Perú endurece sanciones contra investigadores por falsificar datos científicos

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El Consejo de Ministros aprobó el Decreto Legislativo Nº 1727, que modifica la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI). Con esto, el país busca dar un salto en ciencia y tecnología, poner en claro las reglas y realmente castigar a quienes no actúan con integridad en la investigación.

La norma aprobada establece que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) gana más facultades para dictar sus propios reglamentos y adaptar su gestión a estándares internacionales. Así, la institución podrá actuar con mayor autonomía y rapidez. También redefine el papel de los institutos públicos de investigación: ahora, la transferencia tecnológica es oficialmente parte de sus funciones.

El CONCYTEC va a fijar los estándares para calificar a los investigadores, sobre todo en las universidades, siguiendo lo que ya establece la Ley Universitaria.

Sobre las sanciones, la ley detalla que se considera mala conducta: inventar o falsificar datos en publicaciones científicas, incluir autores inexistentes, declarar afiliaciones falsas, no revelar conflictos de interés, comprar o vender autoría, entre otras prácticas indebidas. También tipifica el mal uso de fondos públicos destinados a la investigación. Las sanciones serán severas: a las personas naturales pueden suspenderles beneficios y acceso a fondos —incluso excluirlas del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT)— por hasta diez años. Para las instituciones, la multa es la principal herramienta. Además, el CONCYTEC ahora puede ejecutar sanciones de manera coactiva.

Para implementar todo esto, el Poder Ejecutivo tiene 180 días para adecuar el reglamento de la ley, y otros 180 días para aprobar el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, lo que permitirá aplicar plenamente el nuevo marco normativo.

Mientras tanto, los procesos de calificación de investigadores que ya están en trámite seguirán evaluándose bajo las reglas actuales, hasta que entren en vigor los nuevos estándares, en coordinación con universidades y otras entidades involucradas.