operaciones contra la minería ilegal en el río Putumayo

Con 78 votos a favor, se modificó norma del Ejecutivo que permitía a los policías enfrentar la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción en REINFO está suspendida.

El pleno del Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría derogar la disposición que establece medidas para prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras, dictada por el Poder Ejecutivo.

¿Qué significa esto? Con la norma impulsada por el Gobierno, la Policía Nacional del Perú podía enfrentar la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción permanece suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ahora en adelante, ya no será así.

“Las personas que se encuentran en el supuesto antes mencionado, dejan de formar parte del REINFO de forma automática con la comunicación que efectúa la Policía Nacional de Perú al Ministerio de Energía y Minas acreditada con las actas o documentos de sustento”, se lee en la disposición aprobada por el hemiciclo.

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El dictamen obtuvo 78 votos a favor, en 16 contra y 11 abstenciones del Proyecto de Ley 7278. Incluso la iniciativa legislativa fue exonerada de segunda votación.

Justificación

El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) advirtió que en la disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, el cual fue aprobado por el Poder Ejecutivo al amparo de una delegación de facultades, se incluyó a los mineros artesanales en crimen organizado.

“Han ingresado seis proyectos de ley de distintos grupos parlamentarios, dónde se destacaba que dicha medida legislativa dictada por el Poder Ejecutivo -vía facultades delegadas del Congreso de la República- es una medida inconveniente para atender la compleja problemática de formalizar a la pequeña minería y minería artesanal” refirió el legislador Quiroz Barboza.

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Al respecto, la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) afirmó que el Poder Ejecutivo se excedió porque el Parlamento no le otorgó facultad para que legisle algo referente a la minería. “Así se determinó en la la Comisión de Constitución”, subrayó.

A su turno, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) dijo que el problema de fondo debe estar enfocado en el proceso de formalización, “Sin embargo el gobierno lo que ha hecho es meter de contrabando una norma, para adelantar los plazos que este Congreso ya lo dio, porque el proceso de formalización concluye el 31 de diciembre de 2024 según la ley aprobada”, agregó.

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En contra de la medida

Desde el otro lado, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) sostuvo que el Congreso autorizó al Gobierno central a legislar sobre temas de crimen organizado y que exigir licencia de autorización de artefactos explosivos a los mineros artesanales es precisamente para combatir ese delito.

“Aunque algunos colegas lo nieguen también hay crimen organizado en muchas de esas organizaciones (mineros)”, expresó.

Fuente: Gestión