El Ejecutivo presentó al Congreso un pedido de facultades legislativas para modificar las reglas que regulan las concesiones mineras en el país. La propuesta, que forma parte de un paquete más amplio de 66 materias, busca actualizar la normativa relacionada con el otorgamiento, vigencia y caducidad de las concesiones y otros títulos habilitantes. El plazo para legislar sería de 120 días. Sin embargo, el texto enviado al Congreso no detalla los cambios concretos; esa tarea queda para los decretos legislativos que se emitirían después.

El debate no es nuevo. La Comisión de Energía y Minas del Congreso ya había aprobado en marzo un dictamen que proponía cambios sustanciales al régimen de concesiones. Ese proyecto, impulsado por diversas bancadas desde 2024, planteaba reducir el plazo para que una concesión entre en producción de 30 a 15 años, elevar el derecho de vigencia de 3 a 12 dólares por hectárea para grandes extensiones y, lo más polémico, eliminar el carácter irrevocable de las concesiones. También se proponía aumentar las penalidades hasta en 400% por incumplimiento de metas de inversión y exigir un plan quinquenal de trabajo desde etapas tempranas.

El fantasma de la reforma ya había generado reacciones encontradas. El propio Ministerio de Energía y Minas (MINEM) expresó su preocupación en marzo, advirtiendo que la iniciativa “no es técnicamente viable” y que la reducción de plazos “podría debilitar la competitividad del Perú frente a otras jurisdicciones”. El MINEM fue más lejos: señaló que la propuesta podría “generar mayores incentivos para la ocupación ilegal” y afectar directamente la exploración minera, una etapa clave para el descubrimiento de nuevos yacimientos. El ente rector del sector pidió que cualquier reforma se sustente en “criterios técnicos, predictibilidad normativa y promoción de la inversión responsable”.

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, coincide en que una revisión del marco legal puede ser necesaria, pero con un matiz. Buena parte de las reglas actuales se construyó en la década de 1990, cuando las condiciones tecnológicas, económicas y sociales eran muy distintas. Sin embargo, advierte que cualquier modificación debe hacerse con cuidado para evitar que una reforma destinada a dar mayor previsibilidad termine generando incertidumbre. Herrera Descalzi ha sido especialmente crítico con el concepto de “concesiones ociosas”. A su juicio, la iniciativa no fortalece el orden en el sector, sino que debilita a la minería formal. “Lo que hace esta ley del Congreso es permitir sacar a la gran minería formal e ir en la dirección de lo informal. Quieren más minería informal y, de paso, ilegal, y menos gran minería. Esto es realmente grave”, declaró.

El pedido de facultades del Ejecutivo no se limita a las concesiones. También incluye medidas de simplificación administrativa, formalización, trazabilidad y desarrollo de proveedores. En el ámbito de la pequeña minería, el debate se entrelaza con el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no ha descartado una ampliación focalizada para quienes están en proceso de formalización.