Según el informe, “la economía peruana está principalmente basada en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido significativamente a reducir la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”.
El exviceministro de Economía, Carlos Casas, indicó que esta afirmación es falsa. “La actividad extractiva, incluyendo la minería y los hidrocarburos, representa menos del 14% del PIB (…). El 85% no está relacionado con las industrias extractivas”, dijo. Además, destacó que la manufactura y el comercio también son sectores importantes en la economía peruana.
Respecto a la desigualdad, el exviceministro señaló que, según un estudio que él mismo realizó, la minería reduce la desigualdad de forma temporal. Sin embargo, indicó que el 50% de la renta que genera la minería y recauda el Estado se destina a los gobiernos locales y municipalidades, que son los responsables de reducir la desigualdad.
“Una de las fuentes históricas de conflictividad social se relaciona con el modelo extractivista que incluye concesiones a largo plazo con beneficios tributarios”, señaló Casas. Sin embargo, según él, en el Perú, la presión tributaria sobre las empresas extractivas es similar a la de Canadá, Australia o Chile. Además, el Estado retiene alrededor del 50% de la renta que genera la minería.
Por su parte, el economista Iván Alonso señaló que los beneficios a los que se refiere el informe serían la depreciación acelerada de inversiones mineras -que se aplica a otros sectores- y los contratos de estabilidad. No obstante, señaló que no se cobran menos impuestos a las mineras, sino que se establece un contrato de estabilidad para que las condiciones del régimen contractual no cambien.
El informe también menciona que “los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en áreas rurales también han sido los más afectados por los pasivos ambientales de las industrias extractivas”. Según Anthony Laub, experto en temas energéticos y de hidrocarburos, el Perú es uno de los países con mayor regulación ambiental sobre este tipo de actividades. Además, aseguró que al menos cuatro entidades públicas supervisan el cumplimiento de la regulación ambiental del sector extractivo.
Alonso coincidió con Laub en que cada caso de presunta contaminación debe ser analizado individualmente, pero resaltó que las empresas mineras de los últimos años cuentan con estándares más exigentes.