- La propuesta del Minem plantea reducir de cuatro años a tres meses la evaluación ambiental para proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, manteniendo los estándares ambientales y la participación ciudadana.
El atractivo del Perú para las empresas petroleras se reduce año tras año. La salida de Chevron de un importante lote de exploración en el offshore peruano es apenas el último síntoma de un malestar más profundo. Frente a este diagnóstico, el Ejecutivo ha decidido poner sobre la mesa una propuesta que podría cambiar las reglas de juego: el Igaspe, un nuevo instrumento de gestión ambiental complementario que promete reducir de cuatro años a tres meses el proceso de evaluación de los estudios ambientales para exploración y explotación de hidrocarburos.
¿Qué es el Igaspe?
El Igaspe es un instrumento de gestión ambiental complementario que permitiría reducir los tiempos de evaluación de los permisos para exploración y explotación de hidrocarburos, pero sin reducir los estándares ambientales. Su lógica es simple y, a la vez, revolucionaria. Desde 1993, el Estado peruano ha acumulado información ambiental de las zonas donde se han desarrollado actividades de hidrocarburos. Esa información está disponible, pero dispersa. El Igaspe propone sistematizarla y convertirla en una Línea Base Ambiental Pública.
La idea es que, si una empresa quiere desarrollar un estudio de sísmica en una zona ya conocida —sea en el mar, la selva o el desierto—, no tenga que presentar nuevamente la caracterización ambiental completa, que suele abarcar varios tomos. En su lugar, solo deberá presentar un plan de manejo ambiental, que será evaluado en un máximo de tres meses.
La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, explicó a El Comercio que el Igaspe “trata de ir al corazón del problema porque a nosotros lo que nos interesa es que presenten las medidas que eviten que ocurran los impactos ambientales”.
Un cambio de paradigma
Hoy, el proceso para obtener los permisos ambientales en el subsector hidrocarburos puede extenderse entre tres y cuatro años. Esa demora, sumada a la incertidumbre regulatoria, ha ahuyentado a los inversionistas.
El Igaspe es un proceso que exige la presentación de medidas concretas de manejo ambiental. Y no elimina la participación ciudadana: siempre habrá un espacio en el que se explique a la población de qué trata el proyecto.
La propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha sido recibida con cautela por el Ministerio del Ambiente (Minam). Cárdenas reconoció que, en su gestión anterior, la idea no tuvo mucha aceptación porque el Minam argumentaba que la Ley del SEIA solo contempla tres tipos de estudio: DIA, EIAsd y EIA. Sin embargo, la misma ley plantea la posibilidad de instrumentos de gestión ambiental complementarios. “Esperamos que con la nueva administración podremos llevarlo a cabo”, señaló.
El contexto: Chevron y la fuga de inversiones
La urgencia del Igaspe se entiende mejor a la luz del panorama actual. Chevron, que en 2025 había entrado con grandes expectativas en los lotes offshore Z-61, Z-62 y Z-63 en la cuenca de Trujillo, estaría evaluando retirarse.
La petrolera estadounidense, que tomó una participación del 35% en el consorcio con Anadarko y otras empresas, no ha confirmado oficialmente su salida, pero la información filtrada a la prensa ha encendido todas las alarmas. La noticia fue reportada por medios internacionales como un revés para las aspiraciones energéticas del país.
El eventual retiro de Chevron no es un hecho aislado. El Perú ha perdido competitividad en exploración de hidrocarburos frente a otros países de la región. Los plazos para obtener licencias se han extendido, las regalías son de las más altas y la carga burocrática ahuyenta a los inversionistas. En ese contexto, el Igaspe se presenta como una respuesta concreta a un problema estructural.
Fortalecer a Perupetro
Pero el Igaspe no es la única medida en la agenda del Minem. La viceministra Cárdenas también se refirió a la necesidad de fortalecer a Perupetro, la agencia estatal encargada de promover la inversión en hidrocarburos. “Se trata de darle más autonomía, de que Perú-Petro se rodee de personal calificado y tome decisiones autónomas”, señaló. Para lograrlo, consideró que lo principal son los estatutos, los reglamentos y los gerentes.
“El motor de Perú-Petro es el gerente general porque es el funcionario operativo. El presidente del Directorio no es un funcionario ejecutivo”, precisó.
El relanzamiento de la petroquímica
Otro tema que ocupa la agenda del Minem es el relanzamiento de la petroquímica. La iniciativa, que permitiría producir fertilizantes y convertir al Perú en un hub de explosivos para la minería regional, quedó trabada en dos problemas: el precio del gas natural en boca de pozo y una cláusula anticorrupción que no ha sido resuelta.
Según Cárdenas, Pluspetrol ha señalado que llegará a un acuerdo con Perupetro, lo que permitiría relanzar la licitación de un volumen de gas para la petroquímica. La ubicación del proyecto aún no está definida, pero se mencionan localidades como Marcona (Ica) como factibles.
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