Perú, están próximas a finiquitar.

Es sorprendente el giro que se quiere dar -con violentos análisis- a la realidad de la minería artesanal en un país bendecido por riqueza natural de toda índole. Lo cierto es que el Estado aún no cuenta con normas claras en esta materia, pese a su avance frente a naciones como las africanas. La pobreza, la falta de empleo y de una institucionalidad fuerte -ojo, no digo sádica- se confunden entre las reales causas del desborde de una actividad que puede ser encauzada en bien de la nación y de cada uno de aquellos trabajadores de subsistencia. Consultado por ProActivo, el director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Víctor Vargas, descartó novedosas causas del problema, como el narcotráfico. Aquí la entrevista.

¿Cómo marcha la minería artesanal en Perú?

Hay que sincerarnos. Nuestro problema no es la minería artesanal ni la pequeña minería formal. El problema es la actividad minera informal a nivel artesanal o de pequeña minería. Esa es la realidad.

Sin embargo, el minero informal no acepta esa realidad y se califica como “artesanal”.

¿Existen titulares mineros en la informalidad?

La informalidad se da por titulares mineros y mineros sin propiedad. Es complejo.

Hay quienes tienen su concesión titulada y la mantienen vigente, pero su visión no es desarrollar una minería formal. Hay otros que tienen por años una concesión minera pero no desarrollan actividad propia sino que viven de la minería informal y operan a través de terceros, con acuerdos verbales que les permiten usufructuar y utilizar mano de obra barata. Se valen de la necesidad de trabajo para subsistir.

Si hacemos una escala en la actividad, el que menos se beneficia es el que entra al socavón o va directamente al lavadero. Y se beneficia el que contrata o es dueño de la concesión, el que vende insumos, el que comercializa la producción y el que procesa el mineral.

¿Esos son los vicios en la informalidad?

Sí. Los que venden insumos y explosivos lo hacen sin autorización, quebrantando la ley.

El que vende insumos químicos, hablemos de cianuro, infringe las normas de transporte y venta de este tipo de producto.

En el caso de los procesadores de cobre, venden ácido sulfúrico que es una sustancia controlada y regulada.

El comercializador actúa ilegalmente porque compra sin acreditar la procedencia del mineral. Hay plantas comercializadoras que compran minerales sin acreditar ni preocuparse de dónde vienen, si es producto de una concesión titulada formal o si proviene de una extracción ilícita.

Lo que necesitan es el mineral que una vez blanqueado, lo ingresan a sus procesadoras y al final lo transforman. En el caso del oro -más del 95% de la actividad informal- lo suman a su producción, lo exportan y recuperan el IGV. Ese es su negocio.

¿Cómo romper esta cadena?

Es difícil de ordenar pues están los intereses que mantienen la informalidad. Hay que luchar, separar lo correcto de lo incorrecto y abrir el camino del proceso de formalización.

Lamentablemente muchas veces se sataniza la actividad minera informal y se dice que socialmente crea problemas y conflictos con los agricultores porque afecta sus recursos hídricos y contamina el ambiente.

Se dice que deforesta la selva y contamina los suelos y el agua por el uso de insumos sin criterio técnico. Se le acusa de afectar en lo económico porque no aprovecha racionalmente los yacimientos, trabajan por la coyuntura, sin dar largo plazo a la mina y no contribuye a la región pagando impuestos.

Esa es la visión que se vende al público de la minería artesanal, pero no se ve que detrás de eso hay gente que necesita trabajar.

De lo poco correcto dicho en una entrevista, son más o menos unas 175 mil personas ocupadas, pero no sabemos en realidad su número. Se habla de 400 ó 500 mil, y si le sumamos la actividad colateral puede pasar el medio millón de personas. Es una población que mueve la economía de la zona, incluso porque necesita insumos y talleres para su maquinaria.

En Madre de Dios, según la Cámara de Comercio, más del 60% depende de la extracción del oro y sin temor a equivocarme el 80 (por ciento) es informal, pues de los titulares mineros con concesión, ninguno o la mayoría tiene permisos ambientales o certificados de operación minera, pese a que son titulares. Si le agregamos que tiene invitados que trabajan informalmente, toda esa población sostiene la economía de Madre de Dios. Así ocurre en algunas zonas pobres y apartadas, se genera desarrollo a su manera.

¿En Madre de Dios existe narcotráfico?

No, en absoluto. Hay una versión que quiere ligar la actividad minera informal al narcotráfico, es muy arriesgado aseverar eso, muy aventurado, y es agregarle un peso más a esta actividad.

¿En Puno?

Sí hay, pero es una zona que no esta ligada directamente al oro, sino a zonas cocaleras. Hay provincias como Sandia donde se siembra coca, hay cientos de centros de acopio para el Estado. La coca es parte de su desarrollo y su costumbre, que sea mal utilizada, no me consta. Hay oficinas del Estado que allí compran coca.

¿Qué plan tiene el ministerio para ordenar la informalidad?

Todo parte de establecer un espacio legal donde puedan trabajar.

La ley 27651 del 2002 estableció dos caminos de formalización: uno, a través del convencional petitorio minero que lamentablemente son pocas las oportunidades porque las zonas auríferas están cubiertas de concesiones, títulos o petitorios. Dos, los contratos de trabajo abren el camino entre los titulares con concesiones mineras donde hay minería informal, sea con o sin el consentimiento del titular. El ministerio puede ser mediador para que el titular acepte darle un espacio en su concesión.

Ese contrato de trabajo es un documento inscribible en los Registros Públicos, que convierte al minero en titular y puede sacar su permiso ambiental, su certificado de operación minera y empezar a ordenarse. Ese camino es el único que tenemos vigente.

¿Es el que se debe aplicar?

Así es, porque no hay otro dentro de la normativa.

Hay empresas privadas que aplicando la norma han iniciado el proceso de formalización. Un caso es el de minera Poderosa, al igual que otras empresas en el sur.

¿Cómo formalizar a los acopiadores?

Hay que separar la paja del trigo. Ver quiénes pueden formalizarse y quiénes fomentan la informalidad.

Hay titulares mineros que incluso ponen una pequeña planta procesadora y dicen ‘procesas acá tu mineral, lo mueles y me das el relave, yo te vendo los insumos’. O sea, los tiene cogidos en la producción y comercialización.

Entonces hay que tratar que estos titulares desarrollen una actividad minera propia o compartan esa concesión y permitan, previo convenio, un contrato de explotación.

¿Qué falta comete ese titular y qué sanción tendría?

El titular minero es responsable de todos los daños ambientales que se generen en su concesión, sea a través de su actividad o de terceros, siempre y cuando no lo denuncie ante la autoridad minera.

En este caso, la autoridad correspondiente es el Gobierno Regional.

Sin embargo, al momento de verificar la denuncia, resulta que esa concesión minera es con el consentimiento de él, por lo que es responsable de la remediación.

¿Y cuál es la sanción?

No hay una sanción directa. Solo la paralización.

¿No pierde el denuncio?

No. Actualmente solo hay dos causales conocidas de pérdida de la caducidad: por el no pago del derecho a vigencia de dos años consecutivos, y cuando al término de 10 años no cumpla con acreditar esa producción minera. (Según el DS 1040 ó 1051, se da prórroga de cinco años pagando multa, para acreditar la producción mínima). Es decir, paga sus multas por no acreditar producción mínima, sigue pagando su derecho de vigencia y mantiene la concesión.

Evaluamos cómo modificar esta norma para lograr una actividad propia o que permita que se formalicen otros, sin afectar el marco legal de otros estratos mineros.

¿Qué hará el MEM para el control de los acopiadores?

Reforzar la fiscalización a nivel de gobiernos regionales. La autoridad minera debe establecer los mecanismos para sancionar, denunciar y decomisar los minerales. En algunos casos, los gobiernos regionales emitieron ordenanzas para controlar la compra o el transporte de minerales de un lugar a otro.

¿Cuál es la sanción para la comercialización informal?

Una primera acción es decomisar la producción. Luego sería hacer la denuncia por comercialización ilícita. ¡Qué se yo! No es nuestro ámbito.

¿No esta bien tipificada la falta?

No hay una norma que diga: ‘aquel que transporta mineral va a tener tres años de cárcel o va a pagar tanto de multa’, no.

Se investiga cuando la compra no dice la procedencia del mineral porque la comercialización es legalmente libre. Puedo comprar en cualquier parte, pero debo exigir que el producto provenga de una operación licita.

¿Es una operación ilícita?

Es como los que compran partes robadas de carros. Esto es sancionado por el código civil, el tema es cómo aplicar la sanción.

¿Es un delito común?

Claro, porque compra productos ilícitos.

¿La comercialización está regulada por la ley de minería?

En cierta forma la ley de minería en el artículo cuarto o quinto, menciona que las empresas que comercializan minerales deben asegurarse de su procedencia legal, sino da a entender que está cometiendo un delito penal, pero eso lo tiene que establecer la autoridad minera.

¿Y establece la sanción?

No, pero sería en un proceso judicial con el órgano competente.

¿Qué pide el MEM?

Lo que se debe acreditar en una intervención a un trailer de minerales es la guía de remisión, quién vende y de qué concesión procede. Con eso en regla no hay problema. La Ley de Minería no dice: ‘20 años de cárcel o que pague multa’, solo dice que es ilícito.

Pero el Poder Judicial es lento.

Ese es otro problema. Si analizamos, encontraremos problemas a cada paso. Hay denuncias que son engorrosas, el tiempo pasa y no hay una sanción definitiva ni ejemplar, entonces el problema prolifera.

¿Qué hacer?

Para corregir la informalidad hay que trabajar multisectorialmente. El MEM como ente rector, la DREM como ente competente y el Ministerio Público como sancionador. También el Ministerio del Interior; es decir, la Policía para que en primera instancia intervenga.

¿Qué rescataría del derogado decreto supremo 005?

El DS 005 se elaboró como reglamento de la Ley 27651. Su objetivo era fortalecer la formalización con claridad, sin medias tintas, para que ninguna de las partes interprete la ley a su libre criterio. Se trató de sincerar la realidad y normarla.

Establecía que no se puede formalizar dejando de lado el derecho de propiedad del titular minero, que lo reconoce la ley, la Constitución y el tener una concesión titulada. Asimismo, la necesidad del minero informal en la propiedad minera de encontrar un camino de formalizarse, llegando a un acuerdo con el titular minero con quien trabaja en forma circunstancial, sin autorización.

Se cuidó el ambiente y la seguridad, para lo cual se fijaron sanciones para mineros que dejaron el pico, la lampa y la carretilla, por cargadores frontales, retroexcavadoras o volquetes.

Respaldados en este reglamento, algunas regiones actuaron para evitar el avance de la informalidad.

¿Qué regiones?

