Luz Herquinio Alarcón, responsable de Oficina Defensorial de Puno. (Foto: Los Andes)
Según el reporte de Defensoría del Pueblo, Puno sigue siendo una de las regiones con mayor índice de conflictos en el país, actualmente registra 18 conflictos sociales, y cuatro de ellos podrían estallar en cualquier momento, debido a que son considerados de alto riesgo.
“Requerimos una coordinación permanente con las autoridades para monitorear y prevenir los conflictos, pero el problema es cuando se convierten en crisis, que genera violencia, con fallecidos y heridos”, indicó Luz Herquinio Alarcón, responsable de Oficina Defensorial de Puno.
De los considerados de mayor riesgo, se encuentra el caso del proyecto minero Huacoto de la empresa Ciemsa, en Orurillo (Melgar), la misma que se encuentra paralizada por rechazo a la actividad minera; mientras que la minera Sillustani en el distrito de Quilcapunco (San Antonio de Putina), que se encuentra judicializado por pasivos ambientales.
La más expuesta a un grado de amenaza, es la minera Ciemsa “El Cofre”, en el distrito de Paratía (Lampa). Las comunidades aledañas exigen la renegociación del convenio; con el acuerdo vigente la mina implementó un centro de salud.
Finalmente, se encuentra el proyecto aurífero Santa Ana, ubicada en el distrito de Huacullani (Chucuito), que en mayo del 2011, generó violentas protestas, con bloqueo de vías, y quema de Aduanas y la Gobernación Puno.
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