Ingreso de biodiésel argentino podría arruinar economía de 48,000 familias

La Asociación de Productores de Palma Aceitera advirtió que más de 48.000 familias dedicadas al cultivo de esta planta podrían quedarse sin su fuente de ingresos de prosperar el proceso que Argentina lleva a cabo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que se le permita ingresar al mercado peruano.

La parte argentina demanda acceder a nuestro territorio sin los derechos compensatorios antidumping que el Perú les fijó el 2016, año en el que Estados Unidos, la Unión Europea y nuestro país decidieron frenar su “agresiva política de exportación” basada en subsidiar a sus productores. El proceso lleva abierto desde el 2019 ante Indecopi.

Muchos países en el mundo, entre ellos el Perú, obligan a que las gasolinas tengan un porcentaje de biodiésel para luchar contra la contaminación. El Perú es un productor de este combustible, al igual que Argentina y Estados Unidos.

Lee también:  PERUPETRO reitera que próximo gobierno definirá licitación de Lotes del Noroeste

Sin embargo, los productores de biodiésel del país de Alberto Fernández consideran que existió “un cambio de circunstancias de las originales”, por lo que piden dejar sin efecto el reglamento antidumping y permitir su ingreso sin derechos compensatorios.

Ledgard Arevalo, presidente de dicha asociación, descartó que estas circunstancias hayan cambiado, por lo que los derechos compensatorios deben renovarse.

“De no hacerlo, el impacto social será muy grande. Más de 48.000 familias viven de la producción de palma aceitera en como Ucayali, San Martín, Huánuco y Loreto. Nos quedaremos sin mercado”, manifestó.

Asimismo, Arevalo Díaz expresó que, en los últimos años, muchas familias han migrado los cultivos originales de coca y maíz en esas zonas hacia la palma aceitera, insumo principal de biodiésel, con lo que obtuvieron un mercado predecible e industrializado.

Lee también:  Lote 67 en Loreto reinicia operaciones e impulsa producción petrolera en selva norte

“Permitir el ingreso de biodiésel argentino subsidiado en una situación tan dramática como la que vivimos es un acto de traición a los agricultores de la selva”, sentenció.

Indecopi y el biodiésel de Argentina: ¿qué pasó?

En octubre del 2016, el Indecopi determinó, en primera instancia administrativa, aplicar derechos antidumping a la importación de biodiésel originario de la República de Argentina, con el fin de equilibrar las condiciones de competencia en dicho mercado dentro del país.

Una investigación realizada por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias (CDB) había descubierto que las empresas exportadoras de biodiésel argentino hacían envíos de ese producto al Perú con márgenes de dumping de entre 17% y 31,6%, es decir, el producto ingresó al país con una significativa subvaloración de sus precios, en comparación con los precios del biodiésel producido en nuestro territorio.

Lee también:  Minem plantea prorrogar consulta previa para lote 192

El estudio reveló también que, entre 2009 y 2014, la demanda nacional de biodiésel se expandió de forma significativa (específicamente, en 2011 el requisito de mezcla de biodiésel con diesel N° 2 pasó del 2% a 5%, es decir, un aumento de 150%). En ese escenario, mientras que las importaciones de biodiésel argentino evolucionaron sostenidamente de manera favorable, la producción nacional experimentó un desempeño negativo.

Para el 2018, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (SDC) ratificó, en segunda y última instancia administrativa, la aplicación de derechos compensatorios y derechos antidumping definitivos a las importaciones de dicho combustible.

Sin embargo, en diciembre del 2019, y durante el Gobierno del ingresante Alberto Fernández, se retomó el proceso argumentando que habían existido “cambios de circunstancias”. Así, el caso impulsado por la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) fue reabierto en nuestro país.

Fuente: La República