Los integrantes por el Colectivo del Desarrollo y Progreso de Islay viajaron a Lima para reunirse con representantes del Ejecutivo e informar sobre las amenazas que reciben por parte de los antimineros y el temor que impera en el Valle de Tambo.
Arequipa – Los integrantes por el Colectivo del Desarrollo y Progreso de Islay viajaron a Lima para reunirse con representantes del Ejecutivo e informar sobre las amenazas que reciben por parte de los antimineros y el temor que impera en el Valle de Tambo.
Denunciaron el “secuestro” que viven en sus propios domicilios ya que están impedidos de transitar con normalidad y sus hijos no pueden asistir al colegio.
“Amenazan a nuestras familias y a toda persona que no piense igual que ellos. Incluso los policías son víctimas de este tipo de actitudes, nadie quiere venderles comida porque sino (los antimineros) toman represalias”, denunció José Díaz, secretario de la Federación de Jóvenes de Islay.
Percy Puertolas, agricultor de La Ensenada señaló que cada día se pierden 30 mil litros de leche y que existen alimentos perecibles que simplemente se están malogrando porque las vías están tomadas en puntos estratégicos al interior del Valle de Tambo.
Néstor Flores, regidor de Cocachacra, comentó que durante la reunión con el viceministro del Interior, Mauro Medina, le expresaron su preocupación por el actuar del Ministerio Público que lejos de procesar a los intervenidos, les da la libertad y de esta forma se fomenta la impunidad.
También pidieron que las autoridades les den las garantías necesarias debido a las amenazas que están recibiendo. “En el Valle están diciendo que cada vez que se enfrenten a la policía, agredirán una vivienda de los integrantes del Colectivo. Queremos seguridad y que la calma retorne”, anotó Patricia Meza.
TÍA MARÍA. Por otro lado, Silvia Chávez Manrique, presidenta de la Asociación de Mujeres Virgen de la Asunta de Cocachacra e integrante del Colectivo, aseguró que el ministro de Agricultura evalúa la aplicación de un “soat minero” que sería un fideicomiso –con dinero de la empresa- de ejecución inmediata en caso de que la empresa minera incurra en alguna falta ambiental. “Es decir, el proyecto sí es viable y deberíamos apostar por el desarrolló”, acotó.
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