El Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia N° 010-2026, mediante el cual crea una vía exprés para que el sector privado ejecute obras de prevención ante el Fenómeno El Niño 2026-2027 a través del mecanismo de Obras por Impuestos. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y proyecta una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. A eso se suma la declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente en 893 distritos del país, distribuidos en 16 regiones. La lógica detrás del decreto es simple pero contundente: cada acción ejecutada de manera preventiva evitará perjuicios de difícil o imposible reparación y menores costos fiscales de reconstrucción posterior.
La norma habilita a las entidades públicas a priorizar y ejecutar, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, servicios vinculados a la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación, así como Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) de emergencia. Los sectores competentes deberán aprobar mediante resolución ministerial la relación de servicios que podrán ejecutarse bajo este mecanismo.
Simplificación de plazos y procedimientos
El corazón del decreto está en la simplificación. La fase de priorización y actos previos, que antes tomaba alrededor de 50 días hábiles, se reduce a menos de 10. La etapa de contratación y perfeccionamiento pasa de 45 a 18 días hábiles. En total, el proceso completo, desde la priorización de una intervención hasta la suscripción del Convenio de Inversión, se reduce a menos de 30 días hábiles. La simplificación alcanza también las ejecuciones, liquidaciones de convenios y emisiones de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN).
Contratación directa y supervisión ágil
El decreto autoriza la contratación directa de empresas privadas y entidades privadas supervisoras. El titular de la entidad pública autoriza la contratación mediante resolución, previo informe técnico y legal, y el comité especial invita a dos o más empresas a presentar propuestas. Cuando existan varias propuestas que cumplan los requisitos, se seleccionará la de menor monto. La norma también permite que las entidades públicas asuman directamente la supervisión de las intervenciones, aunque mantienen la responsabilidad sobre su calidad.
Control y transparencia
La Contraloría General de la República conserva plenamente sus competencias de control simultáneo y posterior. Excepcionalmente, las entidades públicas no requerirán solicitar el informe previo de la Contraloría para estas intervenciones, aunque el organismo mantendrá sus facultades de fiscalización. Los procedimientos deberán ser publicados en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe) y en las sedes digitales de las entidades involucradas, ProInversión y la Contraloría.
El decreto ofrece a las regiones más expuestas “una ruta corta, transparente y verificable para la prevención ante el Fenómeno El Niño”. La pregunta ahora es si los plazos simplificados y la contratación directa lograrán traducirse en obras concretas antes de que las lluvias lleguen. Por ahora, el gobierno ha puesto las reglas sobre la mesa y ha dado la orden de acelerar. El resto depende de la capacidad de las entidades públicas y del sector privado para ejecutar.
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