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Registro de insumos para combatir minería ilegal estará listo en un mes

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Foto:ANDINA/Juan Carlos Guzmán
Foto:ANDINA/Juan Carlos Guzmán

—El alto comisionado para la minería ilegal destacó que el registro permitirá una mejor fiscalización de esta actividad ilícita.

El registro único de compradores de cianuro y mercurio, herramienta que busca frenar la minería ilegal en el país a través de un mayor control y fiscalización de los insumos que emplea, estará listo el próximo mes.

El alto comisionado para la formalización de la minería, Daniel Urresti, afirmó que en este momento el Ministerio de Energía y Minas elabora los estudios técnicos para fijar los volúmenes de químicos que se podrán adquirir y los requisitos que deberán cumplir las empresas para ingresar al registro.

“Cuando salga el registro para los consumidores de cianuro y mercurio, tendrán 90 días para registrarse en la Sunat y a partir de esa fecha, después que el registro se cierre, esas personas inscritas serán las únicas que podrán comprar mercurio y cianuro”, comentó el funcionario.

Marco normativo

En esa línea, el Congreso publicó ayer el marco normativo que facilitará la creación del registro y el establecimiento de medidas para el control y fiscalización de los insumos químicos utilizados en la minería ilegal. “Esta ley lo que permite es controlar mediante decreto supremo insumos químicos e hidrocarburos a nivel nacional para minería ilegal en aquellas zonas donde sabemos que ingresa combustible para ser utilizado por la minería ilegal”, explicó.

Urresti afirmó que la próxima semana empezarán a evaluar los sistemas de abastecimiento de combustibles y químicos en las zonas donde se desarrolla la minería ilegal para determinar los volúmenes que se desvían.

Madre de Dios con plan

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó el “Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios”, con el objetivo de promover el desarrollo integral de la región, con especial énfasis en las zonas afectadas por la minería ilegal.
Esta iniciativa también busca integrar a otras actividades productivas a los casi 20 mil trabajadores que dependen de esta actividad ilícita en el departamento.

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