ProActivo | Tras casi 15 años de su creación, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) requiere una reestructuración urgente para que su liderazgo pase del Ministerio de Defensa a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o a Palacio de Gobierno. Esta elevación de rango político es la clave para abandonar la respuesta reactiva ante emergencias, resolver el déficit de planificación urbana y ejecutar proyectos frente al cambio climático, advirtió la investigadora de ESAN, Mary Mollo, Secretaria Técnica de la Red RiesGIRD-ACC Perú y América Latina y el Caribe (LAC), en entrevista exclusiva para la Revista ProActivo.
¿Por qué reformar la arquitectura institucional del SINAGERD?
Para la especialista en políticas públicas y gestión del conocimiento, mantener el sistema bajo un enfoque predominantemente sectorial limita su impacto estratégico y descentralizado a nivel nacional.
«El Sistema tiene que revisar la arquitectura institucional que se ha construido en el país (…). Necesitamos entender que la gestión del riesgo de desastres es definida como un proceso social y es multisectorial, multicausal. Esa perspectiva se tiene que incorporar en una revisión de la ley para poder tener el Sistema con el mayor mando en el Palacio de Gobierno y en la Presidencia del Consejo de Ministros», afirmó Mollo.
Transición crucial: De la atención de emergencias a la prevención del riesgo
El cambio de mando institucional busca erradicar la cultura inmediatista que prioriza la atención posterior al desastre sobre la reducción efectiva de vulnerabilidades. Según la experta, el Estado peruano destina la mayor parte de sus recursos a responder tras la tragedia en lugar de prevenir los impactos.
«Nosotros estamos acostumbrados a gestionar el desastre, atender la emergencia, pero no estamos enfocados en entender qué cosa es la prevención y cómo gestionamos el riesgo (…). Estamos enfocados en atender a las víctimas de lo que ya fue dañado. Eso es lo que primero tenemos que cambiar en todo el Sistema: en la forma de hacer planeamiento, en la forma de priorizar las intervenciones y en la asignación del presupuesto», enfatizó.
Déficit de ordenamiento territorial en las provincias del Perú
La ocupación informal en zonas de alto riesgo no mitigable demanda procesos de reubicación y programas de vivienda social; sin embargo, esta solución choca con la falta crónica de instrumentos técnicos en las municipalidades.
«La planificación y el ordenamiento territorial en el país no lo tienen, ni siquiera, todas las provincias. Tenemos más de 190 provincias en el país y ni siquiera el 30 % de ellas tienen un proceso de planificación urbana y de ordenamiento territorial que sea compatible con un territorio seguro y sostenible», alertó la investigadora.
Adaptación al cambio climático: Pasar del plan a la inversión pública
Respecto a la crisis climática, Mollo señaló que el Perú cuenta con instrumentos y planes de adaptación, pero estos siguen sin articularse de forma real con el presupuesto nacional.
«Necesitamos en el cambio climático pasar del plan que ya tenemos, porque tenemos un plan de todas las medidas de adaptación al cambio climático, que todavía no ha llegado a ser implementado en los sistemas de priorización de inversión pública», concluyó.
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