Compañía Minera Ares informó que en la madrugada de hoy algunos pobladores del Anexo de Huancute han cortado la malla metálica que se encuentra en el perímetro de la Unidad Minera Inmaculada, con el fin de invadir ilegalmente la propiedad privada, lo cual constituye tanto delito de usurpación, como delito de daños materiales.
La empresa ha tomado conocimiento de un plan orquestado por los pobladores del Anexo de Huancute y sus asesores de invadir ilegalmente y con uso de la fuerza la Unidad Minera Inmaculada, ubicada en Ayacucho.
Cabe precisar que la Mina Inmaculada realiza sus actividades en terrenos sobre los cuales tiene servidumbres mineras otorgadas por los propietarios de dichas tierras, en virtud de los contratos de servidumbre suscritos con el Estado y con la Comunidad Campesina de Huallhua. Además, cuenta con derechos de posesión otorgados por posesionarios del propio Anexo de Huancute y por la Asociación Qatary Huancute.
Compañía Minera Ares responsabilizó de antemano a los dirigentes del Anexo de Huancute y sus asesores por cualquier hecho de violencia que se pueda suscitar ante esta ilegal y arbitraria acción.
Lamentablemente, no es la primera vez que se realizan actos que atentan contra nuestra legítima posesión sobre el área en mención. Cabe precisar que, en varias oportunidades, grupos de pobladores han ingresado sin autorización a nuestra propiedad a pesar de los reiterados pedidos para que no ingresen al área industrial de la Mina Inmaculada. Desafortunadamente, algunos pobladores realizan actos, como los descritos, acompañados de niños, exponiéndolos a este tipo de situaciones.
Compañía Minera Ares ha procedido a realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, sobre estos actos atentatorios a la ley. En ese sentido, alertamos a las autoridades para que intervengan garantizando el orden, así como la integridad de los más de 1,700 colaboradores de Compañía Minera Ares que trabajan en la Mina Inmaculada y eviten hechos que podrían generar violencia y daños materiales, como corresponde en un Estado de derecho.
Es un atentado contra la economía del País, debería actuar el ejército. En caso contrario contratar seguridad privada y defender el patrimonio, es legítimo y no mostrar miedo a los comuneros, capturar a los malos dirigentes y a los asesores mercenarios.