Cajamarca y Puno. Por ejemplo, en la cuenca Ramis cuando se habla de mineros artesanales a nivel de subsistencia no es correcto, porque tienen maquinaria valorizada en medio millón de dólares, un cargador, un volquete, o una retroexcavadora, con los que disturban los terrenos sin remediarlos y depredan el ambiente.

Cuando actuamos, ciertas asociaciones reclamaron como si maltratáramos a pobre gente indefensa, cuando son grupos económicos fortalecidos que saben del daño que hacen y trabajan por coyuntura de precios altos. Mientras más rápido depreden más rápido ganan, sin preocuparse por el futuro.

Al final tenemos pasivos ambientales por los que nadie se responsabiliza y el Estado tendrá que asumirlos.

¿Qué legislación ampara la formalización?

Seguimos con la Ley 27651 y el decreto supremo 013 que es su reglamento restituido. Tenemos el DL 1040 que precisa las competencias de los gobiernos regionales respecto a la pequeña minería y minería artesanal, define dichos estratos, y también la fiscalización.

Sobre el DL 1040, aprovechamos para hacer un nuevo reglamento que fue el 005, pero lamentablemente fue derogado.

El DS 005 establecía que aquel que compraba mineral tenía que abrir un registro de comercializador o productor, para anotar la procedencia del mineral. Pedía conocer la concesión minera, a quién se lo compraba, el peso, la ley y todos los datos para su supervisión y evaluación por la autoridad minera competente y luego cruzar información con la Sunat. Ese documento podía ser fiscalizable, para empezar a trabajar una norma de comercialización.

¿Ahora con qué criterio se ordenará la comercialización?

La idea es normar la comercialización y que se beneficie el que comercializa y el que produce, en un marco legal formal. Que sea la comercialización el agente promotor de la formalidad.

¿Qué proyecto tienen ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)sobre el tema?

Tenemos un proyecto como ministerio, que presentamos al PNUD, que busca apoyar a los gobiernos regionales porque son los competentes en iniciar este proceso.

¿Cómo lo harán?

Tenemos cuatro oficinas piloto (en 4 regiones distintas), tomando en cuenta la antigüedad de la actividad, la densidad poblacional minera y la fuente de conflictos. Lo que no descarta brindar apoyo a casos puntuales como el de Algamarca, en Cajamarca

Madre de Dios y Puno han sido siempre las primeras, le sigue Piura por el gran crecimiento de esta actividad a la que se han incorporado comuneros y hay un conflicto potencial con el sector agrícola de la parte baja, como Tambogrande.

También está la zona del sur medio donde la Cooperación Suiza, mediante el proyecto Gama, desarrolló algunos proyectos.

Recordemos que en el 86 estábamos en plena época del terrorismo y además había una gran sequía en Nazca. Así, los desplazados de Ayacucho y agricultores de la costa sin trabajo, con unos cuantos señores de Puno fueron a las minas abandonadas en las quebradas que dan a Chala principalmente, empezaron a catear en las labores antiguas y a recuperar mineral dejado en esas minas. Las trabajaron artesanalmente a través de quimbaletes.

Esto se fue extendiendo hacia el sur, hasta Nazca, Ica, hasta el norte, y por el sur llegó a las provincias de Caravelí y partes altas de Arequipa y San Juan de Lucanas en la provincia de Ayacucho limítrofe con la costa.

¿Qué hizo el Estado?

Frente a los conflictos salió la Ley 27651 para incorporar la minería artesanal a la actividad económica minera. Pero fue creciendo, el espacio se fue acortando, la gente fue repoblándose y buscaron nuevas áreas. Esas personas se desplazaron con cierto sesgo de fomentar más informalidad, se desplazó al norte, al sur y a zonas ancestrales como las minas de Cochasayhuas, en Apurímac.

¿Cuál es la participación de las entidades cooperantes?

En nuestro actual proyecto aprovechamos la experiencia de instituciones extranjeras en convenios de cooperación, como la Cooperación Suiza que trabaja con el proyecto Gama, ahora Pema, y la Cooperación Canadiense que apoya a través del Percan.

Percan apoya en la elaboración de la línea de base, para conocer cuánta es la población minera informal y en qué situación trabajan. Ahora están por concluir su trabajo en Madre de Dios.

¿En Piura?

En septiembre terminó el estudio en Piura y nos servirá para identificar a los actores en esa zona y aplicar la formalización.

¿Qué planes tiene el MEM?

Trabajar con los titulares mineros y los mineros informales para ver la posibilidad de formalizar según la Ley 27651, con contratos de trabajo o de explotación; y fortalecer las capacidades del personal de las direcciones regionales para que sigan con el proceso de formalización al término del proyecto, que es a mediano y corto plazo.

¿Cuánto dura el proyecto del PNUD y qué presupuesto tiene?

Cuatro años. Fue aprobado en agosto, está en proceso de visación por el MEM, por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y por el PNUD. Ya trabajamos administrativamente.

El proyecto empieza desde que se aprueben los procedimientos formales y firmas. Estimo será en la segunda quincena de noviembre, luego una etapa hasta el cierre de diciembre y de allí para adelante.

¿Cuál es la situación de Ayapata en Puno?

Es una región aurífera de todo tipo, con yacimientos fluvioglaciares y morrenas auríferas. En Madre de Dios tenemos filones, vetas, que es toda la cordillera de Carabaya, tenemos lavaderos en los cauces de los ríos, toda la gama de auríferos, desde los filones, hasta los morrénicos en los glaciares, toda la gama de yacimientos, hasta las terrazas colgadas, cauces del río, playas, se da toda la variedad, parte de ese oro que baja de Puno a Madre de Dios.

Puno es como una planta gravimétrica natural, el intemperismo destruye las vetas que hay a 5.000 metros de altura, el frío y el calor las fractura y cae a las quebradas. En época de lluvias la quebrada se llena de agua y arrastra esas rocas con partículas de oro. Al rodar la roca se desmenuza y libera partículas de oro de todo tamaño. Lo más grueso se queda en la parte intermedia y así conforme baja ese oro se libera y llega el polvo a Madre de Dios.

Encuentra filones y zonas donde hay oro en charpas, en escama, de diferente tamaño que llega de toda la cordillera de Carabaya. Desde el poblado de Ayapata hay que caminar 14 horas para llegar a los lavaderos.

Allí hay un problema de enfrentamientos y toma de rehenes.

El problema es que no hay una demarcación territorial definida entre Ayapata e Ituata (ambos puntos de acceso a la ceja de selva), lo que generó un conflicto entre las poblaciones. Pero eso está dentro de los yacimientos auríferos, que al final es el objetivo, todos quieren beneficiarse de esa actividad.

Ayapata es un pueblo progresista, con un comercio ordenado, asfaltado y bonito; pero Ituata no es así. Ayapata es el único distrito beneficiado porque es el tránsito natural a las zonas auríferas, los mineros salen periódicamente a vender su producto y a comercializar, a comprar sus insumos. Eso ha generado un movimiento económico muy grande.

¿Cómo lo resolverán?

El proyecto Gama que operaba en Puno, solicitó a las partes: el titular minero y los mineros informales, que se abra una mesa de diálogo para la formalización. Nos invitaron como observadores y facilitadores y acompañamos este proceso durante un año, hasta llegar a un acuerdo.

Juntamos a la comunidad de Upina, mineros de Ituata, de Ayapata e informales agrupados en diferentes asociaciones, y el titular minero dueño de una de las concesiones mineras.

La empresa dijo que les vendería el 56 por ciento de sus acciones a todas las asociaciones agrupadas en personas jurídicas, se agruparon en tres. Se hizo la transferencia de las acciones y formaron una nueva sociedad, el convenio se firmó y fue el comienzo de la formalización, pero eso generó malestar en la gente que no quiere la formalización y generaron el caos.

El convenio está inscrito en los Registros Públicos, ahora viene el paso en que la empresa y los mineros incorporados hagan su plan de trabajo y estudio ambiental.

¿Esto aún no se ha ejecutado?

Es lo que sigue a esta etapa. La primera fue el contrato, pues fueron incorporados como accionistas de la empresa.

El siguiente paso es reunir a los socios de la empresa para que expongan cómo trabajarán y apoyarlos. Fuimos entre junio y julio a estos distritos, hicimos talleres sobre la normatividad minera y cómo pueden acceder a la formalización riego, manejo de insumos y manejo adecuado del mercurio.

Pese a todo viven en conflicto.

Eso sale de la actividad minera técnica y entra a problemas de interés económico social. Primero, los dos alcaldes no querían sentarse en una mesa, en Puno hubo una reunión hace dos meses convocada por la PCM en la que los alcaldes firmaron un pronunciamiento común en el que solicitaban a sus pobladores a no tomar medidas de fuerza y llegar a un camino de solución. En ambos casos hubo acciones, los de Ituata bloquearon el camino a Ayapata, quienes ya no podían acceder a sus lavaderos ni llevar sus insumos porque tenían que dar una vuelta muy grande, por lo tanto había dificultad de abastecimiento y se generó una rivalidad mayor.

Los problemas territoriales los verá la institución competente.

¿Cómo marcha la remediación de la cuenca Ramis?

Hay una comisión multisectorial adscrita al ministerio que la preside y sectores como los ministerios del Interior, del Ambiente, Digesa, gobierno regional, la Sunat, Osinergmin, autoridades y población de la zona. Trabajamos para controlar la minería informal en Ananea y ayudar al proceso de remediación de sus impactos en la zona agrícola.

Esta comisión se generó luego del enfrentamiento social entre agricultores y mineros. El agua contaminada entraba en sus canales de regadío y los malogró; ello generó una protesta con toma de carreteras y quema de vehículos.

¿Qué pasó en Pampa Blanca?

Hay dos zonas: Pampa Blanca ubicada en los nevados y Chaquiminas en la parte más baja.

Pampa Blanca pertenecía a Centromin y luego la abandonó, lo cual generó petitorios y ahora hay actividad minera informal. Ellos contaminan el río Ramis, esto se ha controlado, pero tiene que ser definitivo para que no haya vertimiento de sólidos ni problema con los agricultores.

Tenemos una oficina allí con tres ingenieros, la DREM se incorporó con una oficina dentro de nuestras instalaciones. La policía también cumplió con su compromiso de poner un contingente numeroso para resguardar la zona.

El ministerio ha invertido 5 millones para remediar pasivos ambientales por la minería informal.

El monto está orientado a recuperar la infraestructura de riego de 5 distritos en Puno. Hicimos una primera etapa de limpieza y recuperación de sus canales, la ejecución de obras, revestimiento de concreto, construcción de bocatomas y reconstituir su sistema de regadío. Si el tiempo y la lluvia no van contra la actividad, terminaremos en dos o tres meses.

