El Gobierno está optimista sobre la inversión minera para este 2023. Sin embargo, Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, es más “realista”, pues prevé que la inversión se concentre en mantener el nivel de producción y no en nuevos proyectos. En entrevista a Gestión, además, descarta que haya mayor avance en el destrabe de proyectos, pese a que el Poder Ejecutivo anuncia lo contrario.
El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, prevé que para este año las inversiones mineras alcancen los US$ 5,600 millones, ¿cuál es la expectativa de la SNMPE?
En los cuatro primeros meses del año hemos invertido US$ 1,700 millones, casi 20% menos que igual periodo del 2022. El año pasado, la mayor inversión estuvo explicada por el proyecto Quellaveco; para el presente año las inversiones serán menores, en torno a los US$ 3,500 millones.
¿Qué comprende esa inversión?
Este es un negocio que requiere reinvertir permanentemente en mayor infraestructura, espacios y equipamiento, sea la renovación del equipamiento o incremento en el mismo. Entonces necesitamos más proyectos grandes, porque eso va a hacer que ese stock de inversión permanente sea mayor y eso es bueno para el país.
El Minem (en su último reporte) ha incluido en su cartera para este año cuatro proyectos de construcción de minas (Romina, Corani, Magistral y Reposición Antamina), ¿qué avances tienen?
Lo único que se ha concretado es la aprobación del estudio ambiental del proyecto de cobre Zafranal, en Arequipa, y están pendientes de aprobación los proyectos Inmaculada, Yumpag (de Buenaventura) y Antamina, que esperamos que salga este año. Y en lo que es construcción, como nuevo proyecto de mina solamente está el proyecto San Gabriel (que se postergó, pues se preveía que empiece el 2022).
En la ultima encuesta del BCR sobre expectativas empresariales en la economía, el sector minero y de hidrocarburos se mantienen aún en terreno negativo versus otros sectores, ¿a qué se debe el pesimismo de las mineras?
Tenemos un portafolio de proyectos mineros de más de US$ 50,000 mil millones que está atrasado, y hay varias razones para ello. Hemos pasado un periodo de incertidumbre económica donde se hablaba de aplicar más impuestos y mayor participación estatal.
¿La incertidumbre continúa?
Tenemos todavía esa falta de convencimiento de una política minera completamente clara. Eso hace que cada proyecto minero tenga un desafío no menor, en donde se respete la relación con las comunidades y el acceso a las tierras.
¿Cuál es el horizonte más inmediato para las empresas del rubro?
Hay un cúmulo de temas que hacen que nos veamos nuevos proyectos de la dimensión de Quellaveco. Lo que sí tenemos en el horizonte son ampliaciones de minas, como los casos de Toromocho, Inmaculada, Yanacocha, Yumpag, Antamina. Todas ellas son operaciones existentes que están extendiendo su vida. Además, tenemos un sistema de obtención de permisos engorroso y largo, y nosotros no estamos pidiendo cambiar los estándares (ambientales), sino más agilidad.
El ministro Óscar Vera declaró que ya están destrabando proyectos mineros y que los trámites para su autorización se han reducido de 18 meses a 90 días. ¿Qué avances concretos han tenido?
Hay una mesa ejecutiva donde participan los ministerios de Energía y Minas, Economía, Ambiente y Desarrollo Agrario, y las empresas mineras, en la cual se discute las trabas que quisiéramos resolver, pero en concreto, a la fecha, no hemos logrado ningún cambio significativo. En el corto plazo no se ve ningún cambio normativo (para destrabar proyectos).
De todos los sectores indicados, ¿cuáles son clave para destrabar los proyectos?
Sobre los trámites del sector minero, hay temas que escapan del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Por ejemplo, en la modificación de estudios de impacto ambiental para los proyectos, una parte importante está en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Midagri; y otra parte en el Senace (que aprueba los Estudios de Impacto Ambiental – EIA), adscrita al Ministerio del Ambiente. Ambas entidades son fundamentales para acelerar la permisología y el desarrollo de la inversión minera.
¿Qué es necesario para que dichas entidades expidan los permisos más rápido?
Con el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos conversado para que, en el corto plazo, a dichas entidades las doten de recursos financieros para que tengan más profesionales, más recursos humanos con experiencia y conocimiento con el fin de que puedan revisar la información que generan las empresas en plazos más cortos.
¿Cuánto tiempo demoran los trámites solo en esas dos entidades (ANA y Senace)?
Depende de la complejidad del proyecto. Si es complejo, puede tomar un año y medio; tenemos muchas entidades del Estado desperdigadas con visiones distintas del mismo tema ambiental y el administrado está al centro como un sándwich y no avanzamos.
¿Qué soluciones ven para el mediano plazo?
En el mediano plazo buscamos un consenso para integrar todo el tema ambiental en una sola entidad sin cambiar ningún estándar y con eso se va a dar agilidad. (Sé que) se van a integrar funciones ambientales en una sola entidad y no sé cuál, puede ser el Senace o la ANA.
¿Cuál es la necesidad de esa integración?
Tiene que haber una única institución integradora porque si bien el estándar ambiental es el mismo, hay distintas interpretaciones (en los entes públicos involucrados) y se toman demasiado tiempo. Eso requiere un consenso político y también ser consensuado a nivel del Congreso de la República.
Fuente: Gestión