En Camisea, selva de La Convención (Cusco), está ubicada la inmensa reserva de gas que explota un conglomerado de empresas, entre ellas Pluspetrol. La extracción del combustible genera millonarias divisas para el Consorcio Camisea y el Estado.
Las municipalidades convencianas reciben el grueso de las transferencias por concepto de canon gasífero. A las arcas ediles ingresan cada año cerca de 1 000 millones de soles. El canon gasífero está constituido por el 50% del impuesto a la renta que paga el consorcio al Estado. La mitad de esa recaudación llega al Gobierno Regional del Cusco, las comunas y las dos universidades estatales.
No obstante, en los últimos años el monto de las transferencias ha ido en descenso. Las razones se desconocen. La mayoría de autoridades de La Convención está preocupada. El alcalde provincial, Hernán de la Torre, advirtió que para 2020 habrá una reducción del canon en más de S/ 100 millones.
Las transferencias
El cálculo de la distribución del canon responde a dos criterios fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): cantidad de población y Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI)
Para el ejercicio fiscal 2020, el MEF calculó el abono a las municipalidades de La Convención en base a los resultados del Censo 2017 y consideró un aumento de 7.7% (S/ 50 millones) con relación a lo previsto para este año.
Hasta allí todo bien. El problema surge porque siete distritos tendrán menos presupuesto que en 2019, uno mantiene la cifra, y los otros seis verán incrementados sus recursos. ¿Cómo se explica esto? El gerente general de la Mancomunidad Amazónica de la Provincia de La Convención, Marco Chalco de la Cuba, sostiene que el MEF, al usar datos del censo 2017, incurre en un grave error y altera la distribución del canon.
Chalco recordó que en 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) suspendió la aplicación del censo por “medidas de seguridad”, luego que un grupo de ciudadanos amenazara a los empadronadores. En octubre de aquel año, los convencianos cumplían una huelga indefinida por un problema limítrofe con la provincia de Calca.
Los siete distritos que tendrán menos dinero corresponden justamente a la zona donde se desarrolló el conflicto y se suspendió la aplicación del censo. Las otras zonas están más alejadas del epicentro de las protestas, por lo que no hubo inconvenientes para el trabajo de los empadronadores. Buscamos una explicación del INEI, pero fue imposible obtenerla.