La minería ilegal en Perú ha alcanzado proporciones preocupantes, ocupando alrededor de 25 millones de hectáreas, según el 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el país. Este informe, presentado recientemente por CooperAcción, Grufides y Fedepaz, revela un aumento sostenido de los conflictos sociales, superando los 220 casos, el número más alto en los últimos siete años.
Aumento de conflictos socioambientales
En su mayoría, los conflictos están vinculados con la categoría socioambiental, representando más del 60% del total. De estos, el 67% tiene conexión directa con la minería. El incremento de estos conflictos se refleja en un aumento de las acciones de protesta colectiva, que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre.
Expansión de la minería ilegal
El informe destaca que la minería ilegal se ha expandido peligrosamente a las fronteras, afectando zonas limítrofes con Ecuador y Colombia. La zona de la Cordillera del Cóndor y el río Cenepa, así como la frontera con Colombia en el río Putumayo, son áreas particularmente afectadas. Esta expansión ha generado impactos ambientales y sociales significativos, especialmente en comunidades indígenas.
Poder económico y político de la minería ilegal
La minería ilegal ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 15 años, aprovechando precios altos, especialmente en el caso del oro. Este auge ha permitido que acumule un considerable poder económico y ejerza control territorial con influencia política que se extiende desde alcaldes hasta congresistas. La estimación sugiere que ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas, superando las concesiones mineras formales que ocupan cerca de 20 millones de hectáreas.
Impacto social y electoral
La minería ilegal emplea aproximadamente a 400,000 trabajadores, superando a la minería formal que emplea alrededor de 220,000. Esta base social considerable hace que el sector sea electoralmente atractivo y ejerza una influencia significativa en el ámbito político. La crisis sanitaria de la pandemia ha exacerbado la vulnerabilidad de ciertas regiones ante la minería ilegal, ya que la presencia del gobierno es mínima.
Desafíos y necesidades de intervención
Los expertos señalan la necesidad de un control más estricto de la cadena de suministros y la identificación de quienes facilitan instrumental y apoyo a la minería ilegal. La ausencia del Estado ha sido un factor crítico que ha permitido la expansión de esta actividad. Para enfrentar este problema, se destaca la importancia de fortalecer a las organizaciones sociales de base, involucrando activamente a la sociedad para contrarrestar el avance de la minería ilegal.
La minería ilegal en Perú no solo representa una amenaza ambiental sino también un riesgo social y político significativo. La necesidad de intervenciones gubernamentales efectivas y la participación activa de la sociedad se vuelven esenciales para abordar este desafío en constante crecimiento.