El estancamiento en la ejecución de la cartera de proyectos mineros y la pérdida de competitividad en la atracción de capitales globales abren un debate urgente sobre la gestión pública y social en el país. Ante un súper ciclo de precios de los metales que no se refleja en los niveles de inversión local, resulta imperativo redefinir el rol del Estado, acelerar la transformación digital de los organismos reguladores y construir alianzas multiactor capaces de transformar los recursos del canon en desarrollo social concreto. Destacados líderes del sector analizaron las condiciones estructurales, ambientales y políticas necesarias para garantizar la viabilidad de la industria y frenar el avance de la minería ilegal.
Miguel Incháustegui, representante de Pan American Silver y exministro de Energía y Minas, enfatizó que la pérdida de competitividad del Perú responde a una profunda crisis de confianza entre los actores del sector. «La generación de conflictos se debe a la falta de confianza y a que los proyectos que generan ingentes recursos fiscales no se transforman en resolver las brechas sociales existentes. Necesitamos mejorar con urgencia la gobernanza del sector», afirmó.
Incháustegui destacó esfuerzos multiactor previos como el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas (Rimay), que diseñó la Visión de la minería al 2030, y saludó las iniciativas de articulación territorial en Moquegua, Cajamarca y Pasco respaldadas por el Banco Mundial y el Gobierno de Gran Bretaña. Para el ejecutivo, el enfoque debe migrar hacia el codesarrollo de los espacios donde coexisten los yacimientos.
«No insistamos únicamente en que los permisos se aprueben rápido, cuando sabemos que el Estado carece de la capacidad técnica. El camino es la colaboración multiactor para hacer eficiente el uso de los recursos», puntualizó.
Asimismo, advirtió que la demanda global de minerales críticos, como el cobre, presenta una ventana de oportunidad finita. «Si la demanda es alta y no respondemos, el mundo generará sustitutos tecnológicos que reemplazarán al mineral que hoy tenemos», alertó.
Transformación digital en el Senace
Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), precisó que los proyectos mineros representan el 80% de la demanda total de servicios de la institución, seguidos por transportes, hidrocarburos y electricidad.
Cuba detalló que el organismo implementa un modelo enfocado en la predictibilidad y el acompañamiento técnico preventivo a los titulares mineros y consultoras antes de la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
«Registrábamos un promedio de 12 solicitudes de información complementaria durante el proceso de certificación, lo que dilataba los plazos. Con las asistencias técnicas y el adelanto de observaciones críticas reducimos esa cifra a seis, con la meta de dos», informó.
En el plano de la innovación tecnológica, anunció que ya lanzaron cinco aplicativos informáticos —de un total de 13 proyectados— que incorporan Inteligencia Artificial para agilizar la evaluación y transparentar la información hacia la ciudadanía. Entre ellos, destaca un asistente virtual especializado en materia ambiental y orientado a asesorar técnicamente a las comunidades.
Sin embargo, advirtió sobre las limitaciones presupuestales que afronta el sector público frente a la alta demanda: «A fin de año registramos un incremento del 70% en el ingreso de proyectos, principalmente Informes Técnicos Sustentatorios (ITS). Iniciamos el periodo duplicando la carga de 45 a 90 expedientes con el mismo personal. Requerimos mayores recursos para sostener este esfuerzo sin saturar los equipos», dijo.
Mecanismos de inversión social y sostenibilidad transgeneracional
Por su parte, Miguel Ampudia, editor de ProActivo, abordó los instrumentos técnicos y legales mediante los cuales la minería formal puede potenciar y prolongar su impacto positivo en las zonas de influencia, superando los enfoques meramente asistenciales.
Ampudia analizó el desempeño de los principales mecanismos vigentes:
Obras por Impuestos (OxI): Consolidado como el mecanismo principal de la gran minería. Desde su creación en 2009, canalizó más de 10,000 millones de soles en inversión pública, donde el sector minero lidera el ranking nacional con el 21.1% del total invertido (más de 4,100 millones de soles), duplicando la participación del sector financiero. Destacan los aportes de compañías como Antamina, Southern, Cerro Verde y Minsur. Además, resaltó la reciente aprobación en 2025 de Servicios por Impuestos, para garantizar el mantenimiento operativo de las obras ejecutadas.
Fondos Sociales: Recursos derivados de los procesos de licitación pública, gestionados mediante un consejo directivo tripartito (Estado, empresa y comunidad). Algunos modelos son el FOSBAM (Las Bambas) en Apurímac y el FOSPIBAY (Bayóvar) en Piura.
Convenio Marco: Acuerdos institucionales de largo plazo vinculados a un porcentaje de las utilidades de las empresas para el desarrollo de proyectos locales. Un referente es el Convenio Marco de Espinar (Antapaccay).
Fondos de Desarrollo y Aportes Directos: Orientados al financiamiento privado de proyectos productivos de mediana y pequeña escala, tales como programas de mejoramiento genético ganadero y tecnificación agrícola, canalizados habitualmente a través de asociaciones sin fines de lucro y ONG especializadas.
El avance de la minería ilegal: riesgo país
La expansión de la minería ilegal y las distorsiones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fueron catalogadas como amenaza para el desarrollo territorial y la seguridad nacional. Miguel Incháustegui pidió que el próximo gobierno convoque a una mesa técnica multiactor para promulgar una Ley MAPE y frenar las prórrogas sistemáticas del Reinfo.
Carlos Gallardo, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió sobre la inacción estatal en regiones clave. «En los últimos cinco años, Puno recibió más de 4,000 millones de soles por canon; sin embargo, las brechas estructurales no se cierran. Si el Estado no llega de manera efectiva, la población valida el dinamismo económico efímero que genera la ilegalidad», apuntó.
Gallardo mostró preocupación respecto a los planes de gobierno, evaluados por el IPE, advirtiendo sobre propuestas como la de Juntos por el Perú que plantean reducir los plazos de las concesiones mineras a cinco años bajo la premisa de combatir las «concesiones ociosas».
«Existe un profundo desconocimiento sobre los ciclos de la actividad minera. Si el panorama político opta por elevar la carga tributaria, sobrerregular y recortar los plazos formales, solo se conseguirá hacer el camino de la formalidad más costoso, dejando el escenario libre para el avance de las organizaciones criminales de la minería ilegal», concluyó.
Las declaraciones presentadas en este artículo fueron recogidas de manera exclusiva por ProActivo, en el marco del Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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