Jaime Villalba Palomino (69) presidente de la Cámara de Comercio Binacional Colombo- Peruano
LETICIA (COLOMBIA).- Mientras los gobiernos de Brasil y Colombia han lanzado novísimas política de ventajas promocionales para llevar inversiones y tecnología y desarrollar sus localidades fronterizas del Trapecio Amazónico, en el lado peruano las comunidades nativas están abandonadas y más bien son escenario de sistemáticas políticas de depredación y extinción de los recursos naturales por parte de narcotraficantes, extractores ilegales de oro y taladores ilegales de madera, entre otros.
Esta grave denuncia fue hecha, por separado, por el peruano Jaime Villalba Palomino (69) presidente de la Cámara de Comercio Binacional Colombo- Peruano, residente por espacio de más de 40 años en el Trapecio Amazónico; y por Silvano Baldeón Zárate, también connacional y presidente de la Asociación de la Colonia Peruana residente en el puerto colombiano de Leticia.
Villalba, licenciado en Administración de Empresas, advirtió que mientras las zonas fronterizas de Colombia y Brasil tienen servicios organizados de agua, potable, telefonía y servicios educacionales y de salud, los del lado peruano carecen de ellos, lo que constituye un grave riesgo para la seguridad y soberanía nacionales al depender nuestros pueblos de los servicios del otro lado de la frontera.
“Ya es tiempo que la Amazonía de la región Loreto tenga un tratamiento diferenciado en la política promocional de desarrollo, pues son evidentes sus dificultades de acceso a los mercados, déficit en infraestructura y alto costo de energía eléctrica”, dijo.
Mafias en acción
El directivo de la Cámara de Comercio señaló que la Amazonía de la región Loreto abarca aproximadamente el 60% del territorio nacional y el 80% de su línea de frontera tiene una población incipiente que sólo representa el 11% del total del país, resultando relativamente despoblada por la ausencia de políticas promocionales de los gobiernos de turno, principalmente en el perímetro de fronteras: Gueppi, Remanso, Flor de Agosto, Álamo, Curringa, Roca Fuerte, etc., que son perímetro de fronteras que comprometen la seguridad de la nación.
En este perímetro de fronteras, explicó, viven 65 mil habitantes de más de un centenar de comunidades nativas que se han visto obligadas por la necesidad de supervivencia a ejercer la agricultura migratoria que destruye bosques y enrolarse en actividades ilícitas promovidas por bandas de la delincuencia organizada.
Por falta de políticas promocionales, señaló, todas estas áreas se han convertido en escenarios de actividades ilícitas a cargo de bandas organizadas, de plantaciones de coca para el narcotráfico, tala ilegal y contrabando de madera, extracción ilegal de oro, tráfico de peces ornamentales que extraen y exportan a mercados de EEUU y Europa; así como sicariato y bandas terroristas de las FARC, Sendero Luminoso y Sendero Rojo.
Sin servicios básicos
A esto se añade la migración masiva de nativos peruanos hacia Colombia y Ecuador, atraídos por la modernidad de los pueblos fronterizos colombianos y brasileños, lo que no existe en la parte peruana, donde solo hay caseríos con techos de palma, sin agua potable, electricidad ni servicios de telefonía.
Para Villalba resulta inaudito que frente al avance acelerado de los países vecinos a lo largo de sus fronteras, el Perú no haya ni siquiera iniciado una política de infraestructura de carreteras de penetración a los caseríos nativos ni de implementación de servicios básicos mínimos ni de dotación de un aeropuerto con estos mismos fines.
Consulado abandonado en Leticia
El presidente de la Colonia Peruana residente en el puerto colombiano de Leticia, Silvano Baldeón Zárate, destacó como un serio problema el abandono del consulado peruano por parte del aún cónsul Marco Enrique Garbo (85), a quien calificó como un anciano alcohólico.
Debido a ello la asociación presidida por Baldeón ha asumido la tarea de socorrer a los compatriotas que residen en las localidades del Trapecio Amazónico de Leticia para resolverles sus problemas.
Gracias a esta organización, y no al cónsul Garbo, se ha conseguido que el gobierno colombiano permita una política migratoria flexible, que incluye una conexión telefónica con las localidades de Caballococha y Isla Santa Rosa Perú con una tarifa local y no internacional.
Otro logro de su gestión, refirió, ha sido reivindicar la vigencia de cláusulas del Tratado de 1937, entre los dos países, a fin de que los regatones, barateros y comerciantes que realizan sus labores a lo largo de la Cuenca del río Putumayo puedan transitar y vender sus productos en la frontera premunidos solo de un salvoconducto o su DNI colombiano gratuito y duradero por un año.
Expreso