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Para el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, es fundamental la gestión del diálogo con el fin de prevenir los conflictos sociales que puedan surgir en la ejecución de un proyecto minero o de cualquier otro tipo.

“Un yacimiento, una obra pública o una APP [asociación público-privada] pueden ser muy importantes en las cifras económicas, pero se tiene que hacer viable desde el punto de vista social, y eso pasa por el diálogo”.

Las personas y las comunidades aledañas deben participar y tener la convicción de que el proyecto es beneficioso para ellos, declaró al Diario Oficial El Peruano.

Legitimidad

“Eso nunca pasará si ese proyecto de miles de millones de soles avanza, continúa y una gran pobreza convive en los alrededores. No habrá una legitimidad”.

Por lo tanto, afirmó, “es fundamental la gestión del diálogo antes de que surja el conflicto, crear espacios, promover la capacitación y participación” de la población que vive cerca.

En la medida en que la comunidad conozca mejor el proyecto y sus alcances, si eventualmente surge un problema, hay mayores posibilidades de solucionarlo, recalcó.

Gutiérrez sostuvo que si se quiere imponer y no convencer antes a la población de los beneficios, entonces, lo más probable es que no solo haya uno, sino también muchos conflictos.

Otro punto importante es que el Estado se encargue de sus competencias y responsabilidades, manifestó. “En gobiernos anteriores se instalaron mesas de trabajo y firmaron acuerdos que se sabía, de antemano, que no se podían cumplir en monto o tiempo”.

Esta situación, alertó, es “una bomba de tiempo” porque después surgirá otro conflicto, ya no necesariamente con la empresa, sino con el Estado, que está asumiendo compromisos que no podrá cumplir.

En la Defensoría “pensamos que los conflictos iban a ser uno de los grandes temas, y la corrupción es tan grande y galopante que ganó todo el escenario, pero hay que cuantificar la importancia de los conflictos”, refirió.

Impacto económico

En la Defensoría del Pueblo “creemos que ha llegado el momento de ya no solo hacer reportes, que estuvo muy bien, sino también tenemos que medir el impacto económico y social de los conflictos. Debemos contar con información de mayor calidad para que el Estado asuma esto con la responsabilidad que exige el país”, precisó Walter Gutiérrez. De acuerdo con el reporte de febrero de la institución, se dio cuenta de 212 conflictos sociales: 155 activos y 57 latentes. La mayor cantidad de casos por departamento se desarrollan en Apurímac y Áncash, con 26 en cada uno, seguidos de Puno con 18.

Fuente: El Peruano