Por: Jorge Luis Montero Cornejo, exviceministro de Minas
Hace pocos días declaraba en RCR que el 72% de la minería peruana operaba con razonable normalidad. Hoy ese porcentaje se desplomó a un preocupante 50% con la paralización de Antamina y podría ser peor si se multiplican las acciones de violencia en los territorios mineros.
Este año, el cobre representa el 47% de las exportaciones peruanas con cerca de 24 mil millones de dólares. Este flujo de divisas mantiene el dólar estable, evitando un brote de inflación por costos que acarrearía pobreza y precariedad a la población más vulnerable (10 millones de peruanos).
No hay protesta que justifique la destrucción de nuestro patrimonio productivo y la agresión a las personas. La protesta y la violencia son antagónicas: la primera busca mejorar las condiciones y debe ser atendida, pero la segunda destruye toda posibilidad de acuerdo y debe ser sometida al marco jurídico-legal ofrecido por un Estado de Derecho.
Las oportunidades de mejora en el sub-sector minero existen y se deben trabajar con sentido de urgencia y con información completa. Ahí tenemos, en lista de espera, la Política Nacional de Minería, el fondo minero para la pequeña minería y minería artesanal, el reglamento de cierre de minas, la remediación de los pasivos ambientales críticos, los sistemas informáticos para simplificar trámites administrativos, el cierre de brechas en infraestructura básica para un desarrollo productivo sostenible, la reforma del Canon y de la Consulta Previa, y la promoción de cuando menos, 14 proyectos de construcción-mina que podrían duplicar en 5 años la producción nacional de cobre, el metal del futuro.
Es tarea del Gobierno articular a todas las partes interesadas y a los que se sienten involucrados, para que las mejoras en la gobernanza minera se concreten con la debida planificación y visión estratégica, pensando en el futuro de todos los peruanos (45 millones en pocas décadas), sin distinciones de sexo, raza, origen o ideología. Hagamos que esto sea posible.