La oficina en Piura está lista.

Sí, ya tenemos el equipo logístico, movilidad, parte del personal, el local que ya está refaccionado, provisional, y pensamos a fines de octubre tenerlo todo.

¿Qué tienen en Puno?

Estamos instalados en los campamentos que fueron de Centromin Perú, las oficinas son amplias y equipadas con computadoras. Fueron habilitados tres pabellones para vivienda, uno para nuestros ingenieros y dos para albergar al personal de la Policía Nacional.

¿Y la oficina en Madre de Dios?

Además del ingeniero David Cuadros, contrataremos a otro ingeniero y a un auxiliar de oficina. Trabajamos de la mano con la DREM en talleres para atender los conflictos.

¿Cuánto destinó el MEM para este convenio de apoyo a la formalización?

El presupuesto involucra cuatro años en esas regiones, así como talleres en otras zonas, y el equipamiento de esas oficinas, lo cual quedará para las regiones. Todo eso suma US$ 3 millones que serán manejados por el PNUD.

¿La cooperación canadiense tiene su propio presupuesto?

Sí, con el cual financia el apoyo que nos da y otros proyectos, no necesariamente sobre minería artesanal, que desarrolla por el convenio suscrito con el ministerio.

La cooperación Suiza sí está orientada toda a la minería artesanal bajo un esquema que ellos tienen y que se suma a nuestros programas de trabajo.

Cada uno maneja su propio presupuesto de acuerdo a los proyectos que coordinamos y aprobamos.

¿Es cierto que los mineros artesanales investigan en el catastro qué denuncios tienen las empresas para colocarse allí?

El catastro minero es de conocimiento público, lo que hacen las personas es suponer cosas.

Hasta la fecha desconozco que se dediquen a ver dónde hay un denuncio para ir a trabajar. Lo que sí es conocido, son las zonas donde ancestralmente se trabaja oro en forma artesanal, eso se expande y son los lugares más densos.

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú decidió emplear a Perumin -su foro internacional más trascendente- para generar una “identidad-país” relacionada a la minería. ProActivo conversó con el presidente de Perumin y gerente general de Consorcio Minero Horizonte, Félix Navarro-Grau, quien reveló los entretelones y retos de su organización. Por otro lado, dijo que su empresa vive en “servinacuy” con la comunidad de su entorno.

¿Por qué Perumin?

Convención Minera era muy genérico, por eso buscamos un nombre que se diferencie del resto y Perumin genera una identidad-país relacionada a la minería.

Además esta vez contamos con cinco grandes foros: Extemin, Encuentro Empresarial, Encuentro de Operadores, Encuentro Logístico y el Top Mining in Peru. También presentaremos un área de exhibición y demostración de maquinarias y equipos.

¿Qué es el Top Mining?

Es un espacio para exponer cómo se proyectan las operaciones e inversiones mineras al mediano plazo, más allá de sus prácticas sociales o medioambientales. La idea es conocer qué pasará en la minería peruana en los próximos 4 ó 5 años.

También se analizarán temas de infraestructura relacionadas a la ejecución de los proyectos mineros. Por ejemplo, se hará promoción de los ferrocarriles, como el de Cajamarca a Piura.

¿El criterio de selección de temas es por montos de inversión?

No. Una inversión de 4.000 millones de dólares es tan importante como una de 100, porque acá hay espacio para la pequeña, mediana y gran minería. Todas son bienvenidas, es parte del ritmo de inversión que debe tener el sector para mantener sus niveles de producción.

¿Cuál fue el reto más duro en Perumin?

Sin ser una crítica, creo que lo más duro ha sido lograr la colaboración de las mineras, aunque suene paradójico; quizá haya sido por efecto de la crisis. Pero esto lo expreso sin sentido negativo, aunque dada la importancia del evento se necesitaba más compromiso y participación de las empresas. Solo tenemos 9 ó 10 mineras en Extemin.

Hay las que siempre colaboran, mientras que a otras hay que convencerlas de la importancia de salir adelante con este evento. Quiero destacar la plena colaboración de Xstrata, Antamina, Cerro Verde, Southern, Cormin, Buenaventura y Bisa.

¿Cuál ha sido la acogida a nivel internacional?

Estoy satisfecho. Poco menos del 25 por ciento de los inscritos vienen de afuera, es un detalle resaltable. Tenemos 37 países de todo el mundo.

¿Cómo fomentará Perumin la minería?

Creo que Perumin colabora en crear una oportunidad de inversión en el país a nivel internacional y en generar una visión nacional.

Por esto, en el Encuentro Empresarial se ha incluido el tema minero dentro de la agenda nacional; porque los temas ambientales no son exclusivos de la minería, son del país, al igual que los conflictos sociales. Hay que verlos integralmente y solucionarlos con políticas nacionales y planes integrados.

¿A quiénes invitaron?

Quisimos ir más allá de un encuentro de mineros, a uno más abierto, con la participación de otros sectores productivos y políticos, para que vean las oportunidades que la minería ofrece al país.

¿Lo novedoso de Perumin?

Tenemos la semana cultural de actividades para Arequipa y la muestra museográfica “Perú país minero, tres mil años de historia”.

Otra novedad es el Contacto Minero, que facilita el encuentro entre personas de interés durante la convención. Puede entrar a la página web de Perumin y escribir ‘ProActivo’ y me sale qué personas de ProActivo van a ir. Igual, si quiero contactar a los representantes de las empresas auríferas.

¿Emitirán conclusiones?

Como producto final, Perumin emitirá un documento de trabajo que sirva de agenda minera y discusión para el próximo evento.

Serán propuestas de política, inventario de retos y proyecciones del sector, para que sirvan de base a la discusión nacional.

Dentro de un año o dos vamos a tener elecciones políticas y esto podrá servir para trabajar ideas sobre planes de gobierno.

¿Aún se considera uno de los hermanos coraje?

(En la Convención Minera del 2007, Navarro-Grau comparó el temple de los empresarios mineros de Perú con el de los personajes de la telenovela “Hermanos Coraje”, que marcó un hito en los 70. El drama muestra la lucha por la libertad y contra la opresión y gira en torno a la posesión de un diamante de 720 kilates).

Me considero positivo (sonríe). No soy una persona que piensa que los conflictos sociales o los temas de medio ambiente son trabas a la minería, entiendo que son parte de los procesos para seguir creciendo.

En los 90 se dieron las leyes ambientales y el avance del sector es relevante, quisiera que otros campos tengan el nivel de manejo ambiental de la minería responsable.

Indudablemente hay una minería informal, sin buenas prácticas ambientales o ejemplos de gestión ambiental que tienen que ser mejorados. Aquellos dañan la imagen del sector, pero creo que lo importante es el color de la pared y no la mancha en la pared.

¿Cómo se lleva su empresa con los informales?

Nuestra mina Untuca tiene un acuerdo con la comunidad y estamos construyendo las relaciones. Tuvimos conflictos el año pasado, pero con el diálogo y entendimiento, logramos acuerdos que nos permiten una convivencia pacífica que nos beneficia a ambos.

¿La comunidad también es minera?

Parte importante de la comunidad hace minería artesanal; tiene propiedades mineras y les apoyamos a sus actividades mineras en sus propiedades. Se ha cedido algunas zonas bajo ciertas condiciones e intercambio de intereses. De otro lado, hay una serie de acuerdos y mecanismos de entendimiento y diálogo que se han fijado.

Sorprendentemente tuvimos gran colaboración del gobierno regional de Puno, a quien yo destaco. No tengo crítica alguna, sino una visión positiva.

¿Tienen exito en Untuca?

No se ha logrado una solución exitosa, sino un acuerdo como parte de un proceso de muy largo entendimiento.En algún momento habrá dificultades y tendremos que solucionarlas; como en un matrimonio, la fe, la confianza y la lealtad se renuevan a cada momento. Lo fundamental es construir las relaciones de igual a igual.

El día en que las comunidades entiendan que así como para pedir, tienen una obligación de respetar, los procesos de diálogo serán más constructivos.

Es lógico que para instalar un proyecto haya diferencias entre una minera y una comunidad. Si alguien viene a la parte trasera de mi casa, estableceré un proceso de negociación, donde querré participar de los beneficios del proyecto.

¿Entonces cuál es el problema?

Son los intermediarios o actores que se generan alrededor de estos procesos de entendimiento.

Hay tres actores: la minería, el ambiente y los del medio. Esos intermediarios tienen agenda propia e intereses personales, como aspiraciones políticas. Ellos aplican la política del miedo que es la mejor manera de movilizar a la gente.

Y en este matrimonio de la empresa con la comunidad…

Estamos en un “servinacuy”, todavía no es un matrimonio.

¿Qué compromisos asumen la comunidad y la empresa?

La empresa asume compromisos de colaboración económica, apoyo a sus planes de desarrollo comunal y cesión de concesiones; la comunidad asume compromisos de cesión de terrenos y respetar el diálogo por encima del conflicto.

¿Habrá matrimonio?

No sé. Pero por lo menos siempre habrá diálogo y entendimiento. Las comunidades quieren ser escuchadas y allí hay otro tema.

Muchas veces equivocadamente nos acercamos a la comunidad buscando imponer nuestra posición. Cuando las mineras y los intermediarios bien intencionados entendamos que lo importante es enseñar a las comunidades cómo pensar más, en vez de qué pensar, la comprensión será más fácil.

¿Cómo va la unidad de Parcoy?

El año pasado compramos la pequeña minera vecina, Real Aventura y la integramos a las operaciones. Esperamos que en el 2010 estemos en 180.000 onzas. Siguen los proyectos de optimización y en 3 ó 4 años tendremos una tercera unidad.

¿Y su proyecto de exploraciones en la región Amazonas?

El proyecto Minas Pindo avanza bien. Ya se inició el programa de exploración diamantina, las dificultades son carreteras y accesos.

¿Es el único proyecto?

No, tenemos dos o tres proyectos que están en cartera. Uno está al sur del país, otro en Cerro de Pasco; y otros más. Son de oro y plata.

¿Apostarán por polimetálicos?

Todavía estamos adolescentes y creo que los polimetálicos son hermanos mayores. Somos bastante conservadores en este proceso de crecimiento.

¿Cuál es el resultado de la modernización de Consorcio?

En eso quiero insistir, no solo desde el punto de vista de Consorcio (Minero Horizonte), creo que el éxito de la minería no es solo por sus leyes o la buena geología; en Perú hay un capital humano que es el que determina el nivel de competitividad del sector.

Conformamos un excelente equipo de trabajo y eso creo que vale más que tener 5 años de reservas.

¿Con cuánto personal cuenta?

De forma directa somos unos 400, pero en total damos trabajo a casi a 2.500 personas. En el caso de Parcoy, más del 90 por ciento de la actividad económica que ocurre depende de nosotros, junto con Marsa que está un poco más alejada.

