El Ejecutivo se prepara para enviar al Congreso, a más tardar el 15 de octubre, el proyecto de Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). La propuesta busca ofrecer una salida ordenada a los más de 31,000 mineros que siguen inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y que no alcanzarían a completar sus trámites antes del 31 de diciembre, cuando vence el plazo actual. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, expuso el plan ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, en una sesión realizada el 15 de setiembre, y dejó claro que se trata de un nuevo proceso, con requisitos simplificados, para que esos mineros continúen su formalización durante 2027 bajo un marco regulatorio distinto.
La normativa vigente estableció que el proceso de formalización minera integral tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE y su reglamento, lo que ocurra primero. Con el calendario encima, el Ejecutivo optó por no dejar a miles de personas en el limbo y propuso una transición hacia un régimen específico para la pequeña minería y la minería artesanal. El nuevo marco incluiría plazos perentorios, simplificación del formato IGAFOM, zonas con potencial geológico dirigidas a la pequeña escala y asistencia técnica para las regiones, según lo que el propio Shinno adelantó en el Congreso.
Al 20 de abril de 2026, había 31,610 mineros inscritos: 23,861 con inscripción vigente y 7,749 suspendidos. La cifra contrasta con los apenas 2,295 mineros que completaron satisfactoriamente el proceso entre 2014 y 2025. Estar en el registro nunca equivalió a estar formalizado, y esa brecha es la que la Ley MAPE intentará cerrar. No bastará con establecer nuevas reglas. El reto real será conseguir que los inscritos efectivamente terminen el proceso.
El Congreso tendrá poco más de dos meses para debatir el proyecto, introducir cambios y aprobar las reglas que sustituirán al esquema actual antes de que termine el año. La propuesta deberá precisar qué actividades podrán acogerse al nuevo régimen, cuáles serán las obligaciones ambientales y de seguridad, cómo se verificará el origen del mineral y qué ocurrirá con quienes no cumplan los requisitos. Son definiciones que marcarán la diferencia entre una formalización real y una nueva prórroga disfrazada.
Roque Benavides, presidente de Expomina Perú 2026, calificó como indispensable incluir medidas para la formalización minera en el paquete de facultades legislativas y advirtió que la minería ilegal es fuente de corrupción y debe enfrentarse con exigencias más estrictas para quienes pretenden permanecer en el Reinfo. Mientras el Congreso y el Ejecutivo mueven sus piezas, los 31,000 mineros inscritos siguen operando bajo las reglas actuales, a la espera de un nuevo marco que promete ordenar lo que veinticuatro años de prórrogas no lograron.
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