El Gobierno prorrogó el Estado de Emergencia por 60 días, en el distrito de Cholón, provincia de Marañón, el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, y en la provincia de Leoncio Prado, circunscripciones ubicadas en el departamento de Huánuco, con el fin de asegurar el orden interno.
También en la provincia de Tocache del departamento de San Martín; y, en la provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali.
A través de un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, se establece que la medida entra en vigencia a partir del 23 de febrero, y la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, se establece la suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales, durante la prórroga del Estado de Emergencia, los relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
La medida se toma ante los desplazamientos continuos de remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Huallaga, distribuidos en columnas terroristas por diversos sectores rurales de la margen izquierda y derecha del río Huallaga, en las zonas comprendidas en la prórroga del Estado de Emergencia.
Asimismo, se reitera que es obligación del Gobierno Constitucional garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la tranquilidad pública, al adecuado funcionamiento de los servicios básicos y al normal abastecimiento de víveres y medicinas.
La norma lleva la rúbrica del presidente Ollanta Humala Tasso; la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez; el ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido, y el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y el ministro de Justicia, Fredy Otárola.
Andina
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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