Investigador Jorge Sotelo Salas (Foto: La República)
La minería informal, actividad que contamina el medio ambiente y evade impuestos, irrumpió en Puno y Madre de Dios durante la década del ochenta y noventa; y luego se expandió por Arequipa, principalmente en la provincia de Caravelí. En el 2002 sale la primera ley para la formalización, que no dio resultados. En 2012, se dictó el decreto ley N° 11005 que refuerza la ley del 2002 y establece sanciones para los infractores. Para el 2014 ya debió terminar la formalización, pero se amplió a junio del 2016. Jorge Sotelo Salas es un investigador social que revisó a fondo la problemática de la minería informal. Publicó el libro Macro Región Sur: Formalización Minera, Realidad y Fracaso. Ahí sostiene que el proceso de formalización implantado por este gobierno fue un fracaso.
¿Porqué el proceso de formalización minera fracasó?
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, en diciembre del año pasado se registró que sólo siete de las 70 mil declaraciones de compromiso habían logrado su formalización. Y de esas siete, tres están en Arequipa.
¿Cuántos mineros informales se estiman en el país?
El número de mineros entre informales (aquellos que explotan concesiones sin permiso en áreas aptas para la actividad) e ilegales (los que extraen mineral en zonas prohibidas y nunca serán formalizados) es difícil de calcular. Urresti dijo que eran 100 mil y en el Ministerio mencionan 300 mil. En el Instituto Peruano de Economía hablan de 500 mil, pero yo estimo, por mi investigación, que son 350 mil. Hay un millón de personas que dependen de esta actividad en el país.
¿Cómo se diferencia a la minería artesanal de la informal?
Por la cantidad de mineral que procesan a diario. Se estima que un tercio de la producción nacional de oro proviene de la minería artesanal e ilegal.
¿La minería informal e ilegal siempre apunta al oro?
El 95% de los mineros están vinculados al oro. También a los minerales no metálicos, por ejemplo, la obtención de la arena piedra, greda para la industria de la construcción.
La ley de formalización es para todos por igual pero sabemos que cada región tiene una realidad diferente.
La ley fue dada con una visión esencialmente burocrática, vertical y centralista. Sin conocer la realidad de la minería se delegó esta tarea a los gobiernos regionales para que ejecuten la formalización. Éstos no tienen capacidad económica y de personal para atender a un número elevado de informales.
¿Cuál es la principal traba para formalizarse?
Uno de los obstáculos es el elevado costo que implica los estudios ambientales, que asciende aproximadamente a 20 mil dólares. El minero informal no está acostumbrado a pagar y cumplir con los requisitos.
Nota del Editor: Aunque también se sostiene que otro problema es la propiedad de los terrenos. Los informales trabajan en terrenos de terceros. Para haber formalización debe haber acuerdo entre el concesionario y el actual inquilino. No hay acuerdo porque los informales no quieren pagar el alquiler fijado por los dueños de la concesión. Ahí está el entrampamiento.
¿Qué busca el Estado con esta ley, captar más impuestos o proteger el medio ambiente?
El espíritu de la norma es recaudar más impuestos, pero también preservar el medio ambiente. Con la ley se identifica cuanto terreno está siendo ocupado por los informales.
¿Cuantas concesiones hay?
Hay 20 millones de hectáreas concesionadas, pero sólo el 2% de éstas se explotan.
¿En manos de cuántos están esos terrenos concesionados?
A nivel de la macrorregión sur son 35 mil mineros informales en 5 mil 909 concesiones mineras. De éstos, un tercio pertenece a 90 empresas, 18 a grandes mineras nacionales y el resto está vinculado a empresas extranjeras. Casi el 60% del total de mineros de todo el país está en la macrorregión Sur. Arequipa ocupa el primer lugar con el mayor número de informales registrados, son 14 mil.
Si bien las concesiones no se revierten, ¿el Estado no puede recuperar a aquellas donde no se trabaja?
Eso es otro de los problemas de la formalización. La concesión rige mientras el titular pague sus derechos.
Se trabaja una formalización sin una base de datos. ¿No hubiera sido mejor hacer un censo minero?
Sí, debió haber un censo, igual como se hizo con el censo agrario. Pero ni siquiera transfirieron recursos a las regiones para el proceso de formalización.