La madrugada del pasado martes 24 de noviembre una intervención policial alteró el vibrante amanecer de la bahía de Iquitos, en la región Loreto. Esa mañana, la fiscalía ambiental ingresó a las instalaciones de uno de los puertos más importantes de la Amazonía peruana y quebró el acostumbrado ajetreo de madereros y estibadores. El fiscal Pablo Ormeño llegó acompañado de policías y ordenó la inmovilización de lo que hasta hoy es el mayor cargamento de madera de origen ilegal en el Perú: 1.312 metros cúbicos de pies tablares, equivalente a lo transportado por 60 camiones de carga pesada. La mercadería, valorizada en 1.6 millones de soles, tenía como destino México y Estados Unidos. Gran parte de la madera confiscada era propiedad de una de las mayores exportadoras del país: la compañía Inversiones La Oroza S.R.L.
Durante la intervención –en el marco de la Operación Amazonas 2015, en la que también participaron fiscales, agentes de la Sunat y del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor)– se inmovilizaron miles de tablones de madera en un almacén de la bahía loretana y dentro de la embarcación Yacukallpa que estaba a punto de partir. Ojo-Publico.com accedió a los documentos que sustentan el decomiso y que detallan la procedencia ilegal de este cargamento. Los informes de Osinfor sostienen que la madera que se pretendía exportar provenía de zonas no autorizadas de la Amazonía y mencionan que «se utilizaron documentos oficiales» para comercializarla, pero con información falsa.
Las autoridades informaron que el 80% de la carga pertenece a Inversiones La Oroza.
Una vez más, como ya ha ocurrido en decenas de intervenciones anteriores, el producto no provenía de las zonas que se mencionan en los documentos oficiales. El tráfico de madera en el Perú se sostiene hace años en una práctica conocida: los árboles son talados ilegalmente de áreas naturales protegidas o de bosques no autorizados, convertidos en tablones, incorporados a la cadena de comercialización con documentos con información falsa y finalmente exportados. En Loreto, las autoridades informaron que el 80% de la carga decomisada la semana pasada le pertenece a Inversiones La Oroza SRL, y el resto a Sico Maderas SAC y a Corporación Inforest MC SAC.
Antecedentes
Inversiones La Oroza inició sus operaciones en el 2004, pero el volumen de sus exportaciones de madera hacia EE.UU. se incrementó en los últimos años. Entre el 2008 y el 2014 la madera exportada por esta empresa se multiplicó 10 veces: pasó de enviar 199 a 1.912 toneladas de madera. La compañía está registrada en Iquitos (Loreto) y tiene como sus principales accionistas a los hermanos Ruth Antonia y Luis Ángel Ascencio Jurado.
El día de la intervención fiscal, los abogados de Inversiones La Oroza señalaron en su descargo al fiscal que las piezas de madera tenían la autorización del programa regional forestal y que dichos funcionarios no les advirtieron que el producto era de origen ilegal. Ellos compraron “de buena fe” la madera, dijeron.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la compañía de Iquitos vive un problema judicial similar. Ojo-Publico.com conoció que un cargamento de madera, también de su propiedad, está inmovilizado en el puerto de Houston (EE.UU.) desde setiembre del 2014. Las autoridades aduaneras de dicho país y del Perú vienen investigando el origen sospechoso de un parte del cargamento debido a que también procede de zonas no autorizadas.
Consultada sobre la confiscación fiscal en Iquitos, la representante legal de Inversiones La Oroza, Dora Noriega Paredes, declaró: «Nosotros no extraemos directamente la madera, la compramos a terceros y luego la procesamos. Cuando nos venden la madera nos la entregan con todos sus papeles en regla… con documentación legal».
Sin embargo, los antecedentes negativos de La Oroza se remontan a muchos años. El 2010, Osinfor sancionó a la concesión que esta empresa administra en Loreto por declarar que comercializó 326 m3 de cedro (una especie protegida), cuando lo verificado en el campo justificaba solo la extracción y comercialización de 59 m3. Además, la concesionaria había sembrado tocones falsos para aparentar que la madera fue extraída de esa concesión y justificar así su comercialización.
En los últimos años esta compañía loretana se ha ido abriendo camino en el negocio maderero de la región. En mayo de este año la Forest Stewardship Council (FSC) –una institución internacional que evalúa el buen manejo de los bosques en el mundo– certificó sus procedimientos forestales durante la cadena de custodia de la madera. El sitio web de la certificadora explica que la validación otorgada «garantiza que los productos [comercializados por La Oroza] tienen su origen en bosques bien manejados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos». Una incautación por tráfico de madera en Houston en el 2014 y otra en proceso en Iquitos prueban lo contrario.
Ojo-Publico.com solicitó información a FSC sobre los protocolos que siguen para entregar certificaciones a empresas exportadoras de madera como La Oroza, pero contestaron que en este momento no contaban con toda la información del caso para emitir una opinión.
Problemas en decomiso
La enorme intervención de madera –una parte confiscada dentro de un almacén de la bahía de Iquitos y la otra dentro de la embarcación Yacukallpa– significó un desafío para las autoridades y evidenció las debilidades del sistema de control en el tráfico de este producto en el Perú. Ni el Ministerio Público, ni la Sunat, ni laComisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) lograron desembarcar la carga decomisada al interior de la naviera que debía llegar a México y EE.UU. Cuando quisieron hacerlo, intentaron contratar a las empresas de la zona que brindan el servicio de descarga, pero estas pidieron una cifra exorbitante: 730 mil soles por retirar la madera (la mitad del valor total de lo decomisado). Este monto, según los expertos consultados, está muy por encima del precio real que se cobra por dicho servicio.
