Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
¿Desde cuándo la Defensoría reportó la existencia del Conflicto de Tía María? ¿Cuáles son los episodios que se han presentado en este conflicto
El ciclo de este conflicto tiene dos momentos: uno primero que se inicia en agosto del 2009 (reporte de conflictos N° 66) en el que se producen enfrentamientos y mueren tres personas, cincuenta resultan heridas y el Estudio de Impacto Ambiental es declarado inadmisible por el Ministerio de Energía y Minas, con lo cual este momento concluye en abril del 2011 (Reporte de conflictos N| 86). El segundo momento empieza en octubre del 2013 cuando la empresa anuncia que presentará un nuevo EIA, éste es aprobado en julio del 2014 y se decreta un paro. En esta circunstancias estamos.
¿La Defensoría lanzó una alerta sobre este conflicto?
Tenemos un sistema de monitoreo de conflictos sociales y alerta temprana que emite reportes desde marzo del 2004. Nuestros reportes mensuales, boletines diarios y notas de prensa son de conocimiento público y en ambos momentos del conflicto hemos informado en detalle y tenido una participación directa.
Ya se dieron las primeras submesas de desarrollo en Islay, impulsadas por el Gobierno. ¿Cuál es su evaluación sobre ellas tomando en cuenta que no asistieron las autoridades que se oponen al proyecto?
Es muy importante que el gobierno nacional exprese su preocupación por el desarrollo de la provincia de Islay; es una modalidad de diálogo que puede influir en algún momento en el curso del conflicto, pero lo que ahora necesitamos con urgencia es abrir un espacio de diálogo técnico entre los alcaldes y dirigentes de Islay, y los ministerios competentes en las materias ambiental, agraria y minera.
Allí se debe acoger las propuestas
Si en ese espacio debidamente organizado hubiere observaciones bien sustentadas, corresponde evaluar con mucho pragmatismo los cursos de solución posibles. No hay que descartar de plano las propuestas que surjan sino evaluarlas correctamente.
¿Cuál es la actitud que deben asumir ambas partes?
Esto, desde luego, requiere una actitud de escucha, de flexibilidad y de creatividad. Lo peor frente a un conflicto social es querer tomar el camino corto de la imposición o reducir su complejidad a la figura de la conspiración política de cuatro radicales. Tampoco se trata de pasar por encima de las normas. Justamente, el diálogo es el espacio en el que se puede encontrar una salida sin que se resienta la legitimidad de la autoridad pública y del sistema. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo presta y prestará su colaboración.
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