La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de US$396,135 a Petroperú, originado por la falta de diligencia y coordinación entre funcionarios de la petrolera estatal durante el proceso de compra de un cargamento de crudo.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 011-2026-2-0084-AC evaluó los hechos ocurridos entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024. La operación en cuestión fue la adquisición de 361,798.79 barriles de crudo Oriente de Ecuador, destinados a la Refinería de Talara, por un monto de US$32.49 millones. El cargamento debía ser recibido en los puertos de Bayóvar y Talara.
El problema se originó en el trámite de la carta de crédito, un mecanismo indispensable para garantizar la operación. Las condiciones establecían que este documento debía ser irrevocable, confirmado y recibido por el banco del vendedor como máximo cinco días hábiles antes del inicio de la ventana de entrega del crudo. Sin embargo, la Jefatura de Administración de Contratos no inició el trámite con la debida antelación y, además, omitió aplicar la metodología de cálculo establecida en el contrato.
Como consecuencia, la carta de crédito fue tramitada inicialmente por un monto incorrecto e insuficiente de US$29 millones, cuando debía ser por el valor máximo estimado de la mercancía: US$31 millones. La Unidad de Mercados Financieros tampoco ayudó. Demoró el inicio de la cotización y, cuando se solicitó elevar el monto de la garantía, no gestionó una nueva cotización ante el Banco de la Nación. Esto permitió que el trámite continuara sobre la base del monto desfasado, generando nuevos reprocesos.
El resultado fue una penalidad por sobrestadía pagada al proveedor internacional, debido a la demora en la descarga del cargamento. Los retrasos en la descarga del petróleo en Bayóvar y Talara se extendieron hasta 13 días. La Contraloría concluyó que el perjuicio está acreditado y cuantificado, y que está directamente relacionado con el incumplimiento de las obligaciones observadas.
El informe también señala presunta responsabilidad civil y administrativa en seis funcionarios y servidores de Petroperú. La Contraloría recomienda al presidente del Directorio de la petrolera disponer las acciones necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan. Asimismo, recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones civiles contra las personas comprendidas en los hechos observados.
Petroperú acumula una serie de problemas que la tienen al borde del colapso. Su deuda supera los US$7,900 millones, y el Gobierno acaba de designar un nuevo directorio con la misión de reflotarla. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha admitido que la Refinería de Talara opera apenas al 63% de su capacidad y que se requieren inversiones adicionales para alcanzar su meta. La petrolera también perdió recientemente un laudo arbitral ante el Consorcio de Terminales del Perú, que le exige el pago de más de US$1.5 millones.
El nuevo equipo directivo, encabezado por Oliver Stark, tendrá que lidiar no solo con la deuda y la operación de la refinería, sino también con el goteo constante de laudos y de hallazgos de la Contraloría. La pregunta es si logrará poner orden antes de que la empresa se ahogue en sus propias deudas y obligaciones.
Email: [email protected]
Deja una respuesta