La minería ilegal y la minería informal son dos actividades que trabajan al margen de la ley en nuestro país. Mientras que la primera se refiere a la actividad ejercida en zonas en las que está prohibido su ejercicio, la segunda se realiza en zonas no prohibidas por personas organizadas en proceso de formalización, según la definición que brinda el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1105.
Para Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ambas han crecido de manera dramática en los últimos años y se estima que hay entre 300 mil y medio millón de mineros informales e ilegales distribuidos a lo largo y ancho del país.
“Es clarísimo el efecto negativo y destructivo que buena parte de esta actividad tiene sobre el medio ambiente. El caso de Madre de Dios es quizá el espacio geográfico más afectado con la depredación de casi 100 mil hectáreas de bosques”, señaló.
Para De la Flor, el uso indiscriminado de mercurio, estimado en 400 toneladas métricas al año, es una de las principales causas del daño ambiental y amenaza a la salud pública.
Para Jorge Guillén, profesor de ESAN, la minería informal muchas veces bloquea a la formal y moderna para que no logre establecerse y coincide en que eso trae problemas ambientales, ya que no se invierte en contrarrestarlos y contamina.
ABANDONO
De la Flor asegura que la minería ilegal es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el país y de los que ocupa la menor atención del Gobierno y autoridades. Así, menciona el caso del Registro de Mineros Informales en Proceso de Formalización (REINFO).
“Se ha avanzado muy poco en la formalización y uno de los problemas es que se implementa un sistema de registro de formalización REINFO, con un plazo que se va ampliando y al cual se van acogiendo los mineros informales”.
Con esto, los inscritos en este registro pueden seguir desarrollando sus actividades, aunque no cumplan con las condiciones del proceso de formalización.
“Es un incentivo perverso porque lo único que necesitan para seguir operando es estar en este registro, que no es otra cosa que una manifestación de voluntad de formalizarse sin que tengan que cumplir con ningún requisito de avance del proceso de formalización”, señaló.
Para Guillén existe un conflicto de interés porque muchos gobiernos regionales están involucrados en la minería ilegal por lo que falta un mejor monitoreo y regulación.
“Se ha tratado de buscar el bienestar individual de los informales por encima del bienestar común. Existe un problema de ética, pero es un problema de fondo más complicado de resolver”, añadió.
Tenga en cuenta
-Pablo de la Flor advierte que la minería ilegal tiene nexos con otras actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de mercurio e incluso el narcotráfico.
-Jorge Guillén señala que esta minería informal en el país tiene problemas de regulación laboral porque trabaja con menores de edad e incluso involucraría el trabajo infantil.
Fuente: Perú 21