La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, abrió investigación preliminar, por el plazo de 60 días, por el delito de minería ilegal en la modalidad de extracción, contra la Municipalidad Provincial de Moyobamba y quienes resulten responsables, tras intervenir a cinco trabajadores que hacían uso de maquinaria municipal, para actividades de presunta minería ilegal, en el centro poblado Indañe.
Los hechos materia de investigación, ocurrieron el jueves 13 de mayo, cuando personal de la Policía Ambiental del Puesto de Control Venceremos, en coordinación con la fiscal provincial Hilda Rita Ferrer Benites, acudió hasta el sector Ochame, donde se verificó la presencia de los trabajadores del municipio de Moyobamba, usando maquinaria pesada de la Comuna para realizar actividades de extracción de material no metálico, sin contar con documentación que acredite la legalidad de estas actividades ni la autorización en la zona.
Los trabajadores, Herlin Salomón Saavedra, José Gumercindo Vera Díaz, Isais Santacruz Flores, Ronal Segundo Ríos Rubio y Wilmer Vásquez Fernández, fueron detenidos en flagrancia delictiva; no obstante se dispuso su libertad, ya que se determinó que fueron contratados por la entidad municipal.
Los cinco vehículos de maquinaria pesada, entre ellos, un cargador frontal, tres volquetes y una excavadora, fueron trasladados a los almacenes de la municipalidad y puestos bajo custodia del encargado del Área de Maquinarias.
En este plazo, la Fiscalía Ambiental de Moyobamba, deberá solicitar a los entes nacionales competentes, información que acredite si la Municipalidad Provincial, cuenta o no con autorización para extraer material no metálico en el sector afectado.
Asimismo, deberá recabar las declaraciones de los responsables, de identificar y solicitar las autorizaciones para la afectación de canteras a favor del municipio, entre otras diligencias que permitan el esclarecimiento de este y otros hechos penales vinculantes.
Según se informó, la presente investigación también será puesta de conocimiento ante la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, con el fin de proceder conforme a sus atribuciones. El delito de minería ilegal se sanciona con una pena no menor de 4 ni mayor a 8 años de cárcel.