- Actualmente, cerca de 3.4 millones de peruanos carecen de este servicio fundamental
La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, destacó que es prioritaria la aprobación del proyecto de ley de acceso universal al agua potable, porque contribuirá a cerrar la brecha existente de 3.4 millones de peruanos que carecen del servicio y traerá paz social en el país.
Así lo indicó ante la Comisión de Descentralización del Congreso, donde sustentó la referida propuesta legislativa, presentada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.
Pérez de Cuéllar remarcó que el cierre de brecha de agua y saneamiento es una prioridad del Gobierno, principalmente de su sector, y que la propuesta planteada por el Ejecutivo contribuye a alcanzar ese objetivo a corto plazo.
“Este proyecto de ley es fundamental para el Perú porque no solo permite cerrar la brecha (de agua) en el corto plazo, sino también a mejorar la salud y educación de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad que carece de este servicio”, señaló.
Detalles de la propuesta
El proyecto de ley de acceso universal al agua propone un marco normativo para desarrollar intervenciones principalmente mediante opciones tecnológicas no convencionales, a fin de asegurar la dotación de agua potable a la población vulnerable o en condición de pobreza, que carece de este servicio en las zonas urbano y rural del país.
Entre las opciones tecnológicas no convencionales tenemos por ejemplo los sistemas de pilones de uso público y reservorios móviles alimentados por camiones cisternas, así como el uso de filtros intradomiciliarios o comunitarios para potabilizar el agua en aquellos lugares que tienen una fuente de agua contaminada con metales pesados, entre otras alternativas.
La titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), detalló que las intervenciones convencionales, que comprenden proyectos de inversión de infraestructura, redes y equipamiento, se desarrollarán paulatinamente en los próximos diez años, siguiendo la hoja de ruta planteada en el Plan Nacional de Saneamiento.
Asimismo, indicó que se plantea también que el Estado subsidie al 100 % la tarifa social de la población en condición de pobreza extrema, mientras que para los otros segmentos de poblaciones consideradas no pobres y no vulnerables, se les aplicaría una tarifa diferenciada.
“Espero que consideren la ley como una opción interesante para resolver esta deuda histórica y deuda social que tenemos con esos 3.4 millones de peruanos y peruanas. Es una ley histórica para el país, que no solo va a traer agua segura, sino que también va a traer mejores índices de salud, mejor educación para nuestros niños y por qué no decirlo, también más paz social”, puntualizó.
Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) del 2022, aproximadamente el 88 % de la población a nivel nacional accede al servicio de agua a través de la red pública y el 2 % a través de una pileta de uso público.
En tanto, un 10 % de la población que no cuenta con agua potable por redes, accede al líquido vital mediante camión cisterna (2.8 %), pozos de agua subterránea (1.4 %), ríos, acequias, canales (3 %), mientras 2.9 % accede mediante otras formas, como por ejemplo a través de un vecino.