Por Augusto Cauti B. *
Mientras las empresas buscan profundizar y/o apuntalar sus mayores esfuerzos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y/o en la implementación de estándares ESG, se espera del Estado un apoyo decidido en solucionar conflictos.
El 2023 fue particularmente complejo para la economía peruana debido a factores externos (aumento de inflación, bajo crecimiento de China y guerras de Rusia en Ucrania y en la franja de Gaza), aunque también internos (disturbios, invasiones y bloqueos al inicio del año pasado, incertidumbre política, aumento de inseguridad con actividades ilegales). En diciembre se sumaron disputas entre poderes del Estado y nuevos supuestos casos de corrupción.
En este escenario, las cifras del sector minero peruano relativas a producción, exportaciones, empleo y recaudación fiscal han sido positivas en comparación con el año anterior. Sin embargo, los avances para incrementar inversiones mineras ante la creciente demanda mundial por varios metales (cobre, litio, níquel, cobalto, entre otros) y lograr el desarrollo sostenible del sector minero en un entorno global positivo por el crecimiento de la demanda futura, han resultado casi nulos.
En el balance del 2023, según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la actividad minera continúa representando casi el 10 % del PBI nacional y explicando cerca del 60 % de las exportaciones totales. Asimismo, el cobre mantuvo un crecimiento interanual a noviembre de 2023 del 10.9 %, con el primer año de operaciones completas de la nueva mina Quellaveco. Además, se presentaron aumentos en la producción nacional de oro, zinc, plomo, hierro y molibdeno.
Así, durante el 2023, los recursos generados por la minería formal que se transfieren a las regiones, incluyendo canon minero, regalías mineras legales y contractuales, y derechos de vigencia y penalidades, han superado los 7,000 millones de soles y la recaudación fiscal también fue positiva.
Otro aspecto positivo será que las exportaciones nacionales podrán mantenerse altas por tercer año consecutivo, situándose por encima de los 60 mil millones de dólares con el sector minero como mayor aportante con más de 38 mil millones de dólares (11.7 % más que el 2022). Las perspectivas para el 2024 se deberían mantener tanto por el aumento de producción, como por los vaivenes de precios de los metales producidos en el país (cobre y oro); con lo cual la macroeconomía peruana se beneficia con ese importante ingreso de divisas. En el caso del empleo minero, en la medida que se destrabe o agilice el inicio de nuevos proyectos o de ampliación/expansión, los números podrán ser más positivos de lo que fueron el 2023.
El gran “Talón de Aquiles” en el Perú sigue siendo para este 2024 transformar dichos recursos en mejoras tangibles para la vida, el bienestar y el desarrollo humano de las sus comunidades, especialmente de aquellas más vulnerables en zonas remotas y aledañas a zonas donde se realizan actividades mineras.
Asimismo, la inversión minera continúa con una tendencia decreciente, que se estima se prolongue este 2024. Al cierre del 2023, cayó en 14.1 % respecto al 2022, lo que constituye la cifra más baja en los últimos ocho años, salvo por tiempos de pandemia. De acuerdo a data del MINEM, el único proyecto minero nuevo en construcción actualmente es San Gabriel (Moquegua), que se viene implementando (estudios y permisos) hace unos años atrás. Las perspectivas para los nuevos proyectos mineros no son auspiciosas, porque no se efectuaron medidas o cambios normativos relevantes para simplificar procedimientos, mejorar los retrasos en entrega de permisos/licencias/aprobaciones, ni para gestionar adecuadamente los conflictos sociales latentes. En tal sentido, se esperaría que este 2024 sólo inicien proyectos con montos de inversión menores, como es el caso de Yumpag (81 millones de dólares) o Romina (150 millones de dólares).
El 2024 no se prevé que sea alentador en cuanto a inversiones en el sector minero a pesar que Perú cuenta con una gran cartera de proyectos (46 por más de 53 mil millones de dólares en total). Así, proyectos mineros con permisos obtenidos o en fase muy avanzada como Yanacocha Sulfuros (US$2,250 millones), Zafranal (US$1,300 millones), Magistral (US$490 millones), Corani y Romina (US$680 millones), expansión Antamina (US$1,600 millones), Tía María (US$1,500 millones), Pampa del Pongo (US$1,800 millones), Inmaculada (US$1,300 millones), seguirán padeciendo su pronto inicio. Y mientras las empresas buscan profundizar y/o apuntalar sus mayores esfuerzos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y/o en la implementación de estándares ESG, se espera del Estado un apoyo decidido en solucionar conflictos, destrabar proyectos, agilizar permisos en trámite y simplificar la “permisología” requerida.
Posiblemente subsista la falta de visión por las autoridades en lo vinculado con el proceso de formalización minera en tiempos de buenos precios del oro -para quienes se dedican a su extracción-, y con la minería ilegal donde se estima que cerca de 6,000 millones de dólares o el 2.5% del PBI peruano serían los costos directos/indirectos anuales generados por ella (principal actividad ilícita en el Perú), según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Finalmente, quedará por resolver la incertidumbre política, la lucha contra la minería ilegal, y el crítico problema que atañe al uso eficiente de los recursos generados por la minería por parte de los gobiernos subnacionales principalmente, para ejecutar obras públicas y brindar servicios sociales que permitan mejorar la calidad de vida de la población.
* Abogado – Consultor Internacional en Desarrollo de Negocios, exviceministro de Minas de Perú.