Cambio. Los expedientes judiciales abiertos contra Gregorio Santos y otros dirigentes también serán derivados a esa región.
Los 25 procesos judiciales relacionados al conflicto minero Conga – los que son resueltos en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque- serán remitidos a Cajamarca para que en esa jurisdicción sean investigados y resueltos, informó el abogado Wilfrefo Chero Villegas.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidió el viernes pasado que los casos sean derivados a esa región, en base al artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que indica que «ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación».
Estos casos están relacionados a delitos contra la tranquilidad pública, usurpasión, asociación ilícita para dilinquir, entre otros.
«Todos los delitos son similares, relacionados principalmente a las marchas y protestas contra el proyecto minero Conga, realizadas en Cajamarca, Celendín, Hualgayoc, Huasmin y en las lagunas Perol y Conga», indicó Chero.
Afectaba procesos
La disposición de la sala evitará que posibles detenidos en Cajamarca y las personas que ya son investigadas, sean procesadas en Chiclayo. En su momento esa situación fue criticada por Chero, quien asegura que el traslado de investigados a Chiclayo afectaba el debido proceso y el principio de juez natural.
«La decisión ha sido definitiva y marca un precente, pues siempre existió la disputa de en dónde resolver los casos, en Cajamarca o en Lambayeque», refirió el abogado.
Los procesos anteriores como los que afronta el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos, el rondero Manuel Ramos, o el dirigente campesino Eddy Benavides, también serán remitidos a esa jurisdicción.
CLAVE
Wilfredo Chero también informó que el Estado no cumplió con brindar seguridad a los dirigentes campesinos ni emitió el informe sobre estas medidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo estableción en la resolución emitida el 5 de mayo.
La República Norte
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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