Recursos están destinado a proyectos en los próximos dos años y medio. Fipes señala que en el Conafu existen 50 proyectos ya aprobados de nuevas casas de estudio.
A 24 horas de que el proyecto de nueva Ley Universitaria promovido por Daniel Mora fuera aprobado por la comisión de Educación, la corriente de rechazo a la misma se acrecentó.
Esta vez las voces de alerta no solo llegaron desde el plano académico, sino constitucional (ver otrosí digo) y hasta empresarial (ver pág. 3). Y en el caso del oficialismo, que durante los trece meses de debate apoyó la iniciativa en el Congreso, el mutis ha sido absoluto.
El impacto que podría tener la medida también puede ser económico, pues se estima que pone en riesgo US$ 1,200 millones de inversión por parte de las universidades privadas, según coincidieron fuentes del sector educativo y hasta congresistas opuestos a la ley que impulsa Mora.
Esas mismas voces indicaron a Gestión que dicha inversión estaba prevista para un periodo de dos años y medio, antes de que se concluyera la aprobación del proyecto.
Sin embargo, la medida genera incertidumbre entre las casas de estudio, pues la ley podría acabar con los beneficios tributarios para quienes revierten sus utilidades, por ejemplo.
Peligro de inversión
El presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), José Dextre, nuevamente salió a cuestionar la iniciativa. Indicó que atenta contra un sector que ha generado altos niveles de calidad y de inversión.
“El sector educación es igual que cualquier otro sector económico. Pero sucede de que hay una ideología burocrática, controlista, estatal presente en la mayor parte de los líderes educativos, quienes consideran que el mercado es un pecado en el tema educativo”, advirtió en diálogo con Gestión.
Incluso, señaló que el proyecto, que ahora espera ser visto por el Pleno del Parlamento, pone en riesgo inversiones futuras.
En tal sentido, reveló que existen unos 50 proyectos de universidades que están en la etapa “de desarrollo institucional aprobado y habrían más o menos otros 20 presentados a la Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades (Conafu)”.
Es más, refirió que con una norma como la de Mora, proyectos como el de la UTEC, quizá nunca hubieran visto la luz.
Gonzalo Galdós, rector de la UPC, precisó a este diario que el grueso de la inversión de las universidades se destina a infraestructura y el resto a equipamiento. Pero más allá de eso indicó que hay riesgos de libertades mínimas. (ver nota vinculada).
La otra batalla
Dextre admite que las finanzas de las universidades privadas deben ser fiscalizadas por la Sunat, también valora el papel que juega Indecopi, pero rechaza una supervisión de parte de un organismo adscrito al Ministerio de Educación, como sería una superintendecia, y que incluso pretende decidir el nombre de sus autoridades, como lo pretende la ley que impulsa Daniel Mora y el oficialismo.
La batalla por la norma, implica ahora no solo el pleno del Congreso, pues Dextre adelantó que esta debe pasar por el filtro del grupo de Constitución.
En este caso señaló que su gremio ha encargado a los abogados Domingo García Belaunde y Víctor García Toma una opinión legal sobre la nueva ley Universitaria. El segundo ya la calificó de inconstitucional. (Ver dato).
El titular del Fipes, precisó que la iniciativa de Mora debe de pasar también por la Comisión de Presupuesto, pues también tiene implicancias económicas en la caja fiscal “al plantear determinadas homologaciones que también generarán un problema presupuestal a la educación pública”.
“Hay peligro de ser juez y parte”
El rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Gonzalo Galdós, manifestó que la nueva ley universitaria puede convertir a la Superintendencia, que crea y que adscribe al ministerio de Educación, en un juez y parte, en el caso de las acreditaciones.
Y es que Galdós sostuvo que será dicho organismo el encargado tanto de evaluar la calidad de las casas de estudio como de entregar acreditaciones.
Sostuvo que el peligro es mayor si se tiene en cuenta que el propio Daniel Mora ha dado un plazo de siete años a la universidades para acreditar sus facultades. En caso contrario, las cerrará, advirtió. Galdós también manifestó que otro peligro de la ley es que esa misma Superintendencia será la que determine qué carreras se dejarán de dictar y qué carreras deben ser las que ofrezca el mercado, con lo que transgrede la autonomía de las universidades e incluso la de las personas.
OTROSÍ DIGO
Crítica. El Constitucionalista Víctor García Toma dijo en canal N que si bien se requiere de una reforma universitaria el dictamen aprobado contiene una norma inconstitucional que es la creación de la superintendencia que de alguna manera pone a las universidades dentro de la férula del ejecutivo. “Es inaceptable porque propicia la participación del ejecutivo en la vida institucional de las universidades”.
ENTREVISTA
‘Debate del dictamen debe ampliarse’
Juan Carlos Morante
Rector de Universidad Antonio Ruiz de Montoya
¿Qué acciones tomarán?
Estamos en reunión permanente y ver qué acciones tomaremos, incluso legales en caso fuera promulgada la ley. Esperamos que no se llegue a eso. Se puede ampliar más el debate.
Se dice que la universidades no quieren cambiar
Hay diversidad de universidades. Una sana política es la que promueve e incentiva la calidad de todas y a nivel de la universidades públicas se requiere de una fuerte inversión del Estado sino cómo se pretende que haya investigación.
¿Cómo debería ser un proceso ideal de acreditación?
Debemos hacer que la acreditación se convierta en un proceso obligatorio y con una serie de plazos y mecanismos.
¿Qué es lo que más le preocupa del dictamen de la nueva Ley
Universitaria?
Nos preocupa el carácter de esta ley, si bien es cierto que se necesita una nueva ley universitaria, consideramos que se requiere mayor debate.
Gestión