Paro regional convocado por la FDTA agrava el escenario de riesgo en Islay y el resto de la región.
ProActivo
Ante la radicalización de las medidas de fuerza en la provincia de Islay y la región Arequipa, debido al paro convocado por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), la Defensoría del Pueblo condena los actos de violencia cometidos por algunos grupos de pobladores, y reitera su llamado a la calma.
Del mismo modo, expresa su preocupación por las consecuencias que esta situación tiene en la integridad física de las personas -sean estas civiles o policías-; en los niños y niñas cuyas labores escolares han sido suspendidas tanto en Islay como en Arequipa; y, en las atenciones des salud, actividades económicas, administrativas y de otra índole.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades regionales y locales a interceder en favor del cese inmediato de la violencia, teniendo en cuenta que respecto de la autorización de construcción de la mina Tía María existen procedimientos legales en curso, como el recurso de revisión interpuesto por el Gobierno Regional y la Junta Usuarios del Valle de Tambo, así como la medida cautelar planteada por la Municipalidad Provincial de Islay. Corresponde esperar las respuestas oficiales.
Del mismo modo deberán hacerse cargo de las consecuencias humanitarias que los bloqueos de vías de comunicación generan. La interrupción del tránsito de vehículos viene poniendo en riesgo la seguridad y la salud de grupos de personas particularmente vulnerables como los menores de edad, adultos mayores, personas enfermas, mujeres gestantes. La protesta social no puede llegar al extremo de afectar los derechos de los demás.
La Defensoría del Pueblo precisa que la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), autorizada mediante Resolución Suprema N° 080-2019-IN, se deberá circunscribir al ámbito del terminal Portuario Matarani y, en todo momento, se sujetará a las disposiciones de la PNP. Esta intervención no implica la restricción o suspensión de ninguno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Nuestros equipos en Arequipa se mantendrán atentos para intervenir en el marco de las facultades legales y constitucionales previstas.