(Foto: La República)

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Dos mesas de diálogo dirigidas por los viceministros de Minas,Guillero Shinno, Agricultura, Jorge Montenegro, y Ambiente, Mariano Castro, se instalaron desde las 10:30 de la mañana en la localidad de Mollendo para conversar con las autoridades locales y la población. Es notoria la ausencia de los alcaldes de las localidades de DeanValdivia, Cocachacra, Punta de Bombón y el alcalde provincial de Islay, Richard Ale.

Se espera la llegada del primer ministro, Pedro Cateriano, y los ministros del Energía y Minas, Agricultura, Interior y Comercio Exterior.

Mientras que las protestas contra el proyecto minero Tía María, en elValle del Tambo, cumplen hoy 23 días. Durante este tiempo, la violencia ha sido constante. Del bloqueo de la carretera que une a los distritos de Cocachacra y Mollendo, en la provincia de Islay, se pasó a los enfrentamientos diarios entre manifestantes y policías.

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Después, se suscitó una serie de atentados contra los servicios básicos y el último viernes se produjo un ataque contra la base de operaciones de los bomberos. Esto motivó a que el comando del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) en Arequipa dispusiera que la compañía Cocachacra 209 fuera desactivada momentáneamente.

Ayer, el comandante CGBVP Jorge Martínez, jefe de operaciones de los bomberos en esta región, lamentó que la violencia ponga en riesgo la seguridad de casi diez mil habitantes. “Las emergencias que se produzcan tendrán que ser atendidas por personal de las compañías de Mollendo”, sostuvo.

OLA DE VIOLENCIA
La decisión del comando fue consultada con el CGBVP y se aprobó tras analizar los incidentes que han ocurrido en las tres semanas de paralización. El primer ataque contra los bomberos se produjo en Cocachacra cuando los locutores de una radio aseguraron que una de sus ambulancias trasladaba armamento de la policía.

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El segundo ataque se suscitó en Mollendo, donde un grupo de manifestantes del Valle del Tambo apedreó una autobomba cuando se dirigía a atender una emergencia. Durante la protesta, a través de los medios de comunicación de la zona, se informó erróneamente que el cuartel de bomberos fue construido e implementado por la empresa minera Southern Copper, lo que enardeció aun más a los pobladores.

El Comercio