¿Qué proyecciones tiene?

Soy positivo respecto a lo que viene en el sector. Se puede reemplazar lo perdido en precios con mayor inversión.

Algunas empresas han tenido que retirar personal.

Todo proceso económico tiene ingresos y salida de personal. Lo importante no es la estabilidad laboral, sino la movilidad laboral de la gente. Si lográsemos que se busque que todos nuestros trabajadores tuvieran movilidad laboral, seguridad sobre su capacidad de trabajo, que sean productivos, que incluso los obreros puedan tipear un currículum y mandarlo a otra empresa, eso sería extraordinario.

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú decidió emplear a Perumin -su foro internacional más trascendente- para generar una “identidad-país” relacionada a la minería. ProActivo conversó con el presidente de Perumin y gerente general de Consorcio Minero Horizonte, Félix Navarro-Grau, quien reveló los entretelones y retos de su organización. Por otro lado, dijo que su empresa vive en “servinacuy” con la comunidad de su entorno.

¿Por qué Perumin?

Convención Minera era muy genérico, por eso buscamos un nombre que se diferencie del resto y Perumin genera una identidad-país relacionada a la minería.

Además esta vez contamos con cinco grandes foros: Extemin, Encuentro Empresarial, Encuentro de Operadores, Encuentro Logístico y el Top Mining in Peru. También presentaremos un área de exhibición y demostración de maquinarias y equipos.

¿Qué es el Top Mining?

Es un espacio para exponer cómo se proyectan las operaciones e inversiones mineras al mediano plazo, más allá de sus prácticas sociales o medioambientales. La idea es conocer qué pasará en la minería peruana en los próximos 4 ó 5 años.

También se analizarán temas de infraestructura relacionadas a la ejecución de los proyectos mineros. Por ejemplo, se hará promoción de los ferrocarriles, como el de Cajamarca a Piura.

¿El criterio de selección de temas es por montos de inversión?

No. Una inversión de 4.000 millones de dólares es tan importante como una de 100, porque acá hay espacio para la pequeña, mediana y gran minería. Todas son bienvenidas, es parte del ritmo de inversión que debe tener el sector para mantener sus niveles de producción.

¿Cuál fue el reto más duro en Perumin?

Sin ser una crítica, creo que lo más duro ha sido lograr la colaboración de las mineras, aunque suene paradójico; quizá haya sido por efecto de la crisis. Pero esto lo expreso sin sentido negativo, aunque dada la importancia del evento se necesitaba más compromiso y participación de las empresas. Solo tenemos 9 ó 10 mineras en Extemin.

Hay las que siempre colaboran, mientras que a otras hay que convencerlas de la importancia de salir adelante con este evento. Quiero destacar la plena colaboración de Xstrata, Antamina, Cerro Verde, Southern, Cormin, Buenaventura y Bisa.

¿Cuál ha sido la acogida a nivel internacional?

Estoy satisfecho. Poco menos del 25 por ciento de los inscritos vienen de afuera, es un detalle resaltable. Tenemos 37 países de todo el mundo.

¿Cómo fomentará Perumin la minería?

Creo que Perumin colabora en crear una oportunidad de inversión en el país a nivel internacional y en generar una visión nacional.

Por esto, en el Encuentro Empresarial se ha incluido el tema minero dentro de la agenda nacional; porque los temas ambientales no son exclusivos de la minería, son del país, al igual que los conflictos sociales. Hay que verlos integralmente y solucionarlos con políticas nacionales y planes integrados.

¿A quiénes invitaron?

Quisimos ir más allá de un encuentro de mineros, a uno más abierto, con la participación de otros sectores productivos y políticos, para que vean las oportunidades que la minería ofrece al país.

¿Lo novedoso de Perumin?

Tenemos la semana cultural de actividades para Arequipa y la muestra museográfica “Perú país minero, tres mil años de historia”.

Otra novedad es el Contacto Minero, que facilita el encuentro entre personas de interés durante la convención. Puede entrar a la página web de Perumin y escribir ‘ProActivo’ y me sale qué personas de ProActivo van a ir. Igual, si quiero contactar a los representantes de las empresas auríferas.

¿Emitirán conclusiones?

Como producto final, Perumin emitirá un documento de trabajo que sirva de agenda minera y discusión para el próximo evento.

Serán propuestas de política, inventario de retos y proyecciones del sector, para que sirvan de base a la discusión nacional.

Dentro de un año o dos vamos a tener elecciones políticas y esto podrá servir para trabajar ideas sobre planes de gobierno.

¿Aún se considera uno de los hermanos coraje? (En la Convención Minera del 2007, Navarro-Grau comparó el temple de los empresarios mineros de Perú con el de los personajes de la telenovela “Hermanos Coraje”, que marcó un hito en los 70. El drama muestra la lucha por la libertad y contra la opresión y gira en torno a la posesión de un diamante de 720 kilates).

Me considero positivo (sonríe). No soy una persona que piensa que los conflictos sociales o los temas de medio ambiente son trabas a la minería, entiendo que son parte de los procesos para seguir creciendo.

En los 90 se dieron las leyes ambientales y el avance del sector es relevante, quisiera que otros campos tengan el nivel de manejo ambiental de la minería responsable.

Indudablemente hay una minería informal, sin buenas prácticas ambientales o ejemplos de gestión ambiental que tienen que ser mejorados. Aquellos dañan la imagen del sector, pero creo que lo importante es el color de la pared y no la mancha en la pared.

¿Cómo se lleva su empresa con los informales?

Nuestra mina Untuca tiene un acuerdo con la comunidad y estamos construyendo las relaciones. Tuvimos conflictos el año pasado, pero con el diálogo y entendimiento, logramos acuerdos que nos permiten una convivencia pacífica que nos beneficia a ambos.

¿La comunidad también es minera?

Parte importante de la comunidad hace minería artesanal; tiene propiedades mineras y les apoyamos a sus actividades mineras en sus propiedades. Se ha cedido algunas zonas bajo ciertas condiciones e intercambio de intereses. De otro lado, hay una serie de acuerdos y mecanismos de entendimiento y diálogo que se han fijado.

Sorprendentemente tuvimos gran colaboración del gobierno regional de Puno, a quien yo destaco. No tengo crítica alguna, sino una visión positiva.

¿Tienen exito en Untuca?

No se ha logrado una solución exitosa, sino un acuerdo como parte de un proceso de muy largo entendimiento.

En algún momento habrá dificultades y tendremos que solucionarlas; como en un matrimonio, la fe, la confianza y la lealtad se renuevan a cada momento. Lo fundamental es construir las relaciones de igual a igual.

El día en que las comunidades entiendan que así como para pedir, tienen una obligación de respetar, los procesos de diálogo serán más constructivos.

Es lógico que para instalar un proyecto haya diferencias entre una minera y una comunidad. Si alguien viene a la parte trasera de mi casa, estableceré un proceso de negociación, donde querré participar de los beneficios del proyecto.

¿Entonces cuál es el problema?

Son los intermediarios o actores que se generan alrededor de estos procesos de entendimiento.
Hay tres actores: la minería, el ambiente y los del medio. Esos intermediarios tienen agenda propia e intereses personales, como aspiraciones políticas. Ellos aplican la política del miedo que es la mejor manera de movilizar a la gente.

Y en este matrimonio de la empresa con la comunidad…

Estamos en un “servinacuy”, todavía no es un matrimonio.

¿Qué compromisos asumen la comunidad y la empresa?

La empresa asume compromisos de colaboración económica, apoyo a sus planes de desarrollo comunal y cesión de concesiones; la comunidad asume compromisos de cesión de terrenos y respetar el diálogo por encima del conflicto.

¿Habrá matrimonio?

No sé. Pero por lo menos siempre habrá diálogo y entendimiento. Las comunidades quieren ser escuchadas y allí hay otro tema.

Muchas veces equivocadamente nos acercamos a la comunidad buscando imponer nuestra posición. Cuando las mineras y los intermediarios bien intencionados entendamos que lo importante es enseñar a las comunidades cómo pensar más, en vez de qué pensar, la comprensión será más fácil.

¿Cómo va la unidad de Parcoy?

El año pasado compramos la pequeña minera vecina, Real Aventura y la integramos a las operaciones. Esperamos que en el 2010 estemos en 180.000 onzas. Siguen los proyectos de optimización y en 3 ó 4 años tendremos una tercera unidad.

¿Y su proyecto de exploraciones en la región Amazonas?

El proyecto Minas Pindo avanza bien. Ya se inició el programa de exploración diamantina, las dificultades son carreteras y accesos.

¿Es el único proyecto?

No, tenemos dos o tres proyectos que están en cartera. Uno está al sur del país, otro en Cerro de Pasco; y otros más. Son de oro y plata.

¿Apostarán por polimetálicos?

Todavía estamos adolescentes y creo que los polimetálicos son hermanos mayores. Somos bastante conservadores en este proceso de crecimiento.

¿Cuál es el resultado de la modernización de Consorcio?

En eso quiero insistir, no solo desde el punto de vista de Consorcio (Minero Horizonte), creo que el éxito de la minería no es solo por sus leyes o la buena geología; en Perú hay un capital humano que es el que determina el nivel de competitividad del sector.
Conformamos un excelente equipo de trabajo y eso creo que vale más que tener 5 años de reservas.

¿Con cuánto personal cuenta?

De forma directa somos unos 400, pero en total damos trabajo a casi a 2.500 personas. En el caso de Parcoy, más del 90 por ciento de la actividad económica que ocurre depende de nosotros, junto con Marsa que está un poco más alejada.

¿Qué proyecciones tiene?

Soy positivo respecto a lo que viene en el sector. Se puede reemplazar lo perdido en precios con mayor inversión.

Algunas empresas han tenido que retirar personal.

Todo proceso económico tiene ingresos y salida de personal. Lo importante no es la estabilidad laboral, sino la movilidad laboral de la gente. Si lográsemos que se busque que todos nuestros trabajadores tuvieran movilidad laboral, seguridad sobre su capacidad de trabajo, que sean productivos, que incluso los obreros puedan tipear un currículum y mandarlo a otra empresa, eso sería extraordinario.

La solución al problema de Doe Run es el principal reto que tiene el actual Viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla. En entrevista con ProActivo, dejó entrever que para este caso, someterse al proceso concursal de Indecopi, podría ser la solución. Agregó que otro problema relevante es el de minería informal, pues hasta la fecha el propio ministerio desconoce el número de trabajadores en este subsector.

