El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, destacó la decisión del Gobierno de ampliar el proceso de interdicción de la minería ilegal a las zonas de procesamiento, con lo cual los involucrados en esa actividad ilegal no tendrán a dónde llevar el oro extraído.
Para combatir la extracción ilegal de oro, que ocasiona la depredación del bosque amazónico y la contaminación de los ríos, el Poder Ejecutivo dio un paso fundamental, con la formalización de los mineros informales, haciéndoles entender los beneficios de dejar a ilegalidad, explicó.
«Me parece bien que (ahora) la interdicción se haya ampliado, no solo las zonas de extracciónsino a las de procesamiento, porque si no hay esto, entonces el extractor no tiene dónde llevar su oro«, señaló.
Refirió que la interdicción «es fundamental» porque mucha gente usa maquinarias que son «muy destructivas», las mismas que tienen que ser dinamitadas por las fuerzas del orden, porque sino, «vuelven al sistema» de extracción ilegal.
Consideró indispensable el reforzamiento del control de los intermediarios, que buscan legalizar el minera extraído en forma ilegal, y dijo que en esa tarea la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) «juegan un rol central».
«Otro es el elemento judicial, decirle no a la impunidad, en este caso hay que destacar que el Poder Judicial interviniera la Corte de Madre de Dios, que estaba llena de corrupción, habiéndose cambiado al titular de esta Corte Superior», señaló.
De otro lado, explicó que las acciones realizadas por el Ministerio del Ambiente son políticas de Gobierno y de Estado, logrando que se aglutinen a más sectores hacia el mismo propósito.
Consideró, por ello, que si bien se avanzó en este tema, el problema es que la ciudadanía ve a la cuestión ambiental como algo «de largo plazo» sin tener en cuenta el impacto de nuestra acciones cotidianas.
Pulgar-Vidal explicó que el futuro se ve más promisorio pues muchos jóvenes están cambiando «significativamente» la conciencia ambiental del país, a través de movimientos juveniles que apuestan por «una mayor responsabilidad» ambiental.
Andina
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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