El paro indefinido contra el proyecto minero Tía María cumple hoy 15 días en el Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay. Aun así, no hay visos de solución.
Además de la tensión social que se registra en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, empiezan a escasear algunos alimentos debido al bloqueo de la carretera Cocachacra-Mollendo, en varios puntos.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Mollendo, Antonio Núñez del Prado, informó que cada día la provincia de Islay pierde unos S/.500.000 por el bloqueo de esta carretera.
Añadió que cada día se producen en el Valle de Tambo unos 30.000 litros de leche. “Todo ese producto se está perdiendo por el bloqueo de la vía. A eso hay que sumarle las pérdidas que sufren los transportistas”, dijo.
Desde la semana pasada, los mercados y tiendas de abarrotes de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón mantienen sus puertas cerradas. Esto, por la amenaza de los huelguistas de atacar los locales que no acatan la paralización.
El general PNP Luis Enrique Blanco, jefe de la policía en Arequipa, aseguró que en los bloqueos que mantienen los pobladores en El Boquerón, Deán Valdivia y Cocachacra se cobran cupos para dejar pasar camiones y vehículos particulares. “Estas personas delinquen amparadas en el paro. Se aprovechan de que nosotros tenemos órdenes de evitar enfrentamientos”, sostuvo.
Ayer, pobladores de Islay marcharon hacia Mollendo. Algunos tenían la intención de bloquear el sector conocido como Catarindo, que une esa ciudad con el puerto de Matarani. Finalmente, se concentraron en esa zona y luego se marcharon.
El Comercio
Este y otros conflictos ‘sociales’ reflejan una total falta de autoridad política, desde hace décadas además.
Ya es tiempo de que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan con sus funciones y procesen a los responsables de las pérdidas que sufren los ciudadanos y empresarios de las ciudades paralizadas. Cuándo se hará respetar los derechos de las personas a circular y trabajar libremente?. Los terroristas antimineros viven del dinero que las ONGs les proporcionan para traficar con los intereses del país. Hay que denunciarlos y procesarlos por atentar contra el Perú, así como se hizo en los años 90s con los terroristas que volaban torres y paralizaban ciudades.
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