¿Qué ocurrió? Las autoridades involucradas en el decomiso recibieron presiones de varios frentes: no solo los gastos para desembarcar lo confiscado eran extrañamente altos, los gremios madereros también organizaron protestas en Loreto y Ucayali (la otra gran región maderera del país) en los días siguientes. En esa misma semana, la empresa propietaria del Yacukallpa, la Agencia Naviera Maynas le envió una carta al fiscal Ormeño recordándole que los costos diarios de la nave –que entonces estaba paralizada en el río Amazonas– ascendían a 10.000 dólares y que el Estado debía asumirlos.
Tres días después de la intervención, sin presupuesto ni capacidad logística para desembarcar la madera decomisada en el Yacukallpa, el fiscal ordenó lo que otras veces ya ha ocurrido: entregó la custodia del cargamento al capitán de la embarcación Carlos Scarpatti Espinoza. Sin embargo, este empezó su navegación por el río Amazonas, hacia Brasil y luego seguirá rumbo al Atlántico. Según el acta de custodia, la madera ilegal no puede ser vendida en el trayecto ni entregada a la empresa importadora. Luego de cumplir con su viaje, el capitán deberá volver a la bahía de Iquitos para iniciar –cuando se resuelvan los problemas logísticos de la confiscación– el desembarco final.
El resto de la madera intervenida sigue en un almacén de la bahía de Iquitos.
Lobbies en el Congreso
La intervención fiscal en el puerto de Iquitos se produjo en el marco del Decreto Legislativo 1220, una norma que se promulgó este año y que declara de interés nacional la lucha contra la tala ilegal, regula la interdicción y el decomiso especial de madera cuando esta no tenga documentos que avalen su origen legal. La operación Amazonas es la primera en la que el Ministerio Público utiliza dicho recurso legal.
La presión contra Osinfor y el Ministerio Público se ha hecho cada vez más evidente. Los congresistas Carlos Tubino (fujimorismo) y Amado Romero (ex nacionalista y vinculado a la minería ilegal de oro en Madre de Dios) presentaron dos proyectos de ley para frenar los alcances del decreto 1220 en los últimos días. Este último ha cuestionado públicamente en el pleno del Congreso el decomiso de madera. Mientras eso sucedía en Lima, el último lunes un grupo de desconocidos arrojó una bomba molotov contra las oficinas de Osinfor en Pucallpa.
El tráfico de madera es una de las actividades criminales más rentables del Perú junto con la minería ilegal de oro y el narcotráfico. La operación Amazonas prueba una vez más que la madera extraída de bosques amazónicos continúa ingresando ‘lavada’ al mercado formal. Desde que en el 2009 se implementó el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., hasta el 2013, Osinfor ha constatado que con documentos oficiales se ha movilizado ilegalmente cantidades de madera estimadas en 134 millones de dólares. Estos cargamentos exportados tenían documentos formales que los avalaban, pero con información falsa.
Hace poco más de un año el dirigente indígena Edwin Chota y cinco compañeros más fueron asesinados por madereros ilegales que invadían sus territorios en Ucayali, en la frontera con Brasil. El gobierno prometió enfrentar el problema, pero la presión para dejar de decomisar los cargamentos que deben ser exportados es cada vez mayor. Ayer, la asociación de industriales madereros de Loreto y otras afines emitió un comunicado en el que tildaba de «abuso las acciones del Ministerio Público» y pedía «dejar sin efecto los decomisos». El mensaje es claro: el Estado debe devolver la mayor carga de madera de origen ilegal incautada hasta ahora.
La historia para frenar el tráfico de madera amazónica recién empieza.
Edwin Chota: la última víctima del tráfico de madera.
Todos en Ucayali sabían que a Edwin Chota, el líder asháninka que se enfrentó a los madereros ilegales, lo iban a matar. Él mismo, en abril del 2014, cinco meses antes de que lo asesinaran, pidió por escrito garantías para su vida a la fiscalía ambiental. Entonces denunció a uno de los concesionarios forestales cuyo título estaba sobre el territorio de la comunidad de Saweto: José Estrada, titular de Eco Forestal Ucayali, una empresa que administraba 48 mil hectáreas. El dirigente asháninka denunció que Estrada permitía y facilitaba el ingreso de madereros ilegales. Solo después de la muerte de Chota la fiscalía inició una investigación contra los madereros de la zona.
“Hace tiempo que corremos riesgo, ellos son madereros, tienen armamento, dinero. Sabemos cómo son y cómo actúan, por eso les pedimos a las autoridades que velan por esta zona de frontera que hagan valer nuestros derechos”, dijo en la última entrevista que dio en el 2013. En mayo del 2014 Chota envió a los fiscales y a las autoridades forestales documentación con las coordenadas en las que se encontraban los campamentos de madereros ilegales próximos a su comunidad de Saweto, Ucayali (frontera Perú-Brasil), pero nadie intervino.
Solo varios meses después, los últimos días de agosto, los inspectores viajaron a la zona para conocer la situación de las tres concesiones y los acompañaron los dirigentes asháninkas [Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos Pérez]. Estuvieron unos días, pero luego salieron porque fueron amenazados de muerte. Chota quería que visitaran los otros puntos que él había geolocalizado y denunciado, pero los inspectores de Osinfor le dijeron que no estaban autorizados para evaluar áreas que se encontraban fuera de las concesiones. El 30 de agosto los inspectores iniciaron el retorno, pero los líderes indígenas optaron por seguir su camino hacia la comunidad de Apiwxta, en Brasil. Nunca llegaron. Fueron acribillados al día siguiente.
El dato
Otra parte de la carga permanece en la embarcación Yacukallpa. Debe volver al puerto de Iquitos.
Nelly Luna Amancio
Ojo-Publico.com
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
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