El general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), responsabilizó directamente al fiscal provincial de Casma, Edwin Ramos, por la fuga de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz (La Libertad). Durante una conferencia de prensa, el alto mando policial cuestionó duramente el proceder del representante del Ministerio Público, señalando “intereses particulares” en su manejo del caso.
Ramírez sostuvo que el fiscal actuó con negligencia al no solicitar una orden de captura nacional contra “Cuchillo”, pese a tener antecedentes del caso desde 2023:
- Liberación express: Criticó que Ramos dejara en libertad al sospechoso en menos de 48 horas en 2023, bajo el argumento de que “el arma estaba con la aguja malograda”.
- Presencia inusual: Cuestionó que el fiscal insistiera en participar personalmente en pericias balísticas, algo que “nunca se ha visto”, según el general.
- Contradicciones en tiempos: Desmintió la versión del fiscal de que la PNP lo notificó 4 horas tarde, mostrando registros que comprueban que se le avisó a las 2:40 p.m. para una intervención realizada a las 3:40 p.m.
“¿Cómo un fiscal se preocupa tanto por liberar un delincuente? (…) Lamentamos que este señor haya salido del país por culpa de él”, declaró Ramírez, enfatizando que la fuga pudo evitarse con una investigación oportuna.
Caso que conmocionó al Perú
El 14 de abril de 2025, 13 trabajadores de la minera Poderosa fueron secuestrados y ejecutados por una banda vinculada a la minería ilegal en Pataz. “Cuchillo”, identificado como cabecilla del grupo, había sido detenido previamente en 2023 por posesión ilegal de armas, pero fue liberado rápidamente. Ahora, se encuentra prófugo, presuntamente en Ecuador o Colombia, según inteligencia policial.
El fiscal Ramos no se había pronunciado sobre las acusaciones. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indican que la Fiscalía de La Libertad prepara un informe para defender su actuación, alegando que:
- La PNP no proporcionó pruebas contundentes en 2023 para mantener detenido a “Cuchillo”.
- La orden de captura internacional se emitió tan pronto como se confirmó su vinculación con la masacre.
Implicancias y demandas de justicia
El caso ha reavivado el debate sobre la coordinación entre Policía y Fiscalía en la lucha contra el crimen organizado:
- Familiares de las víctimas exigen sanciones para los responsables de la fuga.
- Gremios mineros piden mayor presencia militar en zonas de conflicto.
- Analistas jurídicos señalan que este tipo de fallos reflejan “vacíos en el sistema de justicia que favorecen la impunidad”.
¿Qué sigue?
La Defensoría de la PNP anunció que presentará una queña formal contra el fiscal Ramos ante la Junta de Fiscales Superiores, mientras la Interpol continúa la búsqueda de “Cuchillo”. Mientras tanto, el Gobierno evalúa declarar en emergencia el corredor minero de Pataz, donde la violencia por minería ilegal ha dejado más de 50 muertos en lo que va del año.
“Esto no puede quedar impune. La sangre de nuestros compañeros clama justicia”, declaró un representante de los trabajadores mineros, en un mensaje que resume el clamor nacional por soluciones concretas.