Gasoducto Sur Peruano

La demanda contra el Estado Peruano planteada por Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la suspensión del contrato del proyecto (GSP), solicitando una indemnización de 1200 millones de dólares, ha encendido el debate público y motivado, más allá de los cuestionamientos a los fiscales Vela y Pérez, interrogantes sobre la inacción que muestra el Gobierno para volver a licitar este proyecto.

La ex ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz publicó en el diario Gestión el artículo: Gasoducto del Sur, ¿hay interesados en su retraso?, donde sostiene que el GSP no es un elefante blanco como lo califican sectores interesados, sino una infraestructura indispensable para la descentralización económica y el desarrollo del sur. Expresa también que serían algunas empresas dedicadas a la generación de electricidad las interesadas en que el proyecto siga retrasado, para beneficiarse con el alza de las tarifas que próximamente ocurriría por falta de gas.

Como indica el reciente informe del , Gas de Camisea. Su historia, su realidad y las perspectivas para el Sur Andino, con solo un avance del 37.8% en las actividades, el GSP tiene al día de hoy 1678 millones de dólares invertidos, enterrados en tuberías, maquinarias y equipos. Existen reservas de gas así como una demanda potencial de este recurso. Las proyecciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES indican que la generación eficiente de electricidad terminará pronto y la falta de gas en las centrales del Nodo Energético del Sur hará que estas empiecen a trabajar con Diesel, provocando un aumento de las tarifas de electricidad. Hay 1678 millones de dólares enterrados en tuberías, maquinaria y equipos. Si el GSP estuviera concluido, el consumo de dichas centrales superaría los 300 millones de pies cúbicos/día, lo que permitiría una verdadera masificación del gas, brindaría energía más barata al aparato productivo del sur y una mayor seguridad al abastecimiento de energía del país.

Entonces, existen reservas y una importante demanda potencial en el sector energía y otros, ha sido realizada una cuantiosa inversión y se ha priorizado el GSP en el Plan Nacional de Infraestructura. Proinversión ha contratado a una firma consultora (Mott McDonald), la cual sugirió mantener el trazo actual del GSP. Asimismo, es casi imposible que la demanda de Odebrecht al CIADI prospere. En este escenario, la pregunta es: ¿por qué el Gobierno no decide llevar adelante la licitación para concluirlo?

En nuestra opinión, el tema de fondo es cómo aprovechamos el gas de Camisea en función de los intereses del país y no solo de intereses privados, como ocurre actualmente. El GSP es un proyecto de alta rentabilidad social y un factor de descentralización económica y redistribución. Lo que hace falta para ponerlo en marcha es decisión política del Gobierno, para lo cual las autoridades regionales y locales, y las organizaciones del sur deben hacer causa común demandando y respaldando esta decisión.

Conoce la historia del gas de Camisea durante más de tres décadas en el resumen elaborado por http://bit.ly/34tuf7Q

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