Usted lleva las riendas de un subsector clave en la economía nacional. ¿Qué planes tiene?
Creo que la política que sigue el Estado es básicamente de lucha contra la pobreza. Los que creemos en la minería responsable, sabemos que genera recursos para disminuir la pobreza si son empleados, entonces ¡hay que promover la actividad minera!
Ahora, ¿qué implica la promoción minera? No es solo sacar unos libros y mostrar proyectos. Desde mi concepción y bajo el panorama actual, es dar a conocer de forma didáctica a las comunidades qué implica la minería moderna, qué es una concesión con permisos y qué una concesión sin permisos.
Los últimos sucesos que vimos en Cusco, en Canchis y en otras zonas, muestran un total desconocimiento de lo que es la actividad minera, las comunidades no pueden distinguir lo que es una concesión minera con títulos pero sin permisos, de aquella con títulos y con permisos. Al final, una concesión minera sin permisos es informal y no puede operar, aunque tenga el título.
Si queremos promocionar la actividad minera, ya no es hora de ir al extranjero. Antes se decía hay que convencer a los canadienses, a los norteamericanos. Pero ¡primero convenzámonos a nosotros de la importancia de la actividad minera! Si los peruanos no estamos convencidos, ¿de qué promoción hablamos?
Entiendo que esto ha sido por la lejanía del Estado con las poblaciones alejadas, por eso tendremos que acercarnos de alguna forma. Desarrollaremos talleres de capacitación in situ, haremos folletos en quechua, traeremos a los comuneros, estaremos con ellos el tiempo que sea necesario, para explicar en forma transparente lo que es la actividad minera responsable. Esa es la principal tarea.
 
¿En qué plazo se realizaría?
No es una tarea sencilla. Creo que hasta fin de año debemos haber avanzado bastante e invoco el apoyo de otras instituciones, pues el ministerio (de Energía y Minas) por más esfuerzo que haga, posiblemente no tenga todos los brazos para cumplir a cabalidad esta función.
Pediremos colaboración del Instituto de Ingenieros de Minas, del Capítulo de Minas del Colegio de Ingenieros y cualquier otra institución que comprometida con la actividad minera responsable. Tal vez esa es la tarea principal en lo que queda de este año.

¿Y sobre minería artesanal?
Hay tareas a mediano plazo que debemos comenzar a realizar, como el tema de la minería informal. Ese es otro gran problema. Se estima que son 500 ó 600 mil, ni siquiera sabemos cuántos informales hay en el todo el país, entonces, identificar cuántos son, a qué se debe la informalidad, dónde están ubicados y qué se requiere para formalizarlos, será un gran avance.
La pregunta sería ¿se formalizará a 600 mil mineros en poco tiempo? Por supuesto que no, pero si se logra avanzar un 10 por ciento en un corto plazo, es bastante.
Para eso, como ministerio, estamos por suscribir un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para tener un programa de formalización que apoyaría a los gobiernos regionales, porque ellos tienen la función. Los  apoyaremos para que esto se cumpla lo más rápido posible. Este sería el segundo aspecto importante.
La tercera tarea, prevista en el corto plazo, va ligada a la regionalización.
Las regiones tienen la función de promover, otorgar títulos y fiscalizar a la pequeña minería, la minería artesanal, inclusive la informal, pero somos concientes de que les falta fortalecimientos.
Se han transferido funciones, pero no capacidades, ni recursos, entonces los apoyaremos el tiempo necesario hasta que alcancen las fortalezas debidas.
No hay que descuidar tareas, como la revisión de la legislación, para que sea competitiva a nivel regional por lo menos.
Nuestra legislación data del año 90 y existen nuevos dispositivos, como la Ley del Ambiente. Sin embargo, aún no hemos actualizado nuestro Reglamento sobre Protección del Medio Ambiente (D.S. N° 016-93-EM). Hay que compatibilizarlo con la Ley del Ambiente.
 
¿Tiene un plan de trabajo para la actualización normativa?
Queremos ser transparentes. Lo que decidimos es que cualquier norma que quiera sacar mi sector, será prepublicada en la página del ministerio para recibir opiniones; así nadie nos dirá que ha sido sorprendido o que no se le consultó.
No consideramos que somos genios en el tema. Las empresas, la sociedad civil, todos pueden opinar. Esa es la mejor manera para que pueda durar mucho, no quiero apurarme a sacar normas, sino que las normas salgan bien.
 
¿Respecto al tema de Doe Run?
Ese tema es una isla dentro de todo esto, porque cuando alguien me preguntaba cómo ha sido el cumplimiento de los programas de adecuación de las empresas mineras, todas han cumplido demostrando una gran responsabilidad en el tema ambiental.
Entiendo que el PAMA de las fundiciones era mucho más complicado y solamente hay una empresa que no lo ha cumplido. Esperamos que dentro o fuera del proceso concursal, esto se cumpla en el más corto plazo.
 
Es imposible que se cumpla en el plazo fijado por ley.
Efectivamente, es imposible. Entonces busquemos que se cumpla en el más corto tiempo posible. Mi sector fue muy claro en fijar las condiciones para analizar o viabilizar una posible ampliación. Queremos que esta vez, en caso se llegue a ampliar el PAMA, se cumpla y ya no se vuelva a una cuarta ampliación. Pensamos que  30 meses es demasiado tiempo.
 
¿Cuánto tiempo lo ampliarían? y ¿cuáles serían las condiciones del Estado?
El tiempo máximo hay que analizarlo en virtud a lo que le falta a la empresa. Cuando anunció que iba a paralizar el PAMA, en diciembre del 2008, dijo: ‘voy a paralizar el proyecto PAMA porque no tengo los recursos suficientes, por la crisis financiera’.
Si contamos de diciembre del 2008, hasta octubre del 2009, que es cuando acaba contractualmente el PAMA, faltan 11 meses, o sea la empresa no había dicho que no acabaría el PAMA, el tiempo máximo que podía indicarse según eso sería 11 meses.
Además, Osinergmin, que es el órgano fiscalizador, nos ha comunicado que faltan 7 meses para acabar el proyecto, más 2 meses de reinicio de obra de construcción, o sea máximo 9 meses.
Hay que ver también otras aristas, pero el principal problema surge porque la empresa no tiene recursos frescos.
Cuando usted me preguntaba las condiciones que exigiría el ministerio, la pregunta es ¿dónde está la plata con la cual se hará el proyecto? No sé si aportes frescos o préstamo de alguien. Por eso pediremos que esta plata se ponga en un fideicomiso y queremos verla allí para que con ella se pueda realizar el proyecto.
 
La empresa ha manifestado que primero necesitan la ampliación para obtener el financiamiento.
Efectivamente, pero dicen: ‘dame 30 meses, 40 meses o dame libre y después voy a buscar’; y nosotros decimos al revés: ‘en todo caso ¿usted ya se acercó al banco a pedir financiamiento? Quizá sí. Entonces, tráiganos las cartas de los bancos que digan les daremos financiamiento si previamente el ministerio da una carta. Si nos traen esa carta, la analizaremos y le entregamos la carta a los bancos, pero hasta ahora no tenemos nada de la empresa.
 
No entregaron ninguna carta.
Eso fue lo último que quedamos con la empresa. El tema financiero no es nuestro, es de ustedes, tienen que ir a los bancos y si el banco le dice no, primero amplía, ¿dónde está la carta del banco que dice que primero ampliemos?
De alguna forma este tema es de credibilidad y cuando una empresa incumple el PAMA dos veces, ha perdido cierta credibilidad.
De allí nace la segunda estrategia del Estado que es: dame garantías para viabilizar una posible ampliación para que en el caso que tú no lo hagas, con la garantía alguien lo pueda hacer, y así evitar algún plan de una ampliación más.
Inicialmente le pedimos las acciones, ‘dame las acciones, si tú no lo haces me quedo con la empresa y el Estado ejecuta el PAMA y sigue funcionando La Oroya’.
 
¿Sería para el Estado un buen negocio quedarse con La Oroya y ejecutar el PAMA?
No, la intención del Estado no es quedarse con las acciones, por eso cuando la empresa dice ‘no podemos dar las acciones porque estas acciones nos servirán para levantar financiamiento’, somos totalmente flexibles porque al Estado no le interesa tener la empresa. Dijimos, esta bien, ya no te pido acciones, dame otra garantía o dame la segunda prenda de las acciones. La empresa dice no, necesito primero ver qué pedirán los bancos y después ver qué garantía les puedo dar a ustedes. No hay respuesta firme.
Asumamos que le ampliamos lo que dice la empresa, no le pedimos ni financiamiento, ni garantías, entonces el punto es ¿ha arreglado con los proveedores? Si no hay ampliación y no hay insumos para el proceso productivo ni para los concentrados, no hay operación y que yo sepa no hay acuerdo con los proveedores.
 
¿Cuánto es la deuda con los proveedores?
Se estima 110 millones de dólares. La situación financiera de la empresa es complicada, debe 110 millones y 156 millones a su principal accionista.
 
A la propia Doe Run.
Sí, figura un pasivo de la empresa. Si sumamos 156 más 110 estamos hablando de 260. Digamos, más los 155 que le falta para acabar el PAMA, según afirma la empresa, entonces hablamos de casi 400 millones de dólares.
¿La empresa tiene la capacidad para conseguir ese monto? Pensamos que no, por eso la primera exigencia del Estado fue, ‘esa deuda que tienes con tu accionista, capitalízala, sácala de deuda y ponla como patrimonio’, con lo cual mejora la cara de la empresa y es más viable conseguir financiamiento.
Todavía no se ha viabilizado esa capitalización de deudas que la empresa dijo que haría.
 
¿En caso que la empresa no resuelva, qué ocurrirá?
Tenemos que hacer cumplir lo que dice la ley, y dice que previa verificación de Osinergmin de incumplimiento del PAMA, se procede al cese de operaciones o cierre de instalaciones vinculadas al PAMA.
No es cerrar la empresa, porque (la mina) Cobriza no tiene nada que ver con esta operación. Vimos que lo que falta es el proyecto PAMA, circuito de cobre, entonces se cierra todo lo vinculado a ese proyecto.
Es un tema técnico porque habría que ver si solamente puede operar el circuito plomo y zinc, y no el de cobre. Aparentemente no, según los técnicos todo está integrado. Es un tema que Osinergmin tiene que examinar.
 
¿Qué hace el Estado con una planta paralizada y que no le pertenece?
La norma dice cierre de operaciones, o sea no puede operar. No dice quitarle los activos, que siguen siendo del dueño.
La empresa tendrá que buscar una solución, nuevos socios y si ahora ratifica el ingreso a Indecopi, entiendo que la junta de acreedores buscará la mejor solución.
A lo mejor la empresa recapacita y pone un aporte fresco, llega a un acuerdo con los proveedores y el tema se soluciona. De repente Indecopi puede ser una buena vía.
 
