Pablo de la Flor, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina.
La ruta seguida por Perú en los últimos diez años demuestra contundentemente que el crecimiento sostenido, a partir del desarrollo de la minería, no propicia el estancamiento de otras actividades productivas, como algunos afirman maliciosamente, aseguró el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina, Pablo de la Flor.
“La actual década de minería en nuestro país está marcada por un despegue extraordinario y por la dinámica transformadora en materia económica y de desarrollo sostenido que ha traído consigo”, remarcó el empresario.
Argumentó que además de la contribución al PBI, aportó con mejoras “sustantivas y medibles en el bienestar de las poblaciones”.
Destacó que la minería fue la impulsora para que Perú obtenga uno de los crecimientos más descollantes a nivel de los países en vías de desarrollo, a raíz del fabuloso ciclo de precios de los metales.
El ex Viceministro de Comercio Exterior, admitió que tal salto fue posible por las reformas iniciadas hace 20 años, que permitieron que la inversión minera estancada, alcance ahora un record histórico de 19.000 millones de dólares invertidos y con proyecciones para los próximos 10 años, de unos 41 mil millones de dólares.
A su criterio, el derrotero seguido por nuestro país demuestra, que es posible el crecimiento sostenido a partir del apalancamiento de la riqueza minera. Afirmó que “no es casual que la bonanza minera que vivimos esté directamente asociada al fortalecimiento de la democracia del Perú.
Crecimiento de otras actividades
Sobre el desempeño de otras actividades, anotó que el boom minero coincide con una expansión sin precedentes históricos en el desempeño de la agro exportación, y no ha erosionado la capacidad de ampliar la base del crecimiento económico.
De la Flor resaltó el carácter descentralizador de la actividad minera al que le atribuyó “reorientar el crecimiento hacia las regiones”.
Reducción de la pobreza
El empresario anotó que “el aporte del canon en los últimos tres años ha sido de 15.000 millones de dólares, y solo Áncash en el último año ha recibido 840 millones de dólares. Se trata de un hecho sin parangón en nuestra historia reciente”, añadió.
Dijo también que la minería ha incidido en la significativa reducción de la pobreza, que entre el 2004 y el 2009 pasó de casi el 49% al 34.8%. Y en las 5 principales regiones mineras, 4 redujeron sus índices de pobreza por encima del promedio nacional; en Moquegua se redujo a la mitad y en Ancash el 40%.
Aporte Voluntario: Inédito
En otro momento, manifestó que los presupuestos destinados a las actividades de responsabilidad social corporativa se han multiplicado, y destacó los alcances del Programa Voluntario de Solidaridad con el Pueblo como una “experiencia inédita en el mundo”.
“Ha permitido en los últimos 4 años canalizar casi 1.800 millones de soles a proyectos de desarrollo productivo, mejora en servicios básicos, apuntalamiento de la educación y lucha frontal contra la desnutrición crónica infantil”, anotó.
Elogió el programa Ally Micuy (Buena Comida) contra la desnutrición crónica infantil en menores de 3 años, que administra el Fondo Minero Antamina y criticó la gestión de región Ancash. “Este programa ha logrado lo que ningún programa del gobierno ha podido conseguir en las dos últimas décadas: una reducción de casi 12 puntos porcentuales de un flagelo tan lamentable en una región con una ejecución de sólo 17% de su presupuesto”, observó.
Conflictos: el Desafío
“De hecho, hoy por hoy, el gran desafío de cara al futuro del sector minero, no son las condiciones técnicas ni los retos técnicos de antaño, sino la difícil tarea de construir los espacios de diálogo y entendimiento, sin los cuales resulta imposible obtener la legitimidad social que el desarrollo de la industria requiere”, reconoció al mencionar los sucesos ocurridos en Huaraz por rechazo a la minera Chancadora Centauro.
En tal sentido, sostuvo que las tareas pendientes son múltiples y complejas y giran en torno a la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales, y a la ausencia de la acción estatal en las zonas más alejadas donde opera la minería.
“Por eso no sorprende que haya cierto grado de conflictividad con las comunidades distantes, en las que prevalecen esquemas ancestrales de articulación productiva, y donde la memoria histórica negativa de la vieja minería pesa de manera dramática en las percepciones y desconfianzas de las comunidades”, consideró.
Sin embargo, indicó que buena parte de esos conflictos responden también a contiendas de carácter redistributivo de los ingresos por minería entre las comunidades.