Augusto Cauti

Por: Augusto Cauti (Exviceministro de Minas) 

Como otras plazas mineras y demás actividades económicas, la minería peruana no estuvo, ni está exenta de los impactos generados por la pandemia del covid-19.

Así, tras las limitaciones propias del país en términos de infraestructura sanitaria (médica y no médica) y del mismo sistema de salud, el sector sufre también los embates de las variaciones de cotizaciones de los metales, la disponibilidad del personal, las restricciones de traslados -nacionales e internacionales-, la provisión adecuada de insumos -locales o del exterior-, un mayor gasto en implementar protocolos y una conflictividad social acentuada en ciertos lugares ante los mayores reclamos por las poblaciones ante necesidades humanitarias acrecentadas por esta situación de emergencia nacional.

Dentro de esta coyuntura, las actividades mineras formales y responsables reúnen características y particularidades que les permiten seguir contribuyendo con el país en esta contención de la enfermedad que seguimos y, sin duda, en la recuperación de nuestra golpeada economía nacional.

En efecto, se trata de actividades que: (i) se desarrollan mayormente en lugares alejados de centros urbanos y dentro de espacios confinados; (ii) mantienen una cultura de seguridad adquirida tras años de trabajo bajo altos estándares, así como amplia regulación y fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo; (iii) laboran con regímenes especiales que abarcan días aislados en las unidades mineras antes de regresara sus domicilios habituales; (iv) cuentan con capacidades de gerenciamiento y logística para lograr una rápida y mejor adecuación e implementación de protocolos y planes para proteger a sus colaboradores y a las poblaciones de sus entorno?; (v) aportan significativamente a la economía del país en divisas, impuestos, transferencias, utilizando un área total aproximada equivalente al 1% del territorio nacional y sin movilizar diariamente gran número de personas; (vi) sostienen postas, personal especializado, ambulancias, entre otras facilidades para la salud; (vii) gozan de mayor disponibilidad tecnológica y automatización, que permite una mayor productividad y mejores resultados, sin necesidad de exponer mayores números de personas a contagios; y (vii) cuentan con una cadena de proveedores acostumbrada a trabajar con estándares similares a los de las unidades mineras en las que prestan o a las que brindan servicios o proveen maquinarias y equipos.

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Si revisamos las cifras del sector minero desde que aterrizó el covid-19 en el Perú (a inicios de marzo pasado), existen datos que demuestran que, en forma progresiva, gradual y segura, con un manejo responsable de medidas de seguridad y protocolos para prevenir y responder ante la pandemia, el sector minero, principalmente el de operaciones, se ha reactivado en beneficio del país y del encadenamiento que activa indirectamente, más el consumo que todo ello genera. Todo esto es muy significativo para la economía nacional, pues constituye una fuente importante de inversiones e ingresos, que generan empleo, proveen recursos para el tesoro nacional, generan divisas para la economía, transfieren importantes sumas a los gobiernos subnacionales para que puedan cerrar brechas y a las empresas para que implementen programas sociales en sus zonas de influencia y más allá.

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Esta reactivación minera se dio en tres fases dentro del plan de reactivación económica nacional, iniciándose en el mes de mayo último. La primera fase incluyó al estrato de gran escala con más de 40 titulares, que genera más de 110,000 empleos y representa más del 80% del PBI minero metálico del 2019, habilitándose también los proyectos en construcción declarados de interés nacional que involucran un mayor número de puestos de trabajo y una gran dinamización económica con el encadenamiento que reactiva (Quellaveco, Mina Justa y Ampliación Toromocho). En una segunda, se reactivó a los estratos de la mediana minería, la pequeña minería y minería artesanal formalizadas, así como actividades de exploraciones, con lo que se reanudó cerca del 95% del referido PBI minero.

Finalmente, en una tercera, se incorporaron las demás actividades mineras que no fueron consideradas en las fases anteriores, incluyendo aquel en vías de formalización. Con los resultados divulgados a julio de 2020 por el Minem, vimos una efectiva reactivación del sector ya que, por ejemplo, las exportaciones de nuestros principales tres metales crecieron respecto del mes anterior (cobre en 31%, oro en 86% y zinc en 136%); se obtuvo un incremento relevante en la producción de cobre, hierro, estaño y molibdeno; y se creció en empleo por segundo mes consecutivo llegando a cerca de 160,000 puestos.

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A su vez, las inversiones mineras alcanzaron un segundo mes consecutivo de crecimiento y las transferencias a los gobiernos subnacionales registran cifras positivas durante ese período. No menos importante resulta visualizar el consumo de electricidad de los principales usuarios mineros, apreciándose que, al mes de agosto, están tomando energía a niveles similares de prepandemia y, en el caso del cobre, ese consumo se ubicó solo 0.4% debajo del registrado en el comparativo con el 2019.

Por lo tanto, sí podemos afirmar que el sector minero, principalmente de operaciones, se encuentra reactivado y el reto ahora consiste en sostener la reactivación -que vendrá con vaivenes e incertidumbres- con las fortalezas y resiliencia demostradas por el sector y enfocarse más en la recuperación nacional, sea con lo dejado de producir o con nueva producción, ante el fuerte golpe que tendrá la economía nacional por el paso del covid-19.

Los mayores retos y desafíos de lo que viene en el desarrollo minero en el Perú en estos tiempos pasan por: aumentos en costos operativos; dificultades para la implementación de medidas de seguridad y protocolos de salud; posibles paradas o suspensiones de operaciones; eventuales caídas de producción; menor disponibilidad de personal ante contagios y/o por restricciones de traslado o inmovilizaciones; incremento de conflictividad por problemas o carencias sanitarias en zonas aledañas a las operaciones; y/o capacidades para transformación digital o tecnológica ante nuevas formas de trabajo.

Fuente: Gestión