¿Qué solución daría Indecopi?
Está en la legislación concursal. Una vez formada la junta de acreedores, pueden tomar dos decisiones: liquidar la empresa, que significa vender los activos y con ello pagar sus deudas; y la otra alternativa, creo es lo que la mayoría desea, es que la empresa se reestructure y se determine cómo se llevaría a cabo el pago de las deudas a los acreedores. Ya no bajo la dirección de la empresa, sino bajo la decisión de los acreedores, quienes evaluarán los estados financieros y el cronograma de pagos para aprobarlo, de tal manera que todos tienen que aceptar ese mecanismo. Y el tema del PAM que camina de la mano. Así la empresa esté en Indecopi, no podríamos dejarla operar sin que nos diga cómo solucionará el PAMA.

¿Presentarse ante Indecopi puede postergar el cumplimiento del PAMA?
Mucho depende qué decidan los acreedores y hay que ver también si la deuda al Estado -que es el PAMA- se considera también un pasivo. Nosotros vamos a presentarnos por supuesto.
Ya nos dirá Indecopi si procede o no, porque hay opiniones divididas, algunos dicen que como es deuda de proyectos y no es deuda bancaria, no forma parte; otros dicen que sí, que se monetice, que se convierta en dinero y por lo tanto sí se incluye.
Nosotros nos presentamos y nos dirán sí o no; pero igual así se arregle la empresa, exigiremos el cumplimiento del PAMA.

¿El ministerio contratará asesoría externa para su defensa?
Por supuesto, para hacer las cosas bien. Creemos que La Oroya es una planta estratégica, porque allí se tratan muchos concentrados que no serían admitidos en otra fundición, genera valor agregado, genera 3.500 puestos de trabajo. Creemos que tiene una importancia económica dentro del país.
 
Incluso que salgan los minerales como concentrados, reduce el monto tributario.
Exacto. Menor impuesto, la empresa gana menos, porque recibe menos plata y el Estado gana menos impuestos, todos perdemos, a nadie le conviene.
Incluso, por más que los proveedores digan ‘no necesito a Doe Run porque estoy exportando directamente’, eso es falso porque están perdiendo dinero y el Estado también.
Habrá que encontrar una solución de todos modos, no queremos pensar en un cierre de La Oroya, no lo vemos así. La solución es complicada, pero hay que buscar una salida.
 
¿Confía en encontrarla?
Sí. Sino no estaría acá.

El Plan de Estímulo Económico impulsado por el gobierno marcha relativamente bien aunque no en la medida deseada, debido a la lentitud en la preparación de los proyectos de desarrollo por parte de los gobiernos regionales y locales, sostuvo el presidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño.

 

Sin embargo, explicó que como se trata de dinero del Estado “hay que ser muy prudentes en el gasto”, pues los desembolsos de enormes recursos requieren de expedientes técnicos bien hechos, los cuales deben ser agilizados.

“Se necesita reforzar las capacidades de los entes ejecutores de los proyectos”, demandó tras señalar que el programa gerencial “Servir” representará una gran ayuda en tal sentido.

Sobre los proyectos portuarios para el tráfico comercial de los concentrados mineros que se producen en el país, afirmó que cualquiera sea la iniciativa escogida -Callao, Ventanilla o Vegueta- debe concretarse ya, pues las inversiones mineras “no pueden esperar mucho”.

“La posición de la Confiep es que se tiene que encontrar una rápida solución, ya sea por aquí o por allá. Los concentrados minerales necesitan una salida de manera técnica, económica y ambientalmente apropiadas”, afirmó.

Recordó que la preocupación de los empresarios sobre el tema data de muchos años, y que en el caso del Callao se tomaron precauciones ambientales para el manejo de los concentrados, siendo el único punto de contaminación el embarque en la plataforma del muelle. “La solución de construir una faja encapsulada sigue siendo interesante, pero hay que ver si es compatible con los proyectos de ampliación del puerto chalaco”, advirtió.

Con relación al tema de la Responsabilidad Social y Pacto Global, reiteró que la Confiep sigue promoviendo la aglutinación de esfuerzos a nivel empresarial, a través de su instancia Perú 2021, y destacó que ése será el tema principal del XVIII Congreso Nacional de la Empresa Privada a realizarse en octubre próximo.

Resaltó que están en marcha dimodelos exitosos de responsabilidad social, que deberían replicarse a nivel nacional. “La decisión y la voluntad de los empresarios de ser socialmente responsable está ahí, incluyendo a las pequeñas empresas”, recalcó.

La era del gas de Camisea resultó ser más corta de lo que se esperaba. En la siguiente entrevista a ProActivo, el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, hizo declaraciones descarnadas sobre el futuro energético que le espera al país. Habla de pérdidas del orden de los 40 mil millones de dólares y de que el Estado peruano no recibiría ni un centavo por impuesto a la renta por la exportación del combustible. Aquí la primera parte.

¿Por qué se modificó el contrato de Camisea?

La modificación del contrato de Camisea es parte de la historia turbia del Perú. ¿Por qué? Porque Perú tradicional e históricamente no ha contado con capacidad en su administración pública para hacer buenas negociaciones de sus recursos.

El contrato de Camisea fue tratado por un grupo profesional bastante competente que dejó un marco legal adecuado. Camisea era el nacimiento del gas natural para Perú que desde hace mucho tiempo buscaba poner en marcha una tercera fuente de energía.

Diagnósticos de los años sesentas decían que Perú solo descansaba en el petróleo y la hidroenergía, y se necesitaba poner en valor otra fuente energética.

Lo intentó con la nuclear, no tuvo la suerte de Argentina que sí tuvo éxito. Lo intento con el carbón y tampoco tuvo éxito, hasta que apareció Camisea que tenía recursos considerables de gas natural y era ésta la tercera fuente de energía necesaria.

Entonces, como no existía precedente, que no sea local en Talara sobre el uso del gas, Perú tuvo que armar un marco legal para viabilizar estos proyectos, el cual partió de la ley 27133, que modificó temas puntuales de la ley de hidrocarburos, poniendo algunas condiciones diferentes para el gas.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, la primera es que ponía un tope de precio para el mercado interno, porque siendo una sola empresa la que iba a explotar Camisea, tendría un poder monopólico, entonces se defendía al consumidor interno de ese poder. Segundo, existiendo la posibilidad de contar con grandes recursos y que se fueran a exportar, se protegía la recaudación del Estado dando un precio mínimo sobre el cual había que pagar la regalía. Y tercero, se fijaba la prioridad para el mercado interno. Esas eran tres características que estuvieron en la ley 27133.

¿Qué puntualiza la ley?

La ley 27133 y su reglamento fue específica sobre qué se entendía como ‘prioridad del mercado interno’.

Ello significaba que cuando uno usa gas para estos proyectos, el que va a recibir el gas tiene que tener garantizado siquiera 20 años a futuro. Sobre ese marco legal se estableció el concurso de Camisea y las empresas que participaron, lo aceptaron y firmaron los contratos.

El proceso previo se desarrolló durante el gobierno del ingeniero Fujimori, y cuando llegó el gobierno de transición lo que faltaba era aprobar los contratos.

El gobierno de transición renegoció algunos temas de los contratos y levantó algo que le pareció un error: el haberle impuesto una moratoria a las centrales hidroeléctricas y después de haber renegociado términos económicos de los contratos. Después de ello, firmó los contratos.

¿Qué significó levantar la moratoria?

Que para abrirle espacio al gas natural, se había prohibido la construcción de centrales hidroeléctricas, porque se temía que el gas no podría competir contra ellas. En un balance económico, la central hidroeléctrica terminaba siendo más barata. Además, pese a que el gas era un ‘obsequio’ de la Shell, había que sacarlo de la selva, lo cual no es una tarea sencilla y exigía cumplimiento cabal con las especificaciones ambientales y compromisos sociales.

Se conocía de antemano los retos que tenía el proyecto y eso se llevó a la legislación, a los contratos, a los compromisos que hubo. Se quería que el gas entrase bruscamente al mercado interno.

¿Qué ofrecía Camisea?

En el gas de Camisea, habían dos tipos de energía: los líquidos que eran el 21 por ciento del contenido de energía del yacimiento, y el gas que era el 79 por ciento; pero ese 21 por ciento, que eran los líquidos, representaban más de la mitad de los ingresos.

La ecuación económica es que la empresa que entrase a explotar el yacimiento, solo con los líquidos se resarcía económicamente.Eso era lo que le quedaba como negocio, mientras que el gas era el negocio del país, lo que le daba la seguridad energética y le permitía lanzarse a modificar su matriz.

La eventualidad positiva era que existieran enormes reservas de gas, que no hubieran sido consumidas en 20, 30, 40 ó 50 años, con lo cual la forma natural de sacarles un beneficio era exportarlas. Por eso se dejaba en los contratos una ventanita para la exportación, siempre y cuando se cumplieran consideraciones de un pago mínimo y con preferencia al mercado interno por largo plazo.

Cuando se firmaron los contratos -aquí viene la parte negra de la historia- se intentaron modificarlos.

¿Cómo evaluó usted el contrato?

Fui ministro porque era un técnico. No tengo filiación política y trabajé en un gabinete -hablo de los demás, no de mí- con gente realmente encomiable.

Tuve el honor de tener a mi cargo la cartera de Energía y Minas, no tenía demasiado tiempo para ver los aspectos técnicos yo mismo, pero los comprendía rápidamente. Me di cuenta que el proyecto Camisea estaba bien planteado, que era de largo plazo.

Hicimos una reforma sobre el precio, otra sobre las centrales hidroeléctricas, y además un compromiso firmado con el Secretario de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica, que tenía por intención tener ciudades limpias y utilizar el gas en un mercado que no se había visto: transporte, industria y consumo residencial, que eran los sectores en los cuales se podía reducir el consumo de petróleo en Perú y dar una mejor calidad al ambiente. Preferíamos dejarle el campo eléctrico para la hidroenergía.

Cuando hubo el cambio de Gobierno, se intentó primero bajarle las regalías, y salí en esos momentos, pues tenía la responsabilidad de decir quién había firmado los contratos de Camisea y que no se podían bajar las regalías; pero noté desde el inicio que la intención era exportar el gas, o sea limitar la seguridad del mercado energético peruano.

¿Qué medida tomó?

Me acuerdo que el 2002 ó 2003, cuando hubo el intento de cambiar el reglamento de la ley 27133, envié una carta extensa al ministro de Energía y Minas, diciéndole porqué no podía o no debía cambiar el reglamento.

No lo cambió. Esperó unos meses, vino un nuevo ministro y el nuevo ministro, recién llegado y antes de que conociera bien el término, firmó el reglamento.
El doctor Flury fue quien desgraciadamente firmó el documento, pero no estaba al tanto del tema. Seis meses después volvió su antecesor y siguió con el camino.

¿Qué modificación específica le hicieron al reglamento?

La esencia del tema es que el marco legal que existía decía: ¿usted quiere exportar gas?, puede hacerlo, pero encuentre.

O sea, ponga su dinero, ponga dinero de riesgo, explore, encuentre gas y si llega a tener una cantidad de gas suficientemente grande, que asegure 20 años del mercado interno, y que todavía tiene excedentes, esos excedentes los puede exportar.

¿No se comprometía Camisea 1?

No se comprometía ni siquiera Pagoreni. Cuando uno hace los cálculos y ve las proyecciones, el proyecto de exportación no podía comenzar el 2004, tenían que pasar siquiera 5 años.

Si se iniciaba por ejemplo, en el mejor de los casos, en el año 2004, llegando a su año número 20, para poder exportar, tenía que haber en el mercado gas suficiente para los siguientes 20 años de Perú, o sea tendría que haber gas para 40 años.

Uno hacía los cálculos y se daba cuenta que las reservas de Camisea cubrían ese horizonte.

Es más, recibí un documento de Pluspetrol con el cálculo de cuánto se necesitaba para los 40 años, ellos tenían la obligación, y se requerían 11 tera pies cúbicos, lo cual dejaba un déficit respecto a las reservas probadas que se tenían, incluido Pagoreni, de 4 tera pies cúbicos.

Es decir, los cálculos y todo del nivel de reservas probadas que tenían los lotes 88 y 56, no alcanzaban, y eso en los cálculos mismos hechos por el concesionario del campo. Yo tengo los documentos.

Sin embargo, el equipo de gente interesado en la exportación no quería invertir dinero en explorar, quería llevarse lo que había y lo que hicieron fue contarles un cuento a los políticos, que les encantó creer.

Tanto en el régimen anterior, como el actual, tienen la misma responsabilidad. Todos estaban vendiendo la piel del oso que no habían cazado.

En el mundo, de cada 10 perforaciones que se efectúan, sólo una tiene éxito. Esto quiere decir que la tasa de acierto de los mejores geólogos del mundo es de 10 por ciento. Ese es el nivel de conocimiento que tiene la ciencia actualmente y por lo tanto nadie puede decir a ciencia cierta a cuánto ascienden las reservas de gas.

Pero comenzaron a salir personas que hablaban al respecto y la prensa presentaba como expertos a personas cuya profesión era derecho.

Me acuerdo de un señor que salió a hablar de geología y que no conoce nada del tema ni está moralmente autorizado para tocarlo. Eran lobistas que metían la idea en la opinión pública de que había grandes cantidades de gas. Eran las reservas soñadas, especuladas, pero no las reservas reales, y sobre eso que se iba a encontrar, los Gobiernos aceptaron ir modificando los contratos.

¿Cuál era la reserva real?

La reserva real eran 6.8 TCFs, eran las mismas reservas que habían al inicio.

Recientemente el ministro Pedro Sánchez, que creo que no estaba al tanto del tema, cuando leyó, o cuando su director general de hidrocarburos le dijo que habían 18 TCFs, él lo creyó, y pidió que lo publiquen, y a la hora de publicar o leer los informes ¡oh sorpresa!, no eran 18, eran 8. Estaban haciendo pasar gato por liebre.

Es decir, son conceptos absolutamente distintos las reservas probadas que es lo que se conoce a ciencia cierta y sobre lo que se pueden tomar compromisos y hacer inversiones; a las reservas especulativas. Estaban haciendo pasar por reservas probadas lo que era el mejor escenario de reservas especulativas bajo tierra, es decir, ni siquiera todo es recuperable.

Y aún cuando uno pone escenarios de recuperación de 78 por ciento, son escenarios bastante optimistas. Al país le iban dando el mensaje que aumentaban las reservas.

Entonces, yo supongo que el ministro dijo ‘si tenemos tantas reservas, publiquemos todos los documentos para que no me estén molestando’, y cuando se publicaron los documentos ¡sorpresa!, solamente habían 8 – 8, 6.8 en Camisea y un poco menos de 2 en Pagoreni, y cuando se firmaron los contratos, lo que había en Camisea con reservas recuperables era 6.8, es decir no se había crecido gran cosa.

El ministro en una entrevista para La República cuenta que este mismo informe de cuantificación de reservas ha estado disponible en los años 2005, 2006, 2007 y 2009. He leído cuidadosamente los documentos del 2009 y tengo copia de los anteriores, y en el documento del 2009, la firma (auditora) dice que ya ha hecho esos mismos trabajos en los años anteriores.

El ministro Pedro Sánchez cita las cifras en esos años y la terrible conclusión a la que llego es que cuando en el 2005 se emitió el Decreto Supremo 050 de ese año -que permitió la modificación del contrato de Camisea- las reservas probadas no alcanzaban para el mercado interno ni para la exportación. Se subvaluó las necesidades del mercado interno.

Veo allí responsabilidades terribles y no veo por qué el Poder Judicial no actúa, por qué los procuradores no actúan sobre ese caso.

¿Por qué el procurador debe hacer la denuncia?

¡Pues por falsear las cifras! y grave perjuicio económico para el país.

Uno lo puede encontrar en el contrato firmado donde ya no interviene el Estado, entre la gente del consorcio que explota el lote 88 y el consorcio que compra el gas para procesarlo y luego exportarlo, establece que la primera prioridad la tiene hasta la cifra de 3.97 tera pies cúbicos el mercado interno, que eso es lo que establecía el estudio del ministerio, y el resto es para exportación.

Aparece por allí una tercera prioridad, que decía que de Camisea se le dejaba a Perú 3.97, o sea 4 TCFs y que el resto es para exportación.

¿Cuál sería la acusación?

Primero debe preguntar por qué se reservaron solo 3.97 TCPs para el mercado interno, porque cuando se hace el cálculo de los 3.97, se dice que eso es lo más que podría consumir Perú en el más exigente de los escenarios en 20 años. Sin embargo, al año y cuatro meses ya la cifra no era 4, sino 6, es decir ya había habido 50 por ciento de error en el cálculo; y dos años después, las necesidades ya estaban por 8 ó por 9.

Lo otro es que los contratos dicen claramente que se trata de reservas probadas. El ministro (Pedro) Sánchez declara que las reservas probadas han sido mucho menores que las que se decía que había y el Gobierno ha aceptado los contratos de exportación, diciendo que habían reservas mucho más grandes.

En uno de los documentos del IFC, cuando supongo que los encargados del proyecto lo presentan al directorio para pedir el crédito, dicen que las reservas son un punto débil.

Ellos reconocían y suponían que las reservas eran 11 ó 13 TCFs que eran un punto débil, pero luego añaden que el MEM dice que entre probadas, probables y posibles tienen 30 TCFs y con eso el camino queda allanado. ¿Por qué el ministerio dijo que tenía 30 y por qué las cifras oficiales del Ministerio han ido hablando de 13, de 15? y no estamos hablando de que la gente de prensa anotó mal, o entendió mal o escuchó mal, están escritas en las notas de prensa que son escritas por el propio MEM. Esto es un tema tan vergonzoso.

Inicialmente todo lo que era Camisea gas, quedaba para Perú.

No solamente Camisea. La ley decía que todas las reservas probadas de gas que existían en Perú, eran primero para Perú, y que sumando todas esas reservas, había que tener cubiertos 20 años a futuro de demanda creciente, antes de poder exportar, eso es lo que decía la ley primigenia.

Entonces todo esto lo cambiaron, para que sin tener que invertir en exploración ni nada, le dieran a la empresa las reservas para la exportación.

¿Cambiaron el reglamento?

Lo cambiaron en la ley, en el reglamento y en los contratos.

La ley la cambian durante el gobierno del doctor Toledo. En el caso del cambio durante la gestión del doctor Flury (Energía y Minas), todavía era inocuo porque estaba protegido por la ley y por el contrato.

Si querían hacer algo del contrato, el contrato estaba protegido porque había recogido lo que decía el reglamento.

Mire los cambios que se han hecho en el contrato. Si vemos el nivel de precios internacionales que hay hoy en día, Pluspetrol y el consorcio de Camisea al sacar el gas del lote 88 no puede dejar de pagarle al Gobierno las regalías.

Antes del cambio de los contratos, el porcentaje de regalías era 37.24 por ciento y se pagaba como mínimo sobre 60 centavos, como una fórmula de escalamiento que estaba en función de los precios del combustible.

Si era 60 centavos con precios del combustible, cuando estaba en menos de 30 dólares el barril, hoy día que son 70 dólares el barril, eso se habría convertido en 1.20 ó 1.30 dólares. Es decir, como mínimo se pagaría en regalías, según esa fórmula, 37.24 por ciento sobre 1.20 ó 1.50 dólares.

Hay una nota de prensa del Ministerio de Energía y Minas, que anuncia Pagoreni y dice ‘se obtuvieron regalías más altas que Camisea’, eso mismo se puso después con los contratos que permitieron modificar Camisea, dentro de Camisea.

¿Cuál es la realidad de Camisea, bajo los precios internacionales actuales? Que la regalía no es 37, sino 30 por ciento y que se paga no sobre los 60 centavos, sino más o menos 50 centavos de dólar.

¿Y por qué ya no es 37?

Esos cambios se hicieron después de hechos los contratos y después que la licitación fijara una regalía de 37. Porque ni el reglamento ni la ley autorizan eso. Bajaron la regalía sin motivo alguno. ¿Pero sabe qué es lo peor?, cuando Pluspetrol saca ese gas, al sacarlo le tiene que pagar al Estado la regalía, y ¿sabe a cómo se lo compra Perú LNG en esos momentos?, le paga sólo la regalía, o sea el gas es gratis.

Si el precio internacional del gas está entre 3.50 y 4 dólares el millón de BTU, vistos los contratos entre las partes, resulta que Perú LNG le paga por el gas a Pluspetrol sólo la regalía.

¿Por qué?

Ese es el contrato que han hecho entre ellos. ¡Qué están buscando con eso!, obviamente no pagarle impuestos al Estado, o sea le han disminuido la regalía y no le pagarían ni un centavo del impuesto a la renta porque no tienen renta. La regalía es un costo y si se la venden al precio de la regalía, se la está vendiendo al precio de costo. Eso es terrible.

Esos contratos han estado en el Ministerio de Energía y Minas, yo no sabía que fueran como contratos públicos porque eran entre partes, pero del alguna forma han estado en el Ministerio de Energía y Minas.

A raíz de unas presentaciones, me buscó una empresa, me dio una copia de los contratos y me ha mostrado los documentos que los contratos han sido pedidos al Ministerio de Energía y Minas, o sea son reales, hay una versión en español y otra en inglés.

¿Están en el portal?

No están en el portal. Creo que deberíamos pedirle al Ministerio de Energía y Minas que los ponga en el portal.

Es decir, toda la renta del gas se usa para pagar el proyecto de la planta de Perú LNG.

Ese proyecto fue una aventura, jamás fue un proyecto realista, porque quien está metido en temas de negocios y economía, sabe que lo que una vez sucedió puede volver a suceder.

Así como los precios de gas habían alcanzado picos de 14 dólares, también alcanzaban vallas de 2 ó 2.50 dólares, o sea que termine vendiéndose a 3, 3.50 ó 4 dólares, estaba dentro de lo posible.

En los contratos firmados, todo el riesgo es del Perú. Es decir, si el precio es 3.50 ó 4 dólares, a Perú le pagan una regalía mísera de 15 céntimos y el resto va gratis.

Todo el costo que se acumula, sirve para recuperar la inversión de una planta (la de Pampa Melchorita) que ni siquiera ha dejado un pedacito para dar gas licuado dentro de Perú, todo es para exportación. Allí veo responsabilidades gigantescas.

En su gestión nació la idea de construir la planta de Pampa Melchorita.

Había la idea de exportación. Era bajo el escenario de los contratos que protegía el mercado interno.Quien se lanzaba a la exportación del gas podía exportar dos, tres o cuatro años, después ya no podía, a menos que encontrase cantidades importantes de gas.

El riesgo de lanzarse a exportar era su problema, al cuarto año el Estado le paraba el proyecto si no había encontrado mayores reservas de gas. Tenía que venir una inversión muy fuerte y ubicar nuevas cantidades importantes de hidrocarburos antes de poder exportar.

Laureano del Castillo calificó de “pecado original” la falta de consulta a los pueblos nativos y consideró que la institucionalidad forestal en el país requiere ser fortalecida. Aquí la entrevista que concedió a ProActivo, el responsable del programa de Desarrollo Rural, Institucionalidad y Democracia del CEPES, en el marco del Seminario “El Derecho Ambiental en el Perú y Latinoamérica”, organizado por el Estudio Grau.

 

¿Qué motivó lo ocurrido en Bagua y qué opina sobre la reacción del Gobierno?
Tenemos que recordar que no es un problema de los últimos días. Digamos que el desenlace o la explosión recién se produce, pero es un tema que viene de muy atrás.
El antecedente inmediato de estas protestas se dieron en agosto pasado, en la región amazónica, por los decretos legislativos aprobados entre marzo y junio del 2008.
En ese momento, el Congreso logró la derogatoria de dos decretos que afectaban a las comunidades campesinas y nativas, y se quedó en constituir una Comisión que los revisara, pero el Congreso no cumplió con su parte que era discutir ese informe.
Entonces lo que se genera hace dos meses es una nueva protesta por incumplimiento de esos acuerdos, pero que en el fondo refleja desatención y desconocimiento de la realidad del mundo amazónico.

 

¿Hay responsables?
Creo que hay responsables. No son aceptables los hechos de violencia y menos aún con el saldo de dolorosas muertes de policías y nativos.
Fallaron varias partes. Falló el Ejecutivo en dejar que esto tuviera un desenlace después de más de 50 días de desatención. Por otro lado, la intransigencia de la dirigencia de los nativos en el planteamiento a fardo cerrado de la derogatoria de los decretos.
La cerrazón pudo más, y frente a una decisión y un planeamiento errado de las fuerzas policiales, terminaron en el lamentable saldo que conocemos.
Pero creo que se han dado pasos importantes en el Congreso, pues se aprobó la suspensión de este decreto. Espero que eso permita discutir serenamente qué cambiar y establecer en nuestra legislación.

 

¿La suspensión significa volver a la ley anterior?
La figura de suspensión de una norma jurídica y de una ley en concreto, no es común. Lo común es que una ley se aprueba y entra en rigor -de acuerdo a lo que dice la misma norma y a falta de precisiones en la ley- al día siguiente de su publicación.
Entonces, que se suspenda una norma es un hecho extraordinario y que se suspenda de manera indefinida es aún más extraño.
En la práctica se trata de una virtual derogatoria. ¿Por qué no se derogó? Creo que por razones políticas, por viabilizar un punto medio. Ni la derogo, ni la pongo en aplicación, ni doy un plazo muy breve.
La fórmula en el Congreso ha sido: Dejamos en suspenso (el D.L.1090) y mientras, para no generar un vacío jurídico, se aplica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 2000.

 

¿Es válido?
En términos formales es válido. La decisión es del Congreso. Recordemos que su función principal es aprobar leyes, derogarlas y modificarlas. El principio en derecho es que el que puede lo más, puede lo menos, si puede modificar y derogar la ley, puede dejarla en suspenso.
Lo que se ha hecho es viabilizar un momento indefinido.

 

¿Cuál es el aspecto positivo de esta suspensión?
Son varias cosas. Hay que reconocer que el 1090 desde el inicio fue objeto de muchas críticas, por parte de distintos sectores: nativos, gremios agrarios, ONGs y profesionales vinculados a la temática forestal. Pero recordemos que también en virtud de presiones, sobre todo de los Estados Unidos, se dieron las modificaciones inspiradas en el Tratado de Libre Comercio o Acuerdo de Promoción Comercial para ser más precisos.
Se hicieron modificaciones en octubre del año pasado y luego una adicional. Buena parte de sus aspectos negativos fueron corregidos con esta normativa, pero hay un defecto, una suerte de pecado original, que a estas alturas de nuestra historia no se puede ignorar: la vigencia del convenio 169 que manda que el Estado peruano siempre que dé normas que afectan a la vida y organización de las comunidades nativas, les consulten. Al no haber esas consultas se exacerbaron los cuestionamientos.

 

¿Cómo podría contemplarse esto en la nueva norma?
Hay que reconocer que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 2000 es una buena ley, en la que incluso se hablaba de concesiones y derechos de las comunidades nativas para aprovechar el bosque, y de bosques comunales. Creo que hay aspectos como ese que hay que rescatar.
Habría que ver cómo se avanza sobre la base de esta ley y qué agregados y mejoras se hacen, para dar más posibilidades a los pueblos indígenas en el mejor aprovechamiento de los recursos forestales y de sus territorios.

 

¿Cuál sería la principal mejora que requiere esta ley?
Uno de los aspectos principales, aunque creo que eso excede el marco legal, es lo relacionado con el fortalecimiento de la institucionalidad forestal y la necesaria dotación de recursos a dicha autoridad, para aplicarse lo dicho, sea en la ley del 2000, sea en la ley del decreto legislativo del año pasado. De lo contrario podemos tener una ley muy bonita, pero sin fortalecer la institucionalidad ni dotarla de recursos, poco podemos avanzar.

 

¿Qué recomienda para que se dé una legislación que esté dentro del contexto nacional?
La recomendación es que se trata de mejorar la ley y de discutir en torno a la mejor organización, y esto se daría por reconocer también a las instancias regionales. No podemos olvidar que estamos en medio de un proceso de descentralización. Hay que ver qué aspectos de la autoridad forestal se le delegan, aunque en la ley orgánica de los gobiernos regionales ya reconoce facultades a los gobiernos regionales en materia forestal.
Hay que crear también mecanismos de la sociedad civil y de las propias organizaciones nativas y, complementariamente con este reforzamiento institucional, tiene que haber recursos. De nada vale una buena ley o una buena autoridad, pero que no tiene los recursos para hacer estudios, para fiscalización, para supervisión y en general, para preservación de un recurso natural que es de todos los peruanos.
Estamos en presencia de distintos mecanismos que apuntan a lo mismo: La revisión de una norma que nació con un pecado original y que debía ser mejorada.
El momento es óptimo, pero eso supone también tener el ánimo de llegar a acuerdos, de respetar el derecho del otro, pero también que se nos respete el propio derecho. En Perú no tenemos mucha experiencia al respecto, pensamos, sobre todo cuando llegamos a las instancias de gobierno, que consultar y dialogar es sentarnos a que nos escuchen, y diálogo supone decir y escuchar al otro, no solamente para saber cómo lo contradecimos, sino para ver qué cosas son aplicables y no habíamos tomado en cuenta.
No debemos repetir hechos lamentables como los de la semana pasada y creo que deberíamos abrir no solamente los oídos, sino los corazones.

 Acuerdos con nativos son vinculantes

“Estamos en el compromiso de la derogatoria de los Decretos Legislativos 1064 y 1090”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, el 15 de junio, tras afirmar que los pactos en la mesa de diálogo con las comunidades nativas serán vinculantes.
Simon Munaro, dijo que se unirán las bases para el desarrollo de toda la amazonía, pues sus problemas de fondo son la falta de salud, educación en su idioma, carreteras, y en general, mejores condiciones de vida.
“Los nativos son los olvidados históricos, no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos, tenemos que reivindicarnos como sociedad frente a ellos, no solo el gobierno, no nos podemos lavar las manos, el Perú tiene responsabilidad con la amazonía”, acotó.
“Hemos hecho lo que tenía que hacer todo buen peruano, hoy día en el Perú hay paz, tranquilidad, hay conversación, y va a permitir a todos conocer lo que significan las comunidades nativas”.
En la reunión participaron miembros de los gobiernos locales y regionales de la amazonía, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Miguel Cabrejos y el presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, entre otros.

 

CIDH* condenó violencia en Bagua

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “enérgicamente” la violencia que causó la muerte de unas 33 personas, entre ellas 24 policías, en Bagua, región Amazonas, y llamó a “promover un proceso de diálogo” para resolver el conflicto que enfrenta a los indígenas contra el Gobierno peruano.
Mediante un comunicado, el organismo adscrito a la OEA, recordó al Estado peruano, que “su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias”.
Asimismo, hizo un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos, a la par que expresó la importancia de “adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta”.

* La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 Zavala: Perú reaccionó legalmente

El Gobierno peruano defendió ante la OEA su “ejercicio legal” durante los hechos de violencia y aseguró que realiza “todos los esfuerzos necesarios” para esclarecer los sucesos.
“El Estado peruano, ante una conspiración contra el sistema democrático, respondió con el ejercicio de las atribuciones que le reconoce la Constitución, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos comprometidos en estos lamentables actos”, sostuvo la embajadora peruana ante la OEA, María Zavala.
El Estado “realiza los esfuerzos necesarios para esclarecer estos trágicos hechos dentro del marco que corresponde a una democracia y a un Estado de Derecho”, remarcó Zavala, durante la sesión extraordinaria que celebró el Consejo Permanente de la OEA en su sede en Washington con motivo de los violentos sucesos.
“El gobierno del presidente Alan García utilizará los mecanismos, el diálogo y el marco legal para solucionar satisfactoriamente este impasse doloroso que hemos afrontado”, agregó la diplomática.