El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia unas palabras durante la ceremonia de reconocimiento militar, como parte de la jornada de toma de posesión presidencial, en el Batallón Pichincha de Cali, Colombia. / Crédito: Leonardo Castañeda / Getty Images / Leonardo Castañeda
El engranaje regulatorio que durante los últimos cuatro años mantuvo frenada a la minería colombiana empieza a desmontarse. A finales de octubre, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40579 de 2026, con la que derogó los 15 Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva, una figura creada en la administración de Gustavo Petro que abarcaba 5.3 millones de hectáreas, cerca del 5 % del territorio nacional. Días antes, el Ministerio de Agricultura había echado abajo otras restricciones: las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que limitaban la actividad minera en varias regiones agrícolas del país.
La decisión es un giro de timón que el sector venía reclamando a gritos. Durante el gobierno anterior, la inversión extranjera directa en minería se desplomó un 88 %, al pasar de 1,508 millones de dólares en 2022 a apenas 178 millones en 2025. Colombia, con un potencial geológico envidiable, apenas recibía el 1.5 % de la inversión minera regional, mientras Chile se quedaba con el 50 % y Perú con el 30 %. El mensaje del nuevo gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, es que ese aislamiento se acabó.
Distritos mineros: de la sustitución sin alternativa a la certidumbre jurídica
Los distritos especiales nacieron con una promesa: sustituir progresivamente la minería por otras actividades productivas. En la práctica, según el propio Ministerio de Minas, nunca se formularon los planes estratégicos, no hubo resultados verificables en diversificación ni en calidad de vida, y las delimitaciones se impusieron sin consensuar con gobernadores y alcaldes, generando superposiciones con los planes de ordenamiento territorial. La ministra María Nohemí Arboleda fue enfática: “Los distritos mineros especiales planteaban sustituir una actividad que sostiene a miles de familias sin ofrecerles una alternativa real”.
Con la derogatoria, los títulos mineros vigentes y las solicitudes en trámite quedan intactos, y los derechos adquiridos se mantienen. La medida no autoriza automáticamente la minería, pero sí devuelve algo que el sector había perdido: la posibilidad de planificar a largo plazo sin el fantasma de una prohibición inminente. La firma Holland & Knight lo resume como una restauración de la certidumbre regulatoria para empresas, inversionistas y comunidades.
El cobre, la gran apuesta
Donde el impacto puede ser más profundo es en el cobre. Colombia tiene un potencial geológico enorme, pero su producción es casi inexistente: la única mina significativa, El Roble, de Atico Mining, produjo 2.08 millones de libras de cobre en el tercer trimestre de 2026, una cifra que palidece frente a los millones de toneladas de Chile y Perú. El proyecto Quebradona, de AngloGold Ashanti, en Jericó, Antioquia, es la gran esperanza. La compañía planea invertir entre 2,000 y 2,500 millones de dólares, producir 85,000 toneladas de cobre al año y generar exportaciones por 1,500 millones de dólares anuales, equivalentes a lo que Colombia exporta en flores. Su CEO, Alberto Calderón, ha sido claro: “Es el único proyecto grande que vería el país en esta década”.
El desarrollo de Quebradona depende de obtener la licencia ambiental en un plazo de 18 meses. Si se concede, la construcción podría comenzar de inmediato y requeriría unos 3,000 empleos directos, 1,000 en operación y 68,000 indirectos. La Agencia Nacional de Minería ya autorizó la prórroga de la etapa de exploración hasta diciembre de 2027, lo que da un margen para avanzar en los estudios técnicos.
Lo que falta por resolver
El optimismo tiene límites. La derogatoria de los distritos y las APPA no convierte automáticamente un yacimiento en una mina. Los proyectos deben cumplir con regulaciones ambientales, permisos y restricciones de uso del suelo que siguen vigentes. Y hay un obstáculo que pesa tanto como la burocracia: la seguridad.
La minería ilegal de oro, vinculada a grupos armados y al narcotráfico, mueve miles de millones de dólares al año y se ha expandido en varias regiones del país. El gobierno ha lanzado estrategias como “Ecodorado” para transformar el oro en un motor de desarrollo legal, pero el desafío es mayúsculo. Para los inversionistas formales, operar en zonas donde el crimen organizado controla parte de la cadena de valor implica costos adicionales de seguridad, compliance y gestión social que no desaparecen con una resolución ministerial.
Un nuevo capítulo
La jugada de De la Espriella no es aislada. En agosto, el Ministerio de Ambiente ya había revocado la reserva en el páramo de Santurbán, otro foco histórico de disputas entre minería y conservación. En conjunto, las tres carteras (Minas, Agricultura y Ambiente) están enviando una señal coordinada: Colombia quiere volver a ser un destino atractivo para el capital minero.
La Asociación Colombiana de Minería estima que un clima de inversión más favorable podría desbloquear 4,700 millones de dólares en construcción de minas, atraer 350 millones anuales en exploración y sostener un crecimiento sectorial de hasta el 10 % anual. Son cifras que, si se materializan, cambiarían el perfil económico de varias regiones. Pero el país ya ha visto promesas incumplidas. La diferencia, esta vez, está en que el marco regulatorio empieza a alinearse con la geología. Y en que el mundo necesita cobre, oro y minerales críticos con urgencia. Colombia tiene la materia prima y, por fin, parece dispuesta a dejar que los inversionistas la busquen.
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