Foto: Andina
TAMBIÉN PRORROGA ESTADO DE EMERGENCIA EN URARINAS Y PARINARI
El Gobierno inició el proceso de implementación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo de Saramurillo, región Loreto, en reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La cita, desarrollada en la sede institucional del Ministerio de la Producción (Produce), contó con la participación de medio centenar de representantes de los ministerios de Energía y Minas, Salud, Ambiente, Educación, Agricultura, Cultura, Transporte, Justicia, Inclusión, Economía, Comercio así como Petroperú.
Los sectores aprobaron la Matriz de Seguimientos de Acuerdos de Saramurillo así como las acciones de coordinación intersectorial para dar cumplimiento a los citados acuerdos y tomar las primeras medidas como prorrogar el estado de emergencia en los distritos de Urarinas y Parinari en Loreto.
El pasado lunes se publicó el reglamento de uso del fondo de remediación ambiental en la amazonía, en atención a un ofrecimiento hecho por el premier Fernando Zavala a las comunidades nativas de Saramurillo que realizaban una jornada de protesta de tres meses tras los derrames de crudo.
El Ejecutivo, a través de una comisión de gobierno encabezada por el titular de Produce, Bruno Giuffra, llegó a un entendimiento, el 15 de diciembre, con las comunidades nativas de las provincia de Loreto -en la región del mismo nombre-, luego de más de 24 horas de negociación en la Mesa de Diálogo.
Estado de Emergencia
Como parte de las medidas a favor de las comunidades indígenas, el Gobierno prorrogó hoy por 60 días calendario, a partir del 29 de diciembre de 2016, el estado de emergencia en los distritos de Urarinas y Parinari, de la provincia de Loreto, en la región del mismo nombre, por impacto de daños originados por el derrame de petróleo crudo en el Tramo I del Oleoducto Nor Peruano (ONP).
Mediante Decreto Supremo N° 094-2016-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se precisa que la finalidad es continuar con la ejecución de las acciones de excepción inmediatas y necesarias, destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas, así como de reducción de muy alto riesgo, en salvaguarda de la vida e integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado en dichas zonas.
Fuente: Andina