La investigación ‘¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería’, fue analizada en sesión moderada por Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE; junto con el gerente general del IPE, Carlos Gallardo; Milton von Hesse, director de Videnza ; y el viceministro de Economía, Juan Pichihua.

  • Ralentización se debe a la no ejecución de 23 proyectos entre los años 2008 y 2022. Cifra en mención equivale a más del PBI de un año.

ProActivo | El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio ‘¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería’. La investigación permitió estimar el perjuicio sobre la economía, la recaudación fiscal y la generación de empleo debido a: la no ejecución de los proyectos retrasados por razones ajenas a las empresas entre 2008 y 2022, la conflictividad social durante el periodo 2021-2023 y los retrasos motivados por la tramitología sobre un proyecto minero modelo representativo.

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Retraso y no ejecución de proyectos

En primer lugar, se estima que el costo de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas, significó pérdidas de S/ 698 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal. Además, se evitó la creación de hasta 541 mil empleos anuales durante la fase de producción y de 125 mil empleos anuales durante la fase de inversión minera. La puesta en marcha de estos proyectos habría permitido aumentar el crecimiento promedio anual de la economía de 3.9 % a 4.7 % en el periodo entre 2008 y 2022. Con ello, 1.7 millones de personas adicionales habrían salido de la pobreza hacia 2022.

Elaboración: IPE, a partir de los datos de las carteras de inversión minera del Minem y los multiplicadores estimados a partir de la TIP 2017. (VAB: valor agregado bruto)

Conflictos sociales

En segundo lugar, el estudio revela que la conflictividad social entre 2021 e inicios de 2023 obligó a 11 principales unidades mineras a detener sus operaciones, ocasionando pérdidas de S/ 7,000 millones en términos de menor PBI. Con ello, el ritmo de crecimiento económico fue 1.1 puntos porcentuales menor. Además, la recaudación fiscal podría haber aumentado en S/ 1,800 millones, equivalente al 5.2 % del total recaudado en el sector minero durante dicho periodo.

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Demora en los trámites

Finalmente, se evaluó el costo de los retrasos asociados a la tramitología administrativa que enfrentan los proyectos mineros. Se identificó que los principales cuellos de botella están relacionados a los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa, en las fases de inversión y preparación de la cadena productiva. Se estima que las demoras por la tramitología pueden extender el cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 6-7 años, más del doble del tiempo normativo de 2-3 años. En promedio, el retraso de cuatro años para un proyecto minero representativo del sector puede generar pérdidas para la economía por S/ 12,044 millones y de ingresos fiscales por S/ 2,066 millones. Además, se pierden 8,500 empleos por año durante la etapa de inversión y 7,400 empleos por año durante la etapa de producción.

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Ante este panorama, es urgente implementar políticas coordinadas que enfrenten las causas subyacentes de la conflictividad social y la tramitología. Abordar estos problemas de manera efectiva es fundamental para fomentar un entorno empresarial más competitivo que permita aprovechar el enorme potencial del sector minero en el Perú para generar empleo y mayores recursos fiscales, permitir crecimiento económico y reducir